Es cierto, Costa Rica inició en el 2012 uno de sus proyectos más ambiciosos en la historia, lograr convertirse en uno de los primeros países carbono neutrales del mundo para el 2021.
Una apuesta política bastante más utópica que arriesgada. La entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, consolidó un plan que se venía fraguando desde el mandato de Oscar Arias.
Todo inició sobre la marcha, no se sabía con mucho detalle cómo se iba a hacer el inventario para determinar las emisiones de gases del país, tampoco se tenía claridad de las acciones a tomar, y el primer programa fue un conjunto de ideas que con el tiempo tomaron forma.
Laura Mora, asesora técnica de Partnership for Market Readiness Costa Rica y de la Dirección de Cambio Climático (DCC), coincide en que la meta de buscar la carbono neutralidad en el 2021 es política y difícil de cumplir, pero asegura que fue un buen punto de partida.
“Yo no desmerito para nada esa meta, porque gracias a esa iniciativa el país ha tomado acciones y ha dado pasos importantes para reducir sus emisiones”, agregó.
El primer Programa País de Carbono Neutralidad 1.0, lanzado en 2012 con una estrategia nacional y un plan de acción, permitió despertar el interés de empresas privadas que por su propia voluntad adoptaron prácticas para reducir sus emisiones y compensar su huella.
No se puede –ni se debe– negar que los esfuerzos han dado resultados positivos en el sector privado, pero tampoco se debe obviar que el grueso de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases del país vienen de la flota vehicular, el consumo energético, y el uso de fertilizantes en el agro.
En esas áreas los esfuerzos para atacar el problema han sido menores, por eso el país debe replantear sus acciones para lograr la carbono neutralidad a la luz del Acuerdo de París, donde se fijó la meta en el 2100.
Meta 2021 lejana
En 2012, cuando se empezó a hablar de una Costa Rica carbono neutral para 2021, las metas, los inventarios y las acciones se estimaron de forma muy simple.
Mora aclaró que en ese entonces se entendía que el país tenía que compensar un 20% de las emisiones de carbono con sus bosques, pero en la práctica eso no ocurrió.
El Programa 1.0 se enfocó en medidas para que las empresas privadas tomaran acciones de reducción que incluían indirectamente la flota vehicular y el consumo de energía. Sin embargo, no hay prácticas directas de alto impacto para atacar las emisiones de los vehículos que operan con combustibles a base de petróleo.
Los datos son un poco más crueles. En 2015, por primera vez en la historia, el sector transporte importó más vehículos (carros, camiones y motos) a Costa Rica, en comparación con el petróleo que ingresó al país.
El III Informe Costa Rica Importa, elaborado por la Cámara de Comercio Exterior y Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) da cuenta de esta situación.
En 2015, el sector transportes importó $1.324 millones, y superó los $1.285 millones reportados por los petroquímicos (que incluyen importación de petróleo), que en 2014 se ubicaron en el primer lugar de las importaciones del país.
Este incremento en la importación de vehículos se achaca a la falta de opciones de transporte público eficiente y al subdesarrollo de la infraestructura del país. Pero el mayor ingreso de vehículos también supone un incremento en el consumo de combustibles y, por ende, un alza en las emisiones de carbono.
De acuerdo con datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en el 2016 se consumieron 19 millones de barriles producidos en el extranjero.
Recope estima que para el 2035, el consumo podría aumentar a 33,5 millones de barriles para Costa Rica.
El Quinto Informe Estado de la Región, publicado en el 2016, muestra un incremento en la flota vehicular de Costa Rica que pasó de 1,16 millones de vehículos en 2010, a 1,3 millones de vehículos en 2015.
Pese a que la expresidenta Laura Chinchilla aseguró en abril del 2014, que el país ya había cumplido el 81% de la meta de carbono neutralidad para el 2021, el 19% restante no es tan fácil de completar.
Con el paso de los años y los problemas estructurales del país –incluido el déficit fiscal–, Costa Rica se quedó sin dinero para invertir lo suficiente en políticas de carbono neutralidad, y para explotar nuevas fuentes energéticas que permitan reducir las emisiones.
El plano político no escapa a esta realidad. El proyecto para exonerar de impuestos y quitar el pago del marchamo a los vehículos 100% eléctricos ha encontrado cientos de trabas en la Asamblea Legislativa, aunque finalmente espera ser aprobado por los diputados.
Programa 2.0
El pasado 28 de setiembre, el Gobierno anunció el lanzamiento de Programa País de Carbono Neutralidad 2.0, un documento que corrige y afina lo que se desarrolló en la versión del 2012.
