Recientemente, en el marco del Club Español de Arbitraje (CEA) Capítulo Costa Rica, así como en el foro organizado por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA) de Amcham, tuve la oportunidad de exponer mi perspectiva sobre el arbitraje en telecomunicaciones.
A través de los aportes de colegas que asesoran empresas de telecomunicaciones y entidades reguladoras, así como de reconocidos árbitros, tuvimos un interesante debate que nos permitió explorar elementos esenciales sobre los cuales las partes involucradas (Operadores, Árbitros, Centro de Arbitraje, Universidades) debemos profundizar para entender la justa dimensión del arbitraje en la industria de las telecomunicaciones, siendo necesario partir de dos conceptos básicos: tipología del conflicto y la arbitrabilidad de las controversias.
Como lo experimentamos quienes brindamos asesoría legal a compañías de telecomunicaciones (telcos) las controversias que se suscitan en el negocio, en sus manifestaciones Estado-operador, operador-operador y operador-cliente, están caracterizadas por ser interdisciplinarias y complejas.
Es decir, el tipo de conflicto y la búsqueda de su solución, no solo implican elementos jurídicos, sino aspectos técnicos y económicos de variados géneros, que deben ser adecuadamente coordinados con miras a la tesis de defensa, ya sea en sede judicial, administrativa o arbitral.
Esto implica que los abogados litigantes, al presentar el caso a la autoridad decisoria, deban presentar sus argumentos escritos y orales orientados hacia un análisis de integralidad y multidisciplinario, teniendo el apoyo pericial especializado que permita “traducir” de manera clara al juzgador la naturaleza, connotación y alcance de la controversia.
Este tema debe ir de la mano de los esfuerzos que se están realizando por capacitar de manera gradual, pero constante, a los abogados en materia de regulación de telecomunicaciones, siendo clave el enfoque interdisciplinario, tal y como lo ha venido haciendo la Escuela Judicial, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y la UACA, aún cuando es necesario profundizar en el abordaje e investigación de estos temas, avanzando de la generalidad a la especialidad.
Por su parte, para determinar si una controversia en telecomunicaciones es susceptible o no de ser sometida a arbitraje, bajo sus características de patrimonialidad y disponibilidad, se debe tener en cuenta que existe la figura del regulador de telecomunicaciones, el cual tiene competencias administrativas para resolver conflictos entre los mismos operadores, y entre estos y sus clientes, en la medida que se afecten principios de transcendencia jurídico pública, como los preceptos regulatorios fundamentales establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones.
En este sentido, en el marco de la apertura del mercado y de las relaciones que se suscitan especialmente entre los operadores, se han venido suscribiendo una serie de contratos de diversa índole (acceso e interconexión, portabilidad numérica, gestión de proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, concesión de espectro radioeléctrico, uso de infraestructura esencial de telecomunicaciones como torres, entre otros) que incorporan cláusulas arbitrales y que al tener relación con temas regulatorios, los conflictos que se susciten deben ser analizadas para determinar la entidad competente para resolverlos, dado que incluso podrían presentarse controversias con distintas esferas de responsabilidad, que impliquen el ejercicio de la competencia del regulador y del tribunal arbitral o judicial, de manera simultánea o subordinada.
Es necesario visualizar aquellas zonas grises que podrían implicar controversias entre las competencias de las autoridades y continuar abriendo espacios en el ámbito académico profesional, con el patrocinio de centros de arbitraje y el apoyo de operadores de telecomunicaciones, para fomentar el debate y la construcción de parámetros que contribuyan a brindar seguridad jurídica a los operadores del derecho de las telecomunicaciones.