Conociendo ya el resultado de la elección presidencial, y con independencia del mismo, es dable traer a la mesa nuestras preocupaciones (al menos dos de ellas) en materia fiscal.
Primera: La propuesta de reforma que está en la mesa de los actuales legisladores, se enfoca en lo urgente, que es la recaudación, pero no en lo necesario, que es la avivar la economía.
En ese sentido, se ha omitido todo estímulo fiscal a los contribuyentes, (depreciaciones aceleradas para activos nuevos, deducciones adicionales por ampliación de la planilla de empleados, deducción de las pérdidas de ejercicios anteriores, etc.). Si bien es cierto estos estímulos generan inicialmente, una menor recaudación, este primer efecto es solo temporal. A la larga, estos incentivos, llevan a los contribuyentes a invertir más y generar mayores utilidades.
Estas herramientas hoy, son ajenas a nuestra ley (solo se permite deducir el doble del salario pagado a personas con minusvalías), y esta situación obedece a una visión miope del legislador y de quienes han dictado la política fiscal de este país.
Segunda: Resulta necesario, revisar el Título VI del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para fortalecer los derechos y garantías de los contribuyentes. Estos, han quedado simplemente impresos en el papel, pues la agresividad de la Administración Tributaria es palpable.
Las interpretaciones de esa Administración, agresivas e ilegales, han hecho que los contribuyentes, estén a merced del ánimo urgente de la recaudación. Esta situación, se refleja en el alto número de casos que el Poder Judicial declara con lugar a favor de los administrados y en contra de los ajustes que esa Administración dictó en los procesos de fiscalización.
SI bien es cierto, el interés del próximo gobierno será aprobar las reformas que garanticen el incremento de los ingresos, los temas que aquí apuntamos no pueden dejarse de lado, debiendo revisarse los mismos en una reforma posterior.