En la nueva iniciativa se establece una nueva meta de carbono neutralidad para Costa Rica, pero en lugar del 2021 será en el 2085 en la práctica y formalmente en el 2100.
“La meta del 2021 se mantiene, y ya veremos si el país la cumple o no; pero era necesario generar mejoras y adaptar la meta de acuerdo con los cambios que impone el Acuerdo de París, por eso se puso un plazo razonable para el 2100”, precisó Mora.
De hecho, el país tendrá que dar cuentas de su avance hacia la carbono neutralidad en 2030, 2050 y finalmente en 2100. Lo hará a través de la Contribución Nacionalmente Determinada (CND), un mecanismo establecido en el Acuerdo de París.
Para el 2050, el país se propuso la meta de reducir el 50% de las emisiones que se registraron en el 2012.
Según la DCC, cada costarricense tendrá que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de 2 toneladas en la actualidad, a 1,19 toneladas por habitante en el 2050.
Cabe destacar que el nuevo programa pone la meta de carbono neutralidad del país para el 2100, pero establece que para el 2085, Costa Rica debe llevar sus emisiones a cero, por lo que el cometido real debe alcanzarse ese año.
Lo bueno
Aunque la carbono neutralidad en el 2021 es una utopía, hay cosas buenas que se han hecho en el camino.
Entre 2012 y 2017, un total de 96 empresas privadas de diferentes sectores productivos del país adoptaron prácticas y transformaron sus operaciones para ser más eficientes y reducir sus emisiones de carbono.
Datos de la DCC, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), muestran que este grupo de compañías lograron reducir 100.000 toneladas de carbono en el último lustro.
92 de las 96 empresas ya lograron certificarse como carbono neutrales, las cuatro restantes están en proceso de inventario para obtener el reconocimiento.
Ese grupo de firmas apenas representa el 0,45% del parque empresarial del país. Mora explicó que esta iniciativa es voluntaria, por lo que cada compañía debe sumarse por sus propios deseos de colaborar con el medio ambiente y de ser más eficientes.
Cuando las empresas ingresan al programa deben reducir al máximo sus emisiones de carbono, y las que no logran mitigar, pagan una compensación al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
Este fondo se utiliza para financiar a finqueros en diferentes partes del país con el objetivo de que no talen árboles en sus propiedades.
Más actores
El viejo programa buscaba que las empresas privadas se unieran al conjunto de acciones para ser carbono neutrales. En ese marco, compañías como BAC Credomatic, Purdy Motor, y la firma de abogados BLP, invirtieron para ser más eficientes y certificarse como c-neutrales.
“Por quinto año consecutivo hemos mantenido la Marca País Carbono Neutral, otorgada por el Gobierno de la República, lo que nos ha permitido reducir en un total de 1.294 Toneladas de dióxido de carbono equivalente, en relación al año base”, explicó Luis Mastroeni, gerente de Sostenibilidad del Grupo BAC Credomatic.
Purdy Motor implementó mecanismos de disminución de consumo eléctrico en algunas de sus sucursales, sustituyó el sistema de iluminación en Ciudad Toyota por tecnología LED, y abrió su propio sumidero de tres fincas en Abangares, Guanacaste, dedicadas a la reforestación.
“Continuaremos destinando una cifra importante de nuestro presupuesto para poder desarrollar las acciones con las cuales hemos logrado desde el 2012, ser una empresa carbono neutral”, señaló Ana María Sequeira, gerente de relaciones corporativas de la empresa.
La firma de abogados BLP es otra compañía que transformó sus procesos para contribuir con el medio ambiente.
Carolina Arce, directora y consultora de Zone Environmental Services – BLP, explicó que desde que hicieron el inventario de emisiones en el 2013, lograron reducir de 49 toneladas de carbono ese año, a 33 toneladas en el 2016.
Para lograr estos resultados invirtieron en un sistema de geolocalización satelital para su flota de mensajeros, que les permitió reducir el consumo de combustible y optimizar recursos.
La empresa implementó una serie de acciones orientadas al ahorro del consumo de papel y cambios en sus sistemas de aires acondicionados.
La DCC espera que para finales de este año, otras 20 empresas privadas se integren al programa 2.0 para lograr alguna de las cinco certificaciones c-neutral que se crearon.
Las municipalidades y las instituciones no lucrativas también podrán optar por una certificación a partir de este año, como una de las novedades para ampliar el espectro y lograr que todos los sectores se sumen a este proyecto, que todavía es utópico, pero poco a poco se va conviertiendo en realidad.