Los medios noticiosos han informado la decisión del Gobierno de revisar las convenciones colectivas en el sector público, en aras de bajar el gasto que ellas representan para el erario público. Las voces de protesta ante tal medida no se hicieron esperar por parte de los sindicatos con representación en el sector público.
Pues bien, lo que intenta el Gobierno es la denuncia de estas convenciones, denuncia que no es más que el llamamiento a renegociar dichas convenciones debido a un cambio, en este caso económico, que hace imposible el mantenerlas vigentes con el presupuesto actual, pues de nada sirve lograr mejoras si estas mejoras llevan a la quiebra del empleador, con la consecuencia de quedar cesantes.
Asimismo, el Gobierno busca mediante la aprobación de una ley, estandarizar los salarios que se pagan en la Administración Pública pues es sabido que no opera el principio de igual trabajo igual remuneración, sino que muchas veces existen diferencias salariales abismales entre la Administración Pública central y las instituciones autónomas.
La negociación colectiva es una consecuencia del derecho de sindicalización, que en nuestro país adquiere el rango de derecho fundamental. Asimismo, este derecho es tutelado por la Organización Internacional del Trabajo, a la cual Costa Rica pertenece. Sin embargo, todo derecho debe ser ejercido responsablemente sin llegar a abusar de él.
A nivel de empleo público, siempre se tuvo la ventaja de que la parte patronal era el Estado, y quienes negociaban por su parte, como eventualmente se beneficiarían de lo negociado, muchas veces permitían pluses salariales ajenos a la productividad o sin justificación alguna, como por ejemplo tener un reconocimiento monetario por no llegar tarde a trabajar. Esto hizo que las convenciones colectivas poco a poco fuesen aumentando en cuanto al costo que le significaba al empleador (en este caso el Estado) mantenerlas activas. Más y más pluses salariales fueron añadidos en años futuros, muchas veces sin razón alguna.
Esto hizo que hoy, en muchas de las instituciones del Estado, gran parte del presupuesto se vaya en mantener vigentes estas convenciones, las cuales desde la década pasada no se negocian, sino que se les renueva por otro periodo su vigencia.
Hoy el Gobierno debe buscar una concertación con los sindicatos, con el fin de llegar a un acuerdo que ayude a paliar la crisis fiscal. Los sindicatos deben contribuir a esta búsqueda de la sanidad fiscal y no cerrarse en un no rotundo, sino aportar soluciones.
Ojalá algún colectivo sindical pudiese salirse del esquema de negociación sindical latinoamericano en donde lo que se hace es pedir, y experimentar con el modelo japonés en donde lo que se hace es ofrecer.
Por ejemplo, si los sindicalizados de la CCSS en lugar de salir a “defender” la institución diesen una hora a la semana gratis de trabajo porque saben que la Caja peligra, y por consiguiente sus beneficios también, otro sería el panorama. Esto se hizo el sábado 22 de setiembre, aunque no por iniciativa sindical, sino que la idea provino de la Junta Directiva de la institución. Dicha iniciativa fue un éxito y ha servido para cambiar la percepción popular hacia los empleados de la Caja.
Deben los sindicatos inculcar entre sus agremiados la lealtad hacia la institución, porque si la institución está bien, ellos lo van a estar también. Este es parte de los enunciados que se practican por los sindicalistas japoneses.
Por último, el Gobierno, para legitimar esta acción, debe asimismo revisar los salarios de los altos mandos en las instituciones autónomas, porque no es justo ni lícito pedirle a la mayoría ajustarse la faja por estar en crisis, mientras un grupo pequeño recibe salarios ajenos a la realidad nacional, justificados en que son puestos competitivos. En esto sí llevan razón los sindicatos.