La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue creada por los gobiernos de los países más desarrollados a principios de los años 60. Lo anterior, con el propósito de coordinar esfuerzos, a efectos de fomentar el crecimiento económico y el fomento del comercio.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, declaró a mediados del 2016 –al presentar las previsiones de crecimiento de la economía global para el 2017– que “el mundo está atascado en una trampa de bajo crecimiento” e indicó que la causa se encontraba en la “inversión débil de las empresas”.
El señor Gurría hizo bien en señalar que las empresas privadas son el motor del crecimiento económico, y en apuntar que esa débil inversión se lograría revertir mediante la aplicación de políticas fiscales adecuadas. Lamentablemente, esa claridad de pensamiento no se replica en Costa Rica cuando se trata de emular los lineamientos de la OCDE.
La OCDE no busca, de ninguna manera, que sus postulados se utilicen para alcahuetear los presupuestos inflados e indisciplinados de un país en vías de desarrollo, como Costa Rica.
Desde hace unas semanas, la Presidencia de la República inició un esfuerzo para lograr, in extremis la aprobación de una reforma fiscal que, en pocas palabras, busca ordeñar aún más a la empresa privada.
Esta propuesta abona muy poco en términos de reducción del gasto público y, no menciona una sola línea, a efectos de atacar la economía informal en Costa Rica (crasos e inexcusables evasores). En otras palabras, esta reforma lo que busca es aliviar, momentáneamente, el apetito insaciable de un aparato estatal sobredimensionado.
Debemos ser claros: el déficit fiscal de Costa Rica no tendrá su solución exprimiendo más a las empresas privadas, que son contribuyentes formales de impuestos. Primero debemos atacar la economía informal y buscar disciplina en los gastos del Estado.