El Gobierno se prepara para iniciar una ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con miras a obtener un Stand-by Arrangement (SBA) que le permita financiarse, al tiempo que se ponen en marcha una serie de cambios estructurales.
Antes de iniciar con la búsqueda de este crédito, el Poder Ejecutivo necesita que los diputados aprueben pronto el préstamo por $508 millones enviado la tarde de este miércoles al Congreso.
Se trata de una instrumento de financiamiento rápido (RFI, por sus siglas en inglés) que le confiere al país el mismo monto que capitalizó ante la entidad internacional en los últimos años. Ese dinero se dirigirá a la atención de la emergencia sanitaria, el gasto regular del Estado y la deuda pública.
En entrevista con EF, la mañana de este miércoles, Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico; Elián Villegas, ministro de Hacienda y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) detallaron las intenciones del Gobierno.
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Esperan la pronta aprobación del préstamo por $508 millones en la Asamblea Legislativa porque esa es la “llave” para avanzar hacia el acuerdo de Stand-by. Así lo comentó Garrido.
Las negociaciones con el Fondo Monetario arrancarán en unas semanas para empezar a valorar algunas metas que Costa Rica debe ponerse para acceder al SBA.
“El FMI, en estos casos, da absoluta apertura al país para que plantee medidas de diferente naturaleza y tendremos que decidirlas. El Gobierno de la República, en vista de la situación y en vista de la viabilidad política, valorará diferentes medidas, pero también el Fondo enfatiza mucho en las medidas estructurales, las de crecimiento económico”, explicó Cubero.
Una ruta compleja
Las proyecciones para Costa Rica no son buenas. La economía se contraerá 3,6% este año, el déficit fiscal alcanzaría un 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda rozará el 67% de la producción.
A estas estimaciones nada halagadoras se suman algunas señales adversas enviadas por el país a los mercados, como el levantamiento de la regla fiscal a las municipalidad y la dimisión del exministro Rodrigo Chaves. Todo esto redundó en una perspectiva negativa para la calificación de riesgo nacional otorgada por Moody’s.
No se puede olvidar que el sorpresivo déficit financiero del 7%, alcanzado al cierre del 2019, impulsó una degradación en la nota de riesgo de Costa Rica por parte de Moody’s y Fitch Ratings.
El escenario de salir a los mercados internacionales a buscar financiamiento con eurobonos está casi descartado para 2020 y 2021 por el alto precio que tendrían estos títulos.
Las opciones para obtener recursos que permitan cerrar el año de la pandemia y enfrentar un adverso 2021, al menos las únicas que valora el Ejecutivo, son la búsqueda de créditos internacionales y la renegociación de la deuda interna.
En ese plan, y el acuerdo de Stand-by con el FMI es el siguiente paso para conseguir dinero.
Un SBA es un programa económico del FMI en el cual se le confiere ayuda financiera a un estado, generalmente en el marco de una crisis. A cambio de ese auxilio, el país y el organismo internacional definen una serie de metas y medidas que permitan devolver la estabilidad económica a la nación.
Generalmente los desembolsos están ligados al cumplimiento de metas puntuales que requieren transformaciones sobre problemas estructurales. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se podría plantear un recorte de una magnitud determinado en los gastos del Gobierno o bien una reducción de la deuda pública.
Los SBA se negocian durante varios meses y se aplican por plazos de entre tres y cinco años, en los cuales el Fondo gira recursos para cumplir objetivos que generalmente se aplican en dos áreas: las condiciones cuantitativas y las medidas estructurales.
Para Elián Villegas es importante continuar por la senda de buscar préstamos internacionales que ayuden a aliviar la carga de los intereses de la deuda pública al mismo tiempo que se pone en marcha un plan de renegociación en el mercado interno.
“El tema del SBA con el Fondo no hay que verlo a tan largo plazo. Es importante contar con el apoyo del FMI, esto viene a validar la política fiscal que llevamos adelante y para efecto de los mercados internacionales también es un soporte importante. Nos va a ayudar con la calificación de riesgo”, apuntó.
El mercado doméstico
Una las primeras ideas que propuso el nuevo ministro de Hacienda es abrir una serie de conversaciones con los inversionistas institucionales del país para plantear cambios sobre los plazos y tasas de deuda que se coloca en el mercado doméstico.
Villegas encomendará la tarea al Isaac Castro, quien recién se incorporó como viceministro de Hacienda. Ambos se acercarán durante los próximos cuatro meses a las operadoras de pensiones complementarias (OPC), a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a los fondos de inversión, al Instituto Nacional de Seguros (INS) y otras entidades tenedoras de bonos de Hacienda.
Llama la atención que la mayoría de contactos se darán primordialmente con inversionistas institucionales del sector público que invierten en la deuda gubernamental.
“Este proceso de gestión de la deuda interna debe abarcar no solo vencimientos de este año, sino también del 2021. Si lo logramos, podremos tener condiciones más favorables para el próximo año”, añadió el ministro.
Aunque todavía no tiene una meta o cifra puntual que espera obtener en la renegociación de la deuda interna, considera que debería darse una reducción “sustancial” de las obligaciones para 2021.
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“Es mejor para todos los inversionistas tener una tasa de interés más baja con un producto al que comercialmente se le pueda brindar más seguridad y mayor liquidez, antes que tener un producto con una tasa alta que va a tener que guardar casi obligatoriamente en la bodega de títulos hasta su vencimiento”, zanjó Villegas.
La convicción del ministro sobre esta renegociación radica en que Hacienda es el “gran proveedor” de bonos y considera que el sistema de valores costarricense es básicamente un mercado de deuda pública, lo que le confiere un rol protagónico al Gobierno para dictar las condiciones.
¿Otras alternativas?
El equipo económico descarta tomar medidas relacionadas con aumentar o reducir la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al igual que cualquier recorte directo en los salarios de los empleados públicos. Esos temas, según Villegas, son los últimos elementos de la lista.
El ministro entrante planea hacer una re-revisión del gasto público para buscar rubros en los que se puedan ejecutar recortes más “significativos” en comparación con las reasignaciones incorporadas en los dos presupuestos extraordinarios tramitados ante el Congreso.
No puntualizó en ninguna partida específica, pero descartó reducir sueldos de funcionarios estatales o recortar la planilla porque considera que estas opciones podrían dejar a muchas personas sin ingresos y afectar al sistema financiero nacional.
Las alternativas serán la búsqueda de más deuda por medio de empréstitos internacionales y colocaciones en un estrujado mercado interno. Mientras el país y el mundo enfrentan un shock de oferta y demanda sin precedentes que impide a las personas acceder a crédito, la principal apuesta del Gobierno para reactivar la economía en tiempos de coronavirus.