Gerente de Uber Costa Rica: 'El Gobierno no debe regularnos igual que a los taxis'

Representantes de la empresa esperan mayor apertura del Ejecutivo bajo el mando de Carlos Alvarado

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Uber está dispuesto a negociar con el Gobierno una regulación para sus servicios en Costa Rica, eso sí, no puede ser una normativa igual a la que se aplica para los taxis porque, a criterio de la empresa estadounidense, se trata de modalidades diferentes.

Los taxis son un servicio de transporte público, mientras que los viajes que ofrecen los conductores socios de Uber son contratos privados entre dos personas bajo el creciente sistema de economía colaborativa, también plasmado en negocios como Airbnb y Uber Eats.

Andrés Echandi, gerente general de Uber Costa Rica, conversó este martes con EF y aseguró que están "felices" de acercarse al nuevo Gobierno para buscar una regulación, ya que durante el mandato de Luis Guillermo Solís, no hubo apertura para conseguirlo.

"Estamos muy a favor de una regulación. Nosotros estamos legalmente constituidos en Costa Rica, cumplimos con todos nuestros deberes como compañía", aseguró Echandi.

Uber empezó operaciones en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 y a pocas semanas de cumplir los tres años en el país, ya cuentan con 21.000 conductores y 800.000 usuarios que contratan servicios de transporte mediante la app.

A criterio de la firma estadounidense con sede en San Francisco, Estados Unidos y que empezó a operar en 2009, el Gobierno debe crear una regulación completamente diferente a la que rige para los taxis.

"Hay que hacer una gran diferenciación entre el modelo de Uber, en el cual una persona que tiene un bien privado, que es un bien que está subutilizado como el vehículo se contrata con otra persona que necesita un viaje y lo único que hace la plataforma es hacer una conexión entre ellas. La plataforma como tal no presta el servicio y son los socios quienes lo hacen. No se puede pretender regular una plataforma tecnológica de la misma manera que se hace con un servicio de transporte público", comentó Echandi.

De acuerdo con datos de Uber, la empresa opera en 600 ciudades en el mundo y en la actualidad es regulada por 132 normativas diferentes.

En América Latina hay casos como México, Brasil, Puerto Rico y Bolivia donde se aprobaron regulaciones diferentes para los servicios de transporte que ofrecen los conductores de Uber en comparación con las normas para los taxis.

Guiño al Gobierno

Uber recalcó que durante el gobierno de Luis Guillermo Solís no hubo interés ni apertura para negociar una regulación en el país, pero esperan concertar una reunión con funcionarios del nuevo Gabinete en las próximas semanas.

"Yo creo que el presidente Carlos Alvarado es una persona joven y moderna que entiende las necesidades de los costarricense en verdad y estamos hablando de una población de 800.000 personas en la GAM que utilizan la plataforma. Yo creo que lo que debe pensar el Presidente es en que debe darse coexistencia de los diferentes modelos", comentó Echandi.

El Gerente de Uber Costa Rica le hace un guiño al nuevo Gobierno apenas una semana después de que el Ejecutivo firmara un acuerdo con los taxistas para suspender las manifestaciones en las calles del país.

Los taxistas pedían al Gobierno tomar acciones en contra de Uber.

Entre los acuerdos suscritos por el Ejecutivo y los taxistas destaca "intensificar" los controles de tránsito contra Uber, revisar el estatus legal del Centro de Excelencia que opera la empresa estadunidense en el país y pronunciarse en 45 días sobre una solicitud para que la app cese sus operaciones en Costa Rica.

El presidente Carlos Alvarado ya había enviado mensajes sobre este tema en la campaña política. En un video publicado hace seis meses en su página de Facebook, el ahora mandatario señaló que "el Gobierno lo que tiene que hacer es respetar la Ley vigente en materia de transporte público".

La posición expresada por Alvarado al calor de la campaña electoral se trasladó a la agenda política de su Gobierno. El pasado martes 3 de julio, tras una serie de manifestaciones de los taxistas en contra de Uber, Casa Presidencial marcó la ruta para construir una regulación para los servicios de transporte que se ofrecen bajo el formato de economía colaborativa.

El único antecedente que pretende regular los servicios de la movilidad colaborativa es el proyecto de ley presentado, el 28 de setiembre del 2016, por Franklin Corella, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC). Este expediente está en trámite en el Congreso, pero no es una prioridad en la agenda.