El Gobierno de la República le propuso a las universidades estatales un presupuesto de ¢430.136 millones para 2023, ¢128.000 millones inferior que el del año en curso; lo cual implicaría un recorte de hasta un 23% para las casas de enseñanza estatales sin contar el impacto de la inflación.
El presupuesto definido en 2021 para el año en curso fue de ¢558.198 millones para financiar a las cinco universidades: ¢522.822 millones a la la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED); más ¢35.376 millones para la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Dichos montos no contemplan, además, la inflación del último año, que alcanzó un 11,4% interanual este mes de julio.
El Poder Ejecutivo presentó su propuesta a los representantes universitarios este jueves, en la segunda mesa de discusión que desarrollan ambas partes en busca de un acuerdo. Las intenciones del Gobierno son un balde de agua fría para las casas de enseñanza, que más bien planteaban mantener su mismo presupuesto y ajustarlo únicamente por inflación para el próximo año.
La propuesta hecha por el Gobierno a las universidades la publicó el periódico La Nación, el cual publicó un extracto del documento de la misma.
Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la UNED, aseguró tras la reunión con el Gobierno que la propuesta del Ejecutivo no permitió alcanzar ningún acuerdo todavía. Según añadió, la representación universitaria analizará la propuesta del Gobierno y reaccionará oportunamente en la próxima reunión, pactada para el martes 16 de agosto, día en que se hará una contrapropuesta.
Indicación constitucional
Las rebajas al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) están vetadas por el artículo 85 de la Constitución Política. Este establece que “las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
No obstante, el Gobierno indicó en su primera propuesta a las universidades que “si no se hace un ajuste equitativo en la distribución del presupuesto del sector educación, el MEP (Ministerio de Educación Pública) se verá limitado para brindar servicios a los niños, niñas y jóvenes desde preescolar hasta secundaria, especialmente en los recursos de apoyo al estudiante, becas Avancemos, comedores estudiantiles, transporte estudiantil, becas postsecundaria y apoyos a personas estudiantes en condición de discapacidad, que benefician a cerca de 1,2 millones de alumnos, de los cuales un 50% están en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad”.
“Adicional a lo anterior”, indicó la representación gubernamental en el documento, “el MEP no podrá intervenir en la deteriorada infraestructura educativa actual, donde un 20% de los centros tiene una orden sanitaria y más del 30% cuenta con problemas de acceso a servicios básicos”.
Parte de las reformas que plantea el Gobierno es que se transfiera a las universidades un único grueso de recursos y no se asigne un monto específico a la UTN, como ocurre hasta ahora.
En un escenario ideal, el Poder Ejecutivo señaló considerar que debería otorgar ¢536.206,9 millones a la UCR, la UNA, el ITCR y la UNED; más ¢36.376,5 millones para la UTN y un incremento por la aplicación de la regla fiscal (que permite un crecimiento de 2,56%) de ¢37.307,8 millones.
Todo eso sumaría ¢572.620,7 millones. Sin embargo, la redacción presume recortes en la inversión para el sector educativo general, que buscan hacerse “proporcionalmente”, según el gobierno.
¿Cómo se divide el FEES?
El FEES alimenta en la actualidad en un 59% a la UCR, en un 23,5% a la UNA, en un 11,5% al ITCR y en un 6% a la UNED. La UTN recibe sus recursos por aparte.
Según el artículo 85 de la Constitución, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la entidad encargada de administrar los recursos y, cada mes, debe poner a disposición de los centros universitarios un un dozavo para las instituciones, “según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal”.
Las negociaciones del FEES se realizan entre las partes antes de la presentación del presupuesto nacional, el primer día de septiembre. De no llegar a un acuerdo, entonces la decisión final correspondería a la Asamblea Legislativa.
La Sala Constitucional ya declaró inconstitucional un recorte realizado por la Asamblea Legislativa al FEES en 2018, cuando se le restó una cifra mucho inferior, de ¢10.000 millones.
Tras las conversaciones de este jueves, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, aseguró que ambas partes seguirán conversando y buscarán “llegar al mejor acuerdo para la mejor situación del sector educación de Costa Rica”.