No hay marcha atrás. La discusión que se fraguó desde setiembre del 2016 sobre la necesidad de crear un registro de accionistas, actualizado y moderno, que permita al Gobierno conocer quiénes son los beneficiarios finales de las empresas, llegó a su etapa definitiva.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales –para llamarlo por su nombre correcto– entrará en funcionamiento a partir de marzo de este año.

Las reglas del juego, o al menos un adelanto de ellas, ya fueron reveladas por la Dirección General de Tributación (DGT) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), que emitieron un borrador de la resolución que permitirá instrumentalizar esta herramienta.

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Las dos instituciones tienen todo el mes de enero para publicar la resolución final que dictará y aclarará los detalles del registro de accionistas.

¿Dudas? Hasta el momento, muchas. El Gobierno puso el borrador de la resolución en consulta pública para recibir comentarios y observaciones de los diferentes interesados. El plazo para sugerir cambios al texto concluyó el 17 de diciembre de 2018.

Puntos básicos

¿Qué es? El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales es una plataforma digital que estará a cargo del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esta institución lo habilitará en el portal web de Central Directo.

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La información que suministren las personas jurídicas (sociedades anónimas, con responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comandita, extranjeras o civiles) permitirá crear una gran base de datos que revelará quiénes son los accionistas y beneficiarios finales que tienen participación sustantiva en las diferentes empresas que operan en el país.

¿Quiénes participan? La Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada el 14 de diciembre del 2016, establece que todas las personas jurídicas, fideicomisos, administradores de recursos de terceros y organizaciones sin fines de lucro, deben aportar información obligatoriamente.

En la primera fase de implementación solo se le solicitarán los datos a las personas jurídicas debido a que es la única plataforma digital que se ha desarrollado hasta el momento. En el futuro se deben crear sistemas para pedir la información a los otros obligados que establece la Ley.

¿Cuándo? El registro de accionistas empezará a operar en marzo de 2019. Como se trata de la primera vez que se pone en marcha el mecanismo de recolección de datos, el proceso será escalonado por meses de acuerdo con el último dígito de la cédula jurídica.

De esta forma, por ejemplo, una sociedad anónima cuya cédula jurídica termine en cuatro, tendrá que llenar la información en el registro hasta julio de este año.

Para los siguientes años se abrirán dos plazos. La declaración ordinaria se presentará del 1 al 30 de abril, y la extraordinaria, se hará en los siguientes 15 días después de que una sociedad anote en el libro respectivo que alguno de los propietarios de las participaciones igualó o superó el 15% del total del tipo registrado, pueden ser comunes, preferentes u otras.

¿Dónde se hace la declaración? En la página web Central Directo del BCCR se habilitará una plataforma específica para este fin. La base de datos y la información estarán bajo la custodia del BCCR y solamente las autoridades de la DGT y el ICD tendrán acceso a la información proporcionada por las personas jurídicas.

¿Por qué el registro? No es una novedad. El artículo 137 del Código de Comercio creó una especie de registro de accionistas en el que se deben incluir nombres, nacionalidades, domicilios, acciones y movimientos de cada accionista. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta base de datos no existe en el país.

José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo al que Costa Rica espera adherirse, señaló en febrero del 2016, durante una comparecencia en el Congreso, que en el mundo existen registros de este tipo desde hace mucho tiempo.

“Ustedes no van a ser pioneros, originales o diferentes, simplemente se van a poner al día de lo que ya están haciendo todas las democracias modernas”, sentenció el jerarca de la OCDE en la Asamblea Legislativa.

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El registro pretende obtener información para identificar quiénes son los accionistas y beneficiarios finales de las participaciones en una empresa.

Estos resultados le permitirán a Hacienda detectar posibles estructuras para evadir el pago de impuestos, y al ICD, eventuales casos de legitimación de dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.

¿Cómo se obtiene la información? El sistema elaborado por el Banco Central de Costa Rica procesará de forma automática la información suministrada por los representantes de las personas jurídicas. Este software combinará las declaraciones y calculará los datos de las participaciones y beneficiarios finales de cada sociedad.

La nebulosa

Durante la discusión de cómo y cuándo se debía implementar el registro de accionistas, los líderes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunciaron en contra de esta iniciativa.

Eso quedó atrás, pero las empresas –dentro y fuera del país– tienen dudas sobre algunos detalles de la puesta en marcha de esta plataforma.

Laura Montero, directora de Deloitte Legal, aseguró que las principales sombras se ciernen sobre el atraso de la DGT y el ICD en la publicación final de la resolución. “Se esperaba que estuviera lista y entrara en vigor desde el pasado 1.° de enero”.

“En términos generales, el borrador de la resolución es escueto y limitado. Quedan dudas sobre si la información requerida es o no pertinente”, comentó Montero.

Para Adelina Villalobos, socia de BLP Legal, las mayores dudas de los clientes, dentro y fuera del país, se centran en el uso del certificado válido de firma digital que solo está disponible para Costa Rica.

“Hay muchos clientes que tienen empresas grandes fuera del país, como es el caso de multinacionales, que utilizan otros mecanismos de firma digital que son válidos en otras partes del mundo”, comentó.

La abogada dijo que las empresas tienen preguntas sobre el proceso para autorizar a una persona física para que haga la declaración de información en el registro de accionistas.

Lo cierto es que las empresas nacionales y extranjeras con operaciones en Costa Rica, las firmas de abogados y los asesores que representan a las compañías en el país, están a la espera de que el Gobierno publique la resolución final que aclarará los nublados sobre el registro de accionistas y su implementación. Al menos, esa es la expectativa.