El nuevo gobierno del presidente Rodrigo Chaves daría continuidad a la política de endeudamiento externo de la administración anterior. El Ministerio de Hacienda no solo respalda la solicitud de autorización que dejó el gobierno pasado en el Congreso para la emitir $6.000 millones en títulos de deuda externa, popularmente conocidos como eurobonos; sino que además reconoce su deseo de impulsar al menos nueve operaciones crediticias con organismos multilaterales en el próximo bienio.
Ocho de esos créditos implicarían una suma de $1.610,8 millones, según mencionó Hacienda en una respuesta (oficio DM-1040-2022) a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN); y a ellos habría que sumar un nuevo financiamiento por $700 millones que, según indicó el vicepresidente Stephan Brunner al periódico La Nación, ya se busca conseguir a través de un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, la búsqueda del mercado externo de deuda es para dar un manejo más eficiente a la deuda pública, “disminuir su costo y el peso que tiene en el gasto”. El Ejecutivo pretende pagar menos dinero en intereses de los que pagaría en el mercado interno y desplazar las amortizaciones del financiamiento a un más largo plazo que el actual.
Las obligaciones del servicio de la deuda para Costa Rica en los próximos 30 años corresponden a ¢37,3 billones, según los registros del gobierno al cierre de mayo. Pero casi la mitad de esos pagos de principales e intereses deben cancelarse en los próximos cinco años, por lo que el gobierno quiere seguir accediendo al mercado externo.
Róger Madrigal, presidente del Banco Central (BCCR), considera que esa es la ruta correcta. Él, que fue economista jefe de la autoridad monetaria por más de una década (incluido el cuatrienio pasado), piensa que el país ya avanzó con la aprobación de nuevos impuestos y en restricciones de gasto en los últimos años; pero que ahora la estabilidad de las finanzas públicas requiere también de continuar con un manejo menos asfixiante del endeudamiento.
Los créditos
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió en el Congreso la propuesta que dejó la administración anterior para emitir $6.000 millones en títulos de deuda en el mercado externo (eurobonos) durante los próximos seis años.
Esa colocación incluye también el permiso de refinanciar el repago de las operaciones en el mercado externo tan pronto se venzan los primeros títulos que se emitan; es decir, colocar hasta otros $6.000 millones de ser necesario en el plazo que se establezca para cada vencimiento.
La autorización además plantea abrir la oportunidad para que el gobierno suscriba líneas de crédito ‘exprés’ por hasta $500 millones, cada año, con entidades nacionales o internacionales. El objetivo de ello, indica el texto, es tener una herramienta más versátil, como las que aplican diversas empresas en su giro de negocio, para enfrentar cualquier eventual presión por liquidez.
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A ese megaproyecto se suman los créditos con entidades multilaterales. Solo para este año, Nogui Acosta le respondió a la diputada Ramírez que el Poder Ejecutivo se plantea la meta de estructurar y presentar tres operaciones por $355,4 millones. Se trata de operaciones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, están en etapa de negociación y estructuración varios créditos para 2023, que también incluyen contratos con el Banco Mundial; además del empréstito recién anunciado por el vicepresidente Brunner con el FMI.
El ministro de Hacienda Acosta subrayó en su respuesta a la diputada liberacionista que disponer de este tipo de préstamos “le ha permitido al Gobierno contar con recursos de libre disponibilidad y en condiciones financieras favorables”, razón por la cual es de interés del nuevo gobierno “continuar impulsando su negociación y contratación”.
Todos esos contratos de préstamos tendrían que ser aprobados por al menos 38 diputados. Así manda la Constitución Política para este tipo de operaciones.
Además de todos esos recursos, se deben sumar los desembolsos ya aprobados pero que todavía restan por ingresar a las arcas estatales, por concepto del acuerdo con el propio Fondo Monetario. Ellos están sujetos a que el país cumpla con las evaluaciones del organismo e implicarían ingresos adicionales por más de $1.000 millones en los próximos dos años.
Necesidades sustanciales
Si se analizan las obligaciones de Costa Rica relacionadas con su servicio de la deuda de los próximos 30 años, se puede observar que el país requerirá pagar el 48% de sus amortizaciones, intereses y demás cargas relacionadas con su crédito público en los próximos cinco años. Según indicó el ministro Acosta en una reciente audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, este 31 de mayo, es por eso que parece conveniente continuar acudiendo al mercado externo.
Los créditos internacionales no solo permiten acceder a tasas usualmente menores que las del mercado nacional (bancos, empresas, instituciones públicas y similares), sino que además suelen implicar la negociación de plazos de pago más amplios, que permiten una gestión de la deuda menos concentrada en el corto plazo.
El gobierno tiene necesidades de financiamiento estimadas del 9,8% de su producción en 2022 y de 10,1% en 2023, incluido el repago de una vieja colocación de eurobonos por $1.000 millones el 26 de enero próximo, y el deseo del Ejecutivo es llenar una mitad de esos requerimientos con nuevo crédito internacional, a más largo plazo.
El monto de las necesidades de endeudamiento de este 2022 es inferior que el de los últimos dos años y se espera que decaiga “sensiblemente” a partir de 2027, según Acosta; pero por ahora sigue siendo muy alto. Para poner la cifra en contexto, el monto del año en curso es superior a todo el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Poder Judicial juntos.
En línea con el discurso de los ministros de Hacienda de la última administración, Nogui Acosta dijo a los diputados que los prestamistas del mercado interno costarricense tienen un amplio margen de negociación y que eso usualmente se traduce en una especie de círculo vicioso, en el que el Gobierno debe acudir siempre a los mismos actores para pagar montos muy similares de deuda en plazos muy cortos y que presionan de más al Presupuesto Nacional.
“Si nosotros nos quedamos en el mercado local, los plazos (de vencimiento) se van a ir moviendo, pero cada cuatro años. Eso significa que el Gobierno nunca va a tener capacidad de hacer esa gestión más eficiente de la deuda, porque solo va a estar muy enfocado en hacer los pagos en un corto plazo”, explicó el jerarca, que fue viceministro de Hacienda en el inicio de la administración anterior.
Róger Madrigal, presidente del BCCR, aseguró que el crédito externo es una buena medida cuando le permite al país gastar lo mismo que debería gastar de cualquier otra manera, pero “a un menor costo”. Sus palabras en ese sentido son las mismas que las de Rodrigo Cubero, su predecesor en el cargo en el cuatrienio pasado.
Sobre el proyecto de títulos de deuda externa, dijo a los diputados de Asuntos Económicos que también ayudarían a alimentar las reservas internacionales de la autoridad monetaria.
“¿Esto va a ayudar las reservas?, sí; ¿va a ayudar para una mayor seguridad de que el banco va a contar con más dólares en caso de que tuviese que intervenir?, la respuesta es también sí. Uno diría que en buena hora (si se aprueba el proyecto) porque le aumenta el seguro, el blindaje financiero, al país”, subrayó.
Hacienda también destaca el impacto positivo de los créditos porque quitan presión a las tasas de interés interna y liberan recursos para el sector privado.
Todos estos recursos, además, tendrían que utilizarse quiera o no para sustituir deuda interna, más cara, por el financiamiento externo en mejores condiciones. Así lo obliga el artículo 13 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), el cual establece que el gobierno central no podrá suscribir préstamos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital cuando la deuda pública supere el 65% de la producción.