La inacción tiene un costo y Costa Rica tendrá que pagarlo pronto para evitar una crisis económica. Durante 16 años los gobiernos de turno, algunos más que otros, dejaron pasar la oportunidad de aprobar una reforma fiscal que permitiera -al menos- buscar un mayor equilibrio en las finanzas públicas.
Los vientos favorables ya pasaron. El país no aprovechó la bonanzas de su bono demográfico y tampoco sacó ventaja de las condiciones estables en los precios internacionales del petróleo y de la estabilidad en el dólar propiciada por un periodo en el que la Reserva Federal (Fed) no hizo aumentos en sus tasas de interés.
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Las extensas e infructuosas discusiones políticas impidieron que el país tomara acciones más temprano y ahora las finanzas públicas se enfrentan a su última oportunidad de buscar el ansiado equilibrio: el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La suma de malas decisiones dieron como resultado una condición preocupante. El ajuste fiscal que necesita el país aumentó de 3 puntos porcentuales del PIB a 5,1 puntos de la producción nacional. Pamela Jiménez-Fontana, economista e investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN) analizó para EF los resultados del capítulo económico del Informe Estado de la Nación 2018.
La investigadora también ahondó en los retos de la generación millennial en Costa Rica, con altos niveles de escolaridad y mayor dominio de un segudo idioma, pero con un desempleo más alto y con el ingreso promedio más bajo en comparación con otras generaciones.
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