La administración Chaves Robles anunció su primer listado de proyectos de ley que se debatirán durante el periodo de sesiones extraordinarias, en el cual, el Poder Ejecutivo porta la batuta de la agenda a trabajar en la Asamblea Legislativa.

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz remitió el decreto ejecutivo No. 43.500-MP en el que se retiran todos los proyectos en la corriente legislativa convocados por el Poder Ejecutivo desde el 1°. de mayo, con excepción de ocho proyectos de ley.

Estos son:

• Reforma a la Ley General de Aduanas (22.364).
• Ley para la Promoción y el Fomento de Servicios de Turismo de Salud en Costa Rica (21.140).
• Reforma a los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales (21.182).
• Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible en beneficio del pueblo costarricense (21.531).
• Ley para derogar los Regímenes de Pensiones Complementarios Especiales (21.824).
• Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (22.470).
• Adición de un párrafo al artículo 33 de la Constitución Política, para reconocer como derecho humano la conectividad, las tecnologías de información y telecomunicaciones, “con acceso universal en todo el territorio nacional” (22.617).
• Ley del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves (22.827).

En horas de la mañana, el despacho de la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), había enviado un documento a la prensa con dos proyectos más convocados por el Gobierno.

No obstante, Esteban Vargas, de prensa del despacho, precisó que ambos proyectos se estarán incorporando en el transcurso de la tarde, pues se encuentran en revisión por parte del Poder Ejecutivo.

El primero, trata sobre la eliminación de la desconcentración de 15 órganos, donde se le devolvería al ministerio rector dichas competencias. El segundo, corresponde a una iniciativa de ley para combatir la corrupción. Este último fue prioridad del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) durante su campaña electoral.

El Poder Ejecutivo podrá cambiar, agregar o eliminar cualquier proyecto en cualquier momento de este periodo extraordinario. Además, los proyectos convocados se deberán discutir en las comisiones de Económicos, Hacendarios y Sociales, las cuales aún no están conformadas. Eso deberá ocurrir en los próximos días.

“En las Asambleas anteriores el Ejecutivo llegaba con muy pocas herramientas para dirigir la agenda legislativa. Hoy estamos hablando de un Poder Ejecutivo no solo va a asumir las riendas de este, sino también va a dirigir cuáles son los proyectos que el Congreso debe discutir”, había afirmado a EF la politóloga, Eugenia Aguirre.

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Los proyectos en revisión

En el caso de la eliminación de la figura de la desconcentración de 15 instituciones adscritas a los ministerios, según precisó el Gobierno, se simplificaría la estructura del Estado, se eliminarían duplicidades funcionales y se mejoraría la toma de decisiones del ministro sobre la totalidad de competencias ministeriales.

Los órganos que perderían su naturaleza de desconcentrados serían:

1. Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS).
2. Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA).
3. Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis).
4. Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS).
5. Auditoría General de Servicios de Salud.
6. Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem).
7. Junta Administrativa y Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
8. Órgano de Normalización Técnica.
9. Dirección General del Archivo Nacional.
10. Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático.
11. Casa de la Cultura de Puntarenas.
12. Parque Marino del Pacífico.
13. Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social.
14. Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC).
15. Comisión Costarricense de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, adscrita al Ministerio de Educación Pública).

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Por otra parte, el proyecto de ley de combate a la corrupción, al que bautizaron como “testigo de la corona y fortalecimiento de deber de denunciar”, adiciona el artículo 22 Código Procesal Penal (Ley 7594), con el fin de facilitar la persecución y sanción de los delitos relacionados con formas de corrupción que atentan contra la institucionalidad costarricense.

También, se agrega un párrafo al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (8422) para incluir como violaciones al deber de probidad de los funcionarios públicos, aquel que conociendo un hecho de corrupción lo oculta o no procede a denunciar.

Esta disposición se amplía además al sector privado, para establecer sanciones penales contra aquel que conociendo casos de corrupción que involucran al sector público, calla.

En su plan de gobierno, Chaves indicó que promovería mecanismos que insten y que faciliten la denuncia de irregularidades como el que ya existe en Estados Unidos, bajo la figura del whistleblower, o informante. Este incluye la posibilidad de otorgar recompensas.

Nota: Esta nota fue actualizada a las 12:11 m.d, con nueva información brindada por el Ministerio de la Presidencia.