La presidenta de la República, Laura Chinchilla, firmó la ley que extiende dos años más la fecha para desalojar a las familias que invaden la zona marítimo terrestre en el Caribe sur. El objetivo es que en estos dos años se logren aprobar las tres propuestas que regularizan la situación de estas personas, evitando el desalojo, y que fueron enviadas por el Gobierno a la Asamblea Legislativa.
La primera iniciativa es el proyecto de ley de Regularización de las Construcciones existentes en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), plan con el cual se pretende regular las construcciones en estas zonas y poner a derecho la situación de sus ocupantes.
Se establece además que las construcciones en la zona restringida de la ZMT -donde no se cuente con un Plan Regulador Costero vigente-, podrán permanecer hasta la aprobación de dicho plan, siempre que no impacten negativamente el ambiente. Una vez aprobado el Plan deberán ajustarse a dicha planificación.
Esta iniciativa es similar a la que ya existe en comisión legislativa llamada Territorios costeros marinos comunitarios, que da derechos históricos de permanencia a varias familias, pues sus hogares existen en esos lugares antes de la creación de la Ley de zona marítimo terrestre.
El segundo proyecto es la "Ley marco para la declaratoria de ciudades litorales y su régimen de uso y aprovechamiento territorial”, con la cual las localidades ubicadas en el litoral -que sean declaradas áreas urbanas y que cuenten con un plan regulador costero aprobado- puedan ser declaradas ciudades y tener un régimen de uso y aprovechamiento del territorio.
Estos dos proyectos fueron ingresados al plenario este martes por la diputada liberacionista Carolina Delgado.
La tercera iniciativa propuesta por el Gobierno es el proyecto de ley de Patrimonio Ecológico, cuya finalidad es replantear el concepto de Patrimonio Natural del Estado por Patrimonio Ecológico.
Primera solución fallida
Esta es la segunda carta del Gobierno para solucionar la problemática, pues el proyecto 18.207, que disminuía los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo para evitar el desalojo de varias familias, fue frenado por la Sala IV tras declararlo inconstitucional la semana pasada.
Estos proyectos surgen como una medida luego de que la Contraloría General de la República solicitó a la Municipalidad de Talamanca hacer un censo para determinar quiénes invaden la zona marítimo terrestre y desalojarlos a más tardar el 30 de noviembre del 2012; esta fecha ahora se extendió al 30 de noviembre de 2014.
Sin embargo, varios diputados y los mismos vecinos y organizaciones de la zona externaron su oposición desde el inicio, pues consideraron que el expediente 18.207 da pie a que se reduzca el tamaño en otras zonas protegidas con el objetivo de darle espacio a las construcciones y viola el derecho a un ambiente sano.