Un proyecto de ley propone dar un permiso para ausentarse de sus lugares de trabajo o estudio a las mujeres y personas menstruantes cuando sufran dolores por esta causa.
La iniciativa entró en corriente legislativa el 24 de abril anterior, bajo el expediente 23.706, y apenas comienza su trámite en el Congreso.
El proyecto de ley señala que se otorgaría un día libre mensual (a través de un permiso con goce de salario) por concepto de “dismenorrea o dolores menstruales” para trabajadoras del sector público o privado, así como para alumnas de cualquier tipo de centro educativo. El permiso, además, sería prorrogable por hasta tres días adicionales cuando se certifique la existencia de “síntomas agudos”.
“Para acceder a esta licencia”, dicta el proyecto de ley, “la persona trabajadora deberá presentarle a su patrono el dictamen médico en la que se le diagnostica dismenorrea”, así como si presenta o no una condición más delicada de lo usual que requiera de descansos mayores.
Justificación e implicaciones legales
El proyecto de ley lo presentaron los diputados de la fracción del Frente Amplio.
En su justificación, los legisladores redactaron que la iniciativa pretende brindar una legislación que atienda un padecimiento ginecológico “común” y que “no solo disminuye la productividad (de las personas que lo sufren), sino que afecta su calidad de vida al exponerlas –mientras sufren de intensos dolores fisiológicos– a desempeñar sus funciones cotidianas”.
A pesar de las indicaciones generales de la iniciativa, el texto deja algunos puntos abiertos.
Por ejemplo, el abogado de la firma Aselecom, Kendall Ruiz, señaló que no se dice explícitamente cuáles médicos estarían facultados a brindar los dictámenes respectivos y si estos se tendrían o no que renovar periódicamente para la continuidad del permiso.
“Se abre la interrogante de si la persona debe presentar mes a mes este dictamen o si queda a criterio del médico establecer un plazo máximo para otorgar esta licencia, dado que la condición podría variar en el tiempo”, explicó.
Los legisladores del Frente Amplio redactaron en su iniciativa que las licencias menstruales ya se aplican o están por aplicarse en diversos países, incluidos España y Japón.
En España, recientemente, el Congreso aprobó la creación de una licencia para mujeres con dolores menstruales agudos, la cual será asumida por el Estado. Específicamente, la licencia se planteó para casos de “menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías como endometriosis”.
Los frenteamplistas también recogieron iniciativas de ley que ya fueron presentadas o aprobadas en otras naciones como México, Perú, Indonesia, Zambia, Taiwán y Corea del Sur. Sin embargo, enfatizaron que el país todavía podría situarse como uno de los pioneros a nivel latinoamericano en materia de salud sexual y reproductiva, si aprueba este tipo de legislación.
En meses recientes ya se debatió en el país sobre la necesidad de eliminar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los artículos de higiene menstrual. Finalmente, ante el llamado de diputados de oposición y de grupos civiles, el gobierno accedió a incluir las toallas sanitarias, los tampones y los protectores diarios dentro de la lista de productos de la canasta básica, los cuales gozan de una tarifa reducida de ese tributo (de un 1%), desde el 1.° de febrero pasado.
Castigos, posibles desincentivos y actualidad
Además de la creación de la licencia por dolores menstruales, el proyecto de ley plantea una reforma al Código de Trabajo para castigar a los patronos que incumplan con ella y su pago correspondiente.
Específicamente, se establece como una de las infracciones con castigo de multa dispuestas en el artículo 310 de esa norma; es decir, de entre uno y 23 salarios base (¢462.200 y ¢10,6 millones).
Un argumento que se utilizó en contra de este tipo de licencias durante su reciente discusión en España fue la posible creación de desincentivos para la contratación de mujeres en el mercado laboral.
Esa fue una advertencia que realizó el sindicato de la Unión General de Trabajadores; sin embargo, finalmente se optó porque las licencias fueran financiadas por el Estado.
Según el abogado Ruiz, por eso sería conveniente que en Costa Rica se analice si existe viabilidad presupuestaria, a nivel estatal, para asumir el permiso.
Ruiz además explicó que en otros países se contemplan medidas diferentes como el otorgamiento de permisos de descanso durante la jornada laboral o de teletrabajo, cuando exista una constancia médica.
Hasta el momento la única herramienta de la que disponen las personas que sufren de dolores menstruales agudos en Costa Rica es la incapacidad laboral regular que ofrece el Seguro Social. En estos casos, si la incapacidad es de tres días, el patrono debe pagar el 50% del salario de la persona; pero, si la incapacidad supera ese período, el costo los debe asumir la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, los diputados del FA consideran que dicha práctica no es suficiente, pues suele atender únicamente a las personas con las condiciones más graves posibles.
“Esta medida es restrictiva en relación con la realidad de cientos de mujeres y personas menstruantes que, pese a no tener un padecimiento grave en su sistema reproductivo, sufren dolores de la menstruación”, afirmaron.
EF consultó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) sobre su posición en relación con el proyecto. No obstante, indicaron que el texto sigue bajo análisis de su equipo legal y que aún no tienen una postura definida al respecto.