El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó un decreto que permitirá al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comprar energía a generadores privados con concesión de servicio público vigente que han estado sin contrato.
Así lo comunicó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) este viernes 14 de octubre mediante un comunicado de prensa, aunque el decreto se publicó en el diario oficial La Gaceta el pasado 29 de setiembre bajo el número 43700-Minae.
La intención del Gobierno es poder exportar excedentes nacionales al mercado eléctrico regional con el fin de bajar las precios en Costa Rica, pues se posibilita la compra de energía con tarifas más competitivas que utilizando las fuentes térmicas del ICE, según manifestó el presidente de esa entidad, Marco Acuña.
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“Con esta firma dinamizamos la economía en las zonas donde operarán las plantas generadoras privadas que se reactivarán luego de años de estar con la llave cerrada”, comentó Chaves.
Asimismo, el Ejecutivo quiere asegurar que la generación eléctrica para el verano que se aproxima sea completamente limpia y renovable.
La Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) valoró positivamente la posición de las autoridades de contar con la generación privada para satisfacer la demanda del verano que catalogaron como “desafiante”.
“Es muy importante que el país logre su seguridad energética, y eso pasa por considerar todas las fuentes eléctricas existentes, en particular las plantas con energía limpia y barata que se han desconectado”, aseguró Mario Alvarado, director ejecutivo de Acope, ante consulta de EF.
Asimismo, Alvarado pidió al Ejecutivo habilitar la posibilidad de colocar la energía en otras distribuidoras distintas al ICE y la exportación al mercado regional centroamericano con el fin de evitar el desperdicio y mantener el empleo en sus zonas respectivas.
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Desconectadas
El ICE decidió en 2020 no renovar la compra de energía a las plantas privadas cuyos contratos vencieran entre 2020 y 2024, decisión que plasmó en el Plan de Expansión de la Generación (PEG) para el periodo 2020-2035, un documento que se actualiza cada dos años y es la guía para la planificación de la producción de energía a mediano y largo plazo.
Eso comprometió el futuro de 13 plantas, siete que ya fueron desconectadas. Cuatro más terminaban contrato este año, a las que se suman dos en 2023 y una más en 2024.
Acope expresó en ese momento su malestar ante esa decisión, pues implicaba mantener activos y personal sin ingresos.
“Hay que hacer valoraciones para ver si al sistema y al país le conviene en términos técnicos y económicos la recontratación”, comentó hace un año a EF Kenneth Lobo, director de Planificación y Sostenibilidad del ICE.
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Lobo manifestó que en el 2025, en función del comportamiento de la demanda, se podrían recontratar esas plantas tras una negociación. Sin embargo, el decreto del Gobierno adelantó ese panorama.
Algunas plantas, sin embargo, ya habían encontrado medios alternativos para subsistir, como reconvertirse en centros de minado de criptomonedas.