Ante la crisis financiera que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), los altos mandos de la institución valoran la posibilidad de hipotecar el edificio ubicado en San José. El préstamo daría liquidez a la entidad mientras los diputados aprueban los dos proyectos de ley que pretenden salvarla de la quiebra.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la operadora portuaria, confirmó a EF que cuenta con el aval de la junta directiva para utilizar el terreno del edificio de San José, valorado en ¢1.000 millones, con el objetivo de obtener un crédito hipotecario.

La otra opción –que también cuenta con la venia de la junta directiva– es buscar préstamos sobre los flujos de dinero (ingresos) que recibe actualmente la entidad por la operación de sus negocios.

“Estamos revisando para discutir y pedir ese apoyo financiero de aquí a que entre el proyecto (de ley), tenemos que apoyarnos en eso posiblemente, en un préstamo. Se está evaluando una de las propiedades donde opera Japdeva, uno de los terrenos que tiene con un valor cercano a los ¢1.000 millones”, señaló la jerarca luego de su comparecencia ante la Comisión de Hacendarios en el Congreso, la tarde de este martes.

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El lunes 1.° de julio el consejo director aprobó a la presidencia ejecutiva que explore la posibilidad de acceder a un crédito de apoyo presupuestario y que utilice la instalación del edificio capitalino como garantía de respaldo inmobiliario.

“Se está pensando primariamente en el edificio ubicado en San José que se utiliza como sede de operación cuando la presidencia ejecutiva está acá para diferentes funciones. Todavía no significa que estemos prescindiendo del edificio, sino que eventualmente, si corre el proceso con un banco, sería uno de los activos que podría ponerse como una garantía”, aclaró Centeno.

Durante la audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que la empresa portuaria tiene activos en libros que superan los ¢245.000 millones, pero que si se aplicara un nuevo avalúo el valor podría aumentar.

Rodolfo Peña, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consultó a Centeno y a Méndez la posibilidad de vender activos para generar liquidez en medio de una coyuntura financiera complicada luego de que los ingresos de Japdeva registraran una caída del 79%.

La presidenta de la entidad del Caribe indicó que de momento solo se valoró la posibilidad de hipotecar el edificio de San José o de buscar préstamos sobre los ingresos generados. Descartó la venta de otros bienes para generar recursos.

La Comisión de Hacendarios discute por vía rápida un proyecto de ley de presupuesto extraordinario (21.475) que pretende otorgar a la empresa portuaria ¢23.679 millones provenientes de ahorros obtenidos con canjes de deuda pública.

La propuesta distribuye ¢5.752 millones para pagar salarios y sobrevivir por tres meses más, ¢16.236 millones para el plan de movilidad laboral y ¢1.689 millones para crear el régimen prejubilatorio.

Este foro debe dictaminar el texto a más tardar el 16 de julio para enviarlo al pleno donde se votará finalmente.

‘Japdeva no está quebrada’

A segunda hora, en ese mismo foro legislativo, Marta Acosta, contralora general de la República, respondió las dudas de los congresistas sobre el presupuesto extraordinario para salvar a la operadora de puertos del Caribe.

De manera vehemente la contralora enfatizó que Japdeva “no está quebrada” porque todavía genera ingresos, opera negocios, mantiene proyectos de desarrollo y cuenta con una planilla.

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Las palabras de Acosta contradicen la afirmación de Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, quien dijo el pasado miércoles 26 de junio que la institución está técnicamente “quebrada”.

Centeno también urgió a los diputados a que aprueben cuanto antes la inyección de recursos para pagar salarios por tres meses y poner en marcha el plan de movilidad laboral con el que pretenden recortar la planilla de 1.186 a 240 trabajadores.

Plan de movilidad

De forma paralela, la Comisión de Gobierno y Administración tramita el proyecto de ley Modernización de Japdeva y Protección de sus Personas Servidoras (21.226) que permitiría aplicar un plan de movilidad laboral, crear un régimen prejubilatorio con cargo al Presupuesto Nacional y abrir espacios para transferir superávits de otras instituciones a la operadora de puertos.

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Esa comisión legislativa se dedicará exclusivamente a estudiar y modificar este expediente con la tarea de enviarlo al plenario en un plazo de 25 días, por lo que existe la posibilidad de que se someta a votación final en setiembre.

Este plan permite recortar la planilla en un 80%, lo que ayudaría a la institución atacar su principal rubro de gasto: las remuneraciones, que para 2019 representan el 69,2% del presupuesto anual.

Para cubrir la planilla este año se presupuestaron más de ¢34.000 millones, de los cuales ¢13.000 millones se destinan a sufragar incentivos otorgados por la convención colectiva.

La entidad tiene gastos mensuales por ¢3.400 millones, pero desde marzo genera ingresos promedio por ¢795 millones cada mes, por lo que urge de una inyección de capital para evitar la quiebra.