Limitar la reelección de alcaldes es un antídoto parcial para la corrupción

El partido Liberación Nacional se adueñó de más del 50% de las alcaldías durante las elecciones del 2016 y 2020

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Limitar la reelección indefinida de las alcaldías locales a un periodo consecutivo por puesto es una propuesta que está en la corriente legislativa como método para prevenir la corrupción, mejorar el abstencionismo en el periodo electoral e incentivar el pluralismo político.

Pese a que esta no es la solución para evitar que los casos de corrupción se apoderen de los gobiernos locales, sí puede funcionar como un mecanismo de prevención y a su vez mejorar el sistema democrático del país.

Actualmente en la corriente legislativa hay un proyecto de ley que pretende reformar el artículo 14 del Código Municipal de la Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, en cuyo párrafo final concede de manera irrestricta a la posibilidad de reelección, convirtiendo en absoluto el derecho a ser electo.

Esta posibilidad ha hecho que alcaldes de diferentes partidos políticos puedan ser reelectos de manera indefinida. Datos del proyecto de ley presentado por varios diputados confirman que del 2002 al 2020 al menos 60 candidatos han repetido dos veces su periodo, es decir, han permanecido en el poder por ocho años seguidos en el gobierno municipal.

Este dato es aún más preocupante cuando se observa en periodos más largos. Por ejemplo, al menos 16 alcaldes estuvieron en el poder por 12 años y cinco llevan más de 20 años en el mismo gobierno local.

De acuerdo con la politóloga especialista en temas de reelección, Ilka Treminio, el proyecto de ley es necesario para poder armonizar la legislación costarricense en materia de reelección de autoridades con las disposiciones de la jurisprudencia internacional.

Es decir, limitar la cantidad de reelecciones en las figuras políticas regionales es un acto para promover la democracia y ajustarlo al marco normativo global.

La Comisión de Viena en el 2018 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron que la reelección indefinida es la que limita los derechos de los ciudadanos a ejercer el voto de manera libre, porque los presidentes, cuando están en el ejercicio del cargo, usan sus poderes para intervenir en la libertad de elección.

“Por lo que le llamo, una armonización de la legislación a la jurisprudencia internacional es porque la figura del alcalde, desde el momento en que se ideó o que se implementó en Costa Rica a finales de la década 90 se equipara, digamos, a la figura unipersonal de que el Ejecutivo en la escala territorial. Por lo tanto, si a nivel del Presidente de la República existen límites a la reelección presidencial, debe existir también al nivel de las alcaldías”, agregó Treminio.

Su presencia (de los alcaldes) de manera ilimitada en el poder refuerza los poderes de influencia y las posibilidades de corrupción que se establecen con ciertos grupos, en este caso con grupos empresariales, pero podría ser con actos aún más graves

— Ilka Tremino, politóloga especialista en temas de reelección

De acuerdo con el politólogo Gustavo Araya, la no reelección indefinida es necesaria para fortalecer el proceso democrático, pero no lo considera una solución para evitar la corrupción, para ese fin faltan controles.

“Hay procesos en donde hay injerencia de las máximas autoridades que violentan el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas. Podemos cambiar mil veces de alcalde, pero los mil que llegan pueden hacer lo mismo y se siguen presentando las mismas situaciones de que no se lleven a cabo controles”, explicó Araya.

Medidas de prevención

Tanto Araya como Treminio coincidieron en que la limitación de reelección de alcaldes no es la solución contra la corrupción, pero sí puede funcionar como un mecanismo preventivo.

Araya por ejemplo, destacó que la legislación debe tomar en cuenta medidas mucho más severas para las empresas que incurren en actos de soborno, de tráfico de influencias.

“Hay una serie de portillos por todos lados que permiten fragmentación de los servicios, licitaciones que no son transparentes o que permiten, por ejemplo, la impugnación de las licitaciones para que efectivamente las empresas se pongan de acuerdo para trasladar los procesos a tiempo futuro, eso es lo que se debe de controlar”, agregó Araya.

Treminio advirtió que las fracciones de la Asamblea Legislativa que se resisten a aprobar el proyecto de ley en este momento darían una pésima señal a la ciudadanía. Lejos de favorecer a la campaña electoral a sus candidaturas, más bien estas reacciones estarían generando un efecto negativo.

“Resistirse a aprobar este proyecto de ley es una pésima señal para el electorado y que por la falta de voluntad de generar medidas que prevengan este tipo de eventos”, expresó.

Liberación lleva la delantera

Históricamente el Partido Liberación Nacional (PLN) ha llevado la delantera en términos de alcaldías. Por ejemplo en las elecciones del 2016, colocó 50 jerarcas en las diferentes cantones. Para el periodo siguiente si bien perdió siete gobiernos locales, se mantuvo como el principal partido con presencia en las alcaldías.

Seguidamente está el partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC) que durante los último dos periodos se dejó al menos el 20% de las alcaldías.

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Congreso a favor

El proyecto de ley fue presentado por una serie de diputados y diputadas de diferentes partidos políticos, entre ellos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Restauración Nacional, Unidad Social Cristiana, Integración Nacional y algunos diputados independientes.

No obstante, ha presentado algunas diferencias de criterios a lo largo de su discusión, las cuales ponen en riesgo la aprobación del proyecto de ley.

La diputada del PAC, Carolina Hidalgo, explicó que las reelecciones en las elecciones municipales le quita la oportunidad de renovar liderazgos lo cual debilita la escala de decisión de gobernanza de ese nivel. Además aseguró que sobre la posibilidad de revisar el texto siempre hay espacio dentro del plenario y se puede llegar a algún consenso, por lo que no ve porqué no avanzar cuanto antes con esta reforma.

Por su parte Jonathan Prendas considera que aquellas organizaciones cuyos representantes defienden la reelección indefinidas de sus alcaldes deberían repensar su posición, y a la luz de los últimos acontecimientos, permitir que la renovación de los líderes se realice al finalizar cada periodo de una manera transparente.

“No es un proyecto al que se le puedan hacer muchas modificaciones, es un único artículo y es cuestión de tomar una decisión. Decidir si se quiere parar la reeelección indefinida de alcaldes o no. La modificación de esta ley es de dos reglones y no veo espacio para muchas modficaciones” advirtió la diputada del PUSC, María Inés Solís.

En el partido Liberación Nacional hay opiniones divergentes, pese a que cinco de los proponentes son de esta bancada. La jefa de la fracción liberacionista, María José Corrales, indicó que no existen conflictos ni diferencia de opiniones.

“Lo que ocurrió fue que a mí no me consultaron si consideraba viable o no acelerar la aprobación de la iniciativa, lo que al parecer sí hicieron con otros jefes de fracción y de ahí hicieron una interpretación que no es verdadera. La posición de Liberación Nacional es que estamos de acuerdo con el proyecto, es importante y esperamos que se apruebe con prontitud”, expresó Corrales.

Es común que en la Asamblea Legislativa, esta etapa posterior a la salida del proyecto de la Comisión, sea aprovechado por las fracciones para analizar si al texto base se le hicieron cambios o si se requieren hacer modificaciones. Esa es en la etapa en la que según la liberacionista Yorleny León se encuentra la propuesta de ley.

“Se están considerando las posibles mociones vía artículo 137 que podrían presentársele para mejorar la propuesta y garantizar ciertos aspectos que son necesarios considerar, para que la reforma se pueda ejecutar debidamente”, agregó León.