Desde la visita del presidente Barack Obama, el foco de discusión nacional se ha dirigido hacia el aprovechamiento de energías limpias en el país. El sector energético enfrentará importantes retos si pretende incrementar la producción de energías limpias y alcanzar la carbono neutralidad para el 2020. Sin embargo, el principal obstáculo no es la ausencia de soluciones energéticas alternativas, sino las decisiones políticas ambivalentes y la ausencia de un marco regulatorio apropiado.
El VI Plan Nacional de Energía resaltó que nuestro modelo de desarrollo presenta un incremento sostenido de la demanda energética, con alta dependencia de los combustibles fósiles. Esta dependencia ha colocado al país en una posición altamente vulnerable y lo aleja cada vez más de sus objetivos de utilizar energías limpias. Sin embargo, el músculo gubernamental no parece decidir cómo utilizar sus fuerzas para combatir esta problemática.
En noviembre del 2012, Laura Chinchilla inauguró la primera planta de energía solar de Centroamérica y firmó un decreto que exigía a Recope importar Gas Natural Licuado, por lo que podría pensarse que las políticas se orientan a promover el uso de energías limpias. Sin embargo, en la misma escena, la Presidenta daba su apoyo absoluto a la construcción de una costosa refinería de petróleo, cuya rentabilidad ha sido muy cuestionada.Pasado el tercer aniversario de esta administración, sacar a la luz la ambivalencia de las decisiones gubernamentales, no es sorprendente. Después de todo, este periodo se ha caracterizado por políticas vacilantes, soluciones transitorias y una aterradora falta de ejecución. Mientras el discurso oficial promueve el uso de energías limpias, las decisiones políticas y legislativas desentonan y reducen las posibilidades de alcanzar las metas energéticas.
El Gobierno solicitó más cooperación al presidente Obama en materia de energías renovables, quizá obviando que nuestro marco normativo es el primer obstáculo para la cooperación internacional. La moratoria petrolera, las dificultades que enfrenta el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica y la oposición a la cogeneración hidroeléctrica privada, no dibujan un panorama atractivo para la inversión en energías limpias. La embajadora de Estados Unidos en San José, Anne Andrew, ha manifestado que el Gobierno estadounidense busca que sus empresas inviertan en proyectos energéticos en Centroamérica. Sin embargo, ante la consulta sobre la seguridad jurídica en Costa Rica, no dudó en resaltar que el país debe dar más confianza a los inversionistas.
La Ley 7200 permite la participación del sector privado en la generación eléctrica a base de fuentes renovables, pero tiene un alcance muy reducido: permite la participación de empresas privadas en proyectos de hasta 50 MW bajo la modalidad de build, operate and transfer y establece que el conjunto de proyectos no debe exceder el 15% de la potencia total del sistema eléctrico. Empero, en teoría el sector privado podría representar hasta un 30% de la capacidad total instalada.
Costa Rica no tiene una ley definida para promover el desarrollo de proyectos de energía renovable o incentivos reales para las empresas privadas. Por lo demás, el modelo actual limita a los generadores de energía privados a vender al ICE como comprador único.
Si bien contamos con leyes que regulan por separado la participación del sector privado en la generación eléctrica de fuentes renovables, la distribución local y a larga distancia, carecemos de una regulación integral para el desarrollo eléctrico basado en energías renovables, que garantice el servicio y promueva un desarrollo económico sustentable, mediante competencia regulada.
Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para producir energías renovables e interesar a compañías nacionales y extranjeras en su producción. Sin embargo, invita a los inversionistas a cruzar una cuerda floja, antes de instalarse dentro de nuestro país. El camino hacia la producción de energía renovable debe ir de la mano con políticas claras y un marco regulatorio definido, que permita la ejecución exitosa de los proyectos.