De enero a agosto del presente año, el Ministerio de Hacienda contabilizó una recaudación en el orden de los ¢36.450 millones por el cobro de los impuestos al traspaso de bienes muebles e inmuebles.
De aprobarse la reforma al actual Impuesto General sobre las Ventas que propone el Gobierno, ese monto hubiese sido por una suma de ¢72.900 millones.
Lo anterior como producto de un aumento en la tarifa cobrada sobre la transferencia de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones usadas, a un 5%, y el traspaso de bienes inmuebles a un 3%.
Con la creación del Impuesto de Valor Agregado (IVA), Hacienda espera que la recaudación aumente en un 1,33% de la producción al cabo de tres años.
LEA: IVA y renta, ¿cómo afectarían su bolsillo?
Con la modificación en los impuesto sobre los traspasos, ese aporte podría verse ampliado en cerca de un 0,19%.
Desde el Gobierno, la medida es vista como alentadora y necesaria ante un escenario de un déficit fiscal creciente.
La proyección del faltante de fondos del Gobierno Central para el 2015 es del 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
“De no aprobarse los proyectos de reforma, nos perderíamos de ingresos importantes que podrían destinarse a programas sociales en diferentes áreas, además de que se seguiría protegiendo al evasor, pues se impediría atacar los portillos legales”, justificó José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda, durante la presentación del proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2016 ante la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre.
En la acera de enfrente, el aporte de recursos frescos por esta vía es cuestionada. El cambio en la normativa es tildada de injustificada y perjudicial para los sectores productivos nacionales.
“Para el sector construcción, la preocupación es grande. Los compradores de casas deberán asumir nuevos costos, eso hace que sea más difícil vender y que construir se piense aún más”, aseveró Allan Bedoya, tesorero de la junta directiva de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces.
¿Una casa a mi nombre?
Los traspasos de bienes inmuebles serían los que más ayudarían a engordar las arcas del Estado.
Hoy, por la venta de una vivienda, valorada en ¢50 millones, se pagan ¢750.000 en impuestos de traspaso.
Con la reforma, se tendría que pagar ¢1,5 millones por el movimiento registral. Un 1,5% más.
Datos del Registro Nacional aseguran que durante los primeros ocho meses del año se registraron 158.792 traspasos de ese tipo, para una recaudación de ¢22.015 millones.
Con la nueva tarifa, ese total se vería duplicado.
Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, estima que con todas las reformas del IVA se generaría un incremento automático en el costo de una vivienda del 11,8%.
La estimación incluye desde el alza en los impuestos al traspaso, hasta los servicios de construcción que pasarían a ser gravados.
“De darse estos incrementos de un día para otro , la gente lo que hace es posponer la decisión de compra y los desarrolladores posponen la construcción de la casa y no venderán al mismo volumen que antes. Entonces, también se impacta el empleo”, dijo Murillo.
De esta forma, la Cámara propuso a las autoridades que el incremento en el traspaso de bienes inmuebles no sea mayor al 2%, y que se le mantenga el mismo porcentaje del tributo a toda aquella vivienda valorada en una y media vez el valor de una casa de interés social.
¿Y un carro?
En el caso de los traspasos de bienes muebles, vehículos en su mayoría, el porcentaje del tributo también se afectaría al pasar del 2,5% al 5%.
Si la reforma estuviera vigente, de enero a agosto, el Gobierno habría recibido la suma de ¢28.870 millones. Lo correspondiente a unos 90.111 traspasos.
Hoy, ese monto no superó los ¢14.400 millones.
La Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) es del criterio que la reforma podría inducir al incumplimiento de la obligación tributaria, pues el incremento se podría volver restrictivo.
“Sobre los vehículos ya pesa una cantidad de impuestos y timbres importante, por ello, nuestros carros son los más caros de la región”, comentó Carlos Aguilar, subdirector ejecutivo de Aivema.
La ruta propuesta sería la de revisar aspectos como los criterios de valoración de vehículos usados de primer ingreso, antes de aumentar el cobro.