Con el anuncio de una directriz de la Presidenta que solicitará el traslado del proceso de compras a los medios electrónicos, pareciera que, por fin, el Gobierno empezará a ponerle coto al desorden que ha imperado en las adquisiciones públicas.
Sin duda, que se imponga una sola plataforma de compras electrónicas para tramitar las múltiples necesidades de bienes y servicios de la administración pública, es la decisión más sensata, transparente, eficiente y eficaz .
Queda en la Contraloría General (CGR), pues lo conoce y ha emitido al menos dos informes de fiscalización al respecto, determinar algún grado de responsabilidad por las altas sumas de dinero que se han invertido a lo largo de los años en el desarrollo de varios sistemas electrónicos a la vez, para resolver, con cada uno, la misma necesidad.
Tales sistemas, como es harto conocido, presentan serias limitaciones estando, entre las más relevantes, que solo por ley se puede obligar al uso de una sola plataforma, el cambio del modelo troncal de compras que data de 1978, siendo que este debe revisarse para optarse por uno pensado en el uso de las tecnologías o el mismo modelo de controles previos (autorizaciones, objeciones, apelaciones, revocatorias, refrendos), bajo el entendido de que, a mayor normalización electrónica, menor probabilidad de irregularidades, por lo que el valor agregado de los controles sería escaso.
Con la ley, siguiendo el ejemplo de lo hecho por países como Chile y Panamá, entre otros, el escenario en lo sustancial sí cambiará.
Ahora bien, el Poder Ejecutivo, en el 2009, pretendió a través del Reglamento al Título II de la Ley N° 8660 el concepto de una sola plataforma, cuestión que a este día no dio resultado porque cada uno siguió por su lado, al no haber una exigencia legal.
Así, en el artículo 1 de esa normativa se indica que “El ICE, o la empresa que este defina de su Grupo, será el ente del Estado costarricense encargado en forma exclusiva del desarrollo de proyectos de Gobierno Digital… Los entes u órganos públicos suspenderán las inversiones dirigidas a desarrollar proyectos de Gobierno Digital…”; luego, en el artículo 119 se dispuso que “El ICE o la empresa que este disponga… proveerá al Estado, en su sentido más amplio, mediante una plataforma de compras única, el servicio de compras electrónicas de bienes y de servicios, el registro de proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios”.
Desde entonces, casi cuatro años han transcurrido sin que se respetara lo que el Poder Ejecutivo quiso ordenar. Para muestra, Mer-Link reúne menos de 20 administraciones; y más del 90% de las administraciones públicas, siguen con un proceso de papel.
Para los sectores público y privado, los múltiples beneficios de cambiar el actual sistema de compras públicas, basado en ese modelo estructural que data de 1978, aprovechando las tecnologías para ganar agilidad, eficiencia, eficacia y ahorro al gasto público, es lo que se debería imponer.
Pero, además, Cepal, en el Manual de Compras electrónicas de abril-2007, así como la CGR en sus informes DFOE-SAF-13-2008 y DFOE-IFR-IF-5-2012, coinciden en que más que la decisión de poner en marcha un proyecto de compras electrónicas, es más importante decidirse por una política pública general sobre las adquisiciones del Estado.
Así las cosas, ojalá que esta vez el cántaro se haya roto de tanta agua que le ha caído, y que, además de la promulgación de la Directriz, de bastante importancia, se avance en lo medular, a saber, la puesta en agenda y aprobación en este 2013 de la ley de compras públicas electrónicas y la concreción de una política pública al respecto.