El Gobierno se enfrenta a una serie de nubarrones jurídicos, políticos y técnicos en su lucha contra Uber, una pugna que cumplió dos años este 21 de agosto.
La ausencia de un criterio explícito del Poder Judicial, los vacíos legales existentes y las discrepancias en la Asamblea Legislativa, han provocado que la actual administración se vea débil ante el paso de Uber, que ya conformó una fuerza laboral de 16.000 socios colaboradores en Costa Rica.
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Actualmente todavía hay especialistas que debaten la legalidad del servicio que brinda la plataforma. La aplicación se balancea entre la discusión sobre si es un servicio público, o privado, si realiza transporte remunerado de personas, o si es un “club autogestionario” entre colaboradores, y otras precisiones que el Poder Judicial todavía no aclara.
El mismo Poder Ejecutivo asegura que, incluso, un eventual pago de impuestos de la empresa no bastaría siquiera para conseguir la legalidad de servicio, ya que aún se requeriría de otras reformas a la leyes existentes.
El pulso tomó aún más fuerza cuando el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) le advirtió a los empresarios locales que debían interrumpir las promociones ligadas a Uber por tratarse de una firma declarada ilegal por el Gobierno.
Sin embargo, la misma cartera afirmó que su margen de acción se limita a la publicidad que esté ligada a la marca.
Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) –a través de la Policía de Tránsito– ha efectuado operativos para detener la actividad de los conductores de Uber, sin todavía lograr grandes frutos.
Además, desde el Poder Ejecutivo, las medidas parecieran insuficientes y, eventualmente, con poca durabilidad, pues los candidatos de los partidos tradicionales a la Presidencia están a favor del servicio que brindan Uber y otras empresas, siempre y cuando esté regulado.
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La realidad de Costa Rica no es lejana a lo que enfrentan otros países con esta misma plataforma, e incluso en ciudades de la región como la ciudad de México y San Salvador, donde el servicio es aceptado por cada gobierno.
Fuera del país, los conflictos para otras naciones son mayores, debido a la multitud de actores similares a la aplicación. Uber ha perdido la batalla legal en países como Bélgica u Holanda, pero sus principales fracasos han sido comerciales debido a la competencia. En China, Rusia y otros cinco países del occidente europeo la aplicación debió fusionarse con sus competidores.
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Uber y otras aplicaciones han obligado a gobiernos a tomar fuertes medidas, o a abrir paso a la regulación. Según datos de Uber, ya cuentan con el respaldo legal en 132 jurisdicciones en el mundo.
En este momento, en Costa Rica, Uber no tiene indicios de que el Gobierno le permita una pronta regulación, pero el Ejecutivo tampoco ha tomado acciones que le permitan sacarlo del mapa.
Las fuerzas del pulso
Uber ya cumplió dos años en Costa Rica y con su paso, 16.000 personas han encontrado una sombrilla económica.
Según datos de la firma, a enero del 2017, el 42% de los conductores en Costa Rica afirmaron que Uber es su única fuente de ingresos. Hoy, el grueso de la operación de Uber se basa en el 69% de los conductores que se encuentran en un rango de edad de entre los 25 y 45 años.
La plataforma asegura que brinda una oportunidad de empleo a un país con una tasa de desempleo del 8,5% según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El grupo también defiende su estatus legal. Humberto Pacheco, gerente de Uber en Costa Rica afirmó, desde la llegada de la aplicación al país, que la empresa opera con un panorama legal al amparo de la figura de “comunidades de autoabastecimiento.”
Esta figura, de la cual todavía no se tiene un fallo judicial concreto, se basa en una comunidad de miembros que fue creada para autogestionar sus necesidades específicas de movilidad.
El meollo de la situación radica en si Uber presta o no un servicio público. La posición de la firma es negativa, porque según ellos, para que una persona pueda solicitarlo, deberá contar con un teléfono inteligente, una tarjeta de crédito o débito y acceso a Internet, condiciones que hacen que exista un filtro de entrada, a diferencia de los taxis.
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El constitucionalista Fabián Volio aporta un criterio similar. “Si unas personas pactan un contrato privado para transportarse, sin que la integración de terceros sea aleatoria, es casi inexistente para el Estado, como muchos otros contratos. No tienen que ser revisados por ninguna autoridad gubernamental porque no son un servicio público”, afirma.
El constitucionalista Rubén Hernández disiente. “Jurídicamente Uber es un servicio público. La diferencia está en la modalidad de contratación. Pero, por más vueltas que le den, es un servicio público y como tal debería estar dotado de una concesión que otorga el Estado”.
De momento, Uber afirma respetar las decisiones de las autoridades, aunque todavía siguen operando con comodidad.
Andrés Echandi, gerente general de Uber América Central, añade que el Gobierno debería tomar en cuenta el derecho de más de medio millón de ciudadanos (aproximado de usuarios de la plataforma en el país), a elegir cómo movilizarse.
Las dudas
Mientras tanto, el Gobierno no ha acudido a ninguna medida directa contra Uber.
Geanina Dinarte, ministra de economía, señaló a EF “tener dificultades” desde el marco de legislación costarricense para poder emprender acciones legales contra la firma (debido a la aparente falta de una contraparte legal) y sostuvo que su ministerio solo se limitaría a vigilar la publicidad ligada al producto.
“El alcance del Ministerio de Economía versa únicamente sobre la publicidad”, dijo. “Estamos saliendo a hacer prevenciones y a alertar. El MEIC no ha salido a sancionar, sino a prevenir”.
