Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la importancia del recurso hídrico en nuestro país. Entre los temas de mayor abordaje, se encuentra la eterna discusión de la longevidad legal que cubre la regulación de tan apreciado recurso y la necesidad real de actualizar el marco jurídico.
En esencia, el tema de fondo ha sido el tratamiento, así como la forma en que se ha integrado la protección del agua y su óptica como derecho humano en el ordenamiento jurídico y en la práctica, entendida como el acceso, el uso y el aprovechamiento.
No obstante, la premisa que plantearé no radica en dicha discusión por cuanto es un tema sumamente comentado por los principales expositores y defensores del agua, en la que incluso la propia Sala Constitucional (a través de la jurisprudencia) ha otorgado el carácter de derecho humano a este recurso.
Ahora bien, si partimos de la premisa de que el recurso hídrico es un derecho al cual todos podemos tener acceso, ¿cuáles son los alcances reales para la sociedad actual? Hay que tomar en cuenta que la normativa data desde mediados del siglo pasado y que la situación demográfica ha aumentado sustancialmente al día hoy.
Salta a la luz la siguiente interrogante: ¿Será que el reconocimiento constitucional del agua y la reforma a la normativa del caso, podrían verse como una limitación al desarrollo de proyectos inmobiliarios o, por el contrario, podría venir a solucionar el grosor burocrático de trámites que ha dilatado el desarrollo? ¿O, peor aun, obstaculizando proyectos inmobiliarios que podrían responder al derecho a una vivienda digna para todos?
¿Qué esperamos del desarrollo inmobiliario en Costa Rica respecto a la gestión del recurso hídrico?
Protección del agua
En relación con la concientización del principio del que contamina paga y la responsabilidad por daño ambiental, muy pocas personas conocen los alcances y la importancia que debe tener cualquier desarrollador a la hora de levantar un proyecto.
No basta con el abastecimiento del recurso en los hogares, sino que además debe tomar conciencia del impacto que se tenga en los suelos, el tratamiento de los desechos y las aguas residuales en el terreno en que se desarrollen.
En Costa Rica, pocas municipalidades ostentan un plan regulador real, que prevea un desarrollo equilibrado en función de las zonas de especial protección, por tanto, es casi que de debida diligencia que quienes se dediquen al levantamiento de proyectos urbanísticos, garanticen que el impacto no afecte al ambiente y las fuentes acuíferas.
En este contexto, se desprende con suma claridad que quien dañe o afecte el equilibrio ambiental en una zona o inicie obras sobre terrenos beneficiados con fuentes de agua, es responsable por los daños que se deriven y se expone a indemnizaciones millonarias.
Los temas de desarrollo sostenible y valor económico del agua se agrupan en un sentido más comercial de forma excesiva o arbitraria, limitando el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ya que de ser así no solo se restringe el crecimiento económico y social de muchas zonas, sino que se limita la posibilidad de desarrollar el sector laboral y turístico.
Respecto al valor económico del agua y como elemento esencial para la vida, se le debe reconocer intrínsecamente como recurso natural finito.
Por lo tanto, no se puede estimar que es un recurso ilimitado. El desafío para los desarrolladores sería hacer un uso correcto y racional del recurso, así como explotar la tecnología para aprovechar las lluvias para riegos o, bien, el reaprovechamiento de aguas tratadas, con fines ajenos al consumo pero de uso complementario como el lavado de autos por ejemplo.
La creación de áreas de protección del recurso hídrico, debe ser una labor común entre los creadores de la norma, la municipalidades, los colegios profesionales y los desarrolladores, así como las cámaras afines, en donde se puedan establecer no solo las reglas correspondientes al tema, sino también se definan las mejores prácticas para cumplir con los límites en protección del agua.
Para llegar a alcanzar este compromiso y una conciencia real, se deben sentar las bases de un equilibrio adecuado para el desarrollo y protección de este preciado recurso.