Dinarte afirma que tienen dificultades de comunicación con Uber porque no hay una representación directa ni lugar de notificación. Empero, en agosto de 2015 la firma BLP Abogados (representante de la aplicación) declaró a La Nación que la plataforma opera en Costa Rica bajo la persona “Club de Colaboración para la Autosatisfacción de una Necesidad de Movilidad S. A.”. Ni Uber ni BLP confirmaron a EF si la sociedad sigue operando, pero en el Registro Nacional aparece como activa.
En caso de no seguir esta instrucción, se les abrirían procedimientos sancionatorios y multas de 10 a 40 veces de un salario base (actualmente ¢426.200).
El MEIC ampara su criterio sobre Uber en la sentencia 2971-2017 de la Sala Cuarta, la cual advierte que no juzga la constitucionalidad del servicio de Uber.
“Si bien es cierto, la consulta es sobre otros alcances, sí reitera que la ley es clara al señalar que todo servicio remunerado de personas es regulado, y desde esa perspectiva tenemos elementos para hacer cumplir la ley”, dijo.
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La Ministra también explicó que no se trata de una batalla exclusiva contra Uber, sino que también incluye a todas las plataformas que operan bajo el mismo modelo.
Mientras tanto, la Policía de Tránsito impulsa el decomiso de vehículos ligados a Uber. Según Mario Calderón, director de ese cuerpo policial, durante este año se han realizado 2.813 infracciones por transporte ilegal de personas y 70 decomisos de autos. Empero, los datos de la Policía de Tránsito no discriminan si se trata específicamente de porteadores, Uber, u otras modalidades.
Carlos Segnini, exjerarca de la cartera de transportes durante 20 meses, destacó que –en su administración (2014-2016)– procuró hacer valer la legalidad, pero con pocos operativos.
“Un operativo concreto hacia Uber no lo hicimos. Fue más al inicio, decomisamos tal vez dos carros, y fue más una señal para dejar claro que ellos no estaban autorizados por ley”, detalló.
Hoy el Ejecutivo aplica otras medidas: solicitó a Comex hacer un análisis de las zonas francas y cómo se relacionan con Uber, intensificar los operativos de tránsito y verificar a través de la Caja Costarricense de Seguro Social que la empresa se encuentre al día en sus obligaciones.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, afirmó que las miles de transacciones bancarias que se realizan con Uber deben ser vigiladas desde los bancos, que tienen la obligación regulatoria de velar por sus clientes, tras responder a la pregunta sobre si el Ejecutivo piensa solicitar el bloqueo de este tipo de transacciones que considera ilegales.
El Gobierno tampoco ha optado por buscar, en la instancias judiciales, el bloqueo de la aplicación, como ocurrió en abril en Argentina y según lo solicitan los gremios de taxistas.
De hecho, el año pasado el Tribunal Contencioso Administrativo dio curso a un trámite de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) que buscaba que el Estado costarricense ordenara el cierre y bloqueo de todas las aplicaciones desarrolladas por Uber con funcionamiento en el país.
Con todo ello, las medidas que aporta el Ejecutivo en este momento podrían no ser duraderas. Los candidatos presidenciales de los principales partidos tradicionales afirmaron que permitirían el funcionamiento de Uber en el país, siempre que medie algún tipo de reglamentación por la vía legal o ejecutiva.
Hoy, el futuro de la aplicación se teje en la Asamblea Legislativa, enfrascada en discusiones tributarias y de gasto. Dos proyectos de ley pretenden regular el servicio, pero el Ejecutivo descarta impulsarlos, en su interés por una reforma fiscal.
“Yo insisto en mi sorpresa en que hay ciudadanos que demandan que esto se reforme, pero esto no se ha visto reflejado en un accionar de iniciativa popular. Con las reglas del juego de hoy, las empresas tienen que atender la ley y Uber es ilegal”, dijo Dinarte.
Respuestas a la consulta: ¿Ha solucionado Uber sus necesidades de transporte? ¿Cómo?
Natalia Pérez Marín
“Es cómodo me permite pagar con tarjeta o efectivo, muchas veces no he ido al cajero y poder pagar con la tarjeta es una salvada, sé cuánto vale el viaje antes de empezar. Los choferes son amables. App fácil de utilizar”.
Alejandro Barrantes B.
“ Es muy bueno saber desde antes quién te recogerá, con foto y localización en tiempo real. Uno puede ver qué tan cerca viene. Se conoce la tarifa, no se niega a dar el servicio y cuando el Uber llega, son educados, sin apuros. El auto es limpio y están dispuestos a conversar, o no, a proporcionar información y se preocupan por la música y el volumen”.
Fernando D. Jiménez
“La comodidad de andar como en carro propio pero con conductor, a un precio justo y razonable, sin las malas experiencias del servicio público”.
Diego González
“¿Es Uber legal o no? ¿Si nos gusta tanto, debemos ponerlo a legalidad (cargas sociales) para estar en iguales condiciones que los taxis y así que todos compitan en igualdad?”.
Óscar Rojas
“No me los ha solucionado (los inconvenientes en transporte), porque Uber también tiene y genera problemas, pero sí me ha hecho mejor la situación, y por mucho”.
Daniel E. Solano Vallejos
“¡Excelente! (...) Sé que puedo quejarme y que me solucionan (ya me ha pasado), precio justo, y aunque esté en tarifa dinámica igual lo uso”.
Douglas Rodríguez
“Tengo un hijo de 15 años que ya empieza a trasladarse solo fuera del colegio y con Uber estoy más tranquilo, porque viaja más cómodo y seguro ”.