El futuro del proyecto de Ciudad Gobierno está en medio de nublados aún por disipar. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Planificación (Mideplán) quieren mantener la marcha para construir el complejo, pero antes esperan dirimir dudas con la Contraloría General de la República (CGR).
La CGR remitió al Mideplán y al Ministerio de Hacienda el oficio DFOE-FIP-0354, con fecha del 4 de setiembre y titulado “Advertencia relacionada con el trámite del Proyecto Ciudad Gobierno”, en el que expone una serie de argumentos por los que considera ilegal el esquema pactado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para desarrollar el proyecto.
En febrero el Ejecutivo presentó su propuesta de Ciudad Gobierno, con un nuevo diseño arquitectónico pero también financiero. La construcción se propone hacer bajo la modalidad BOLT (del inglés build, own, lease, transfer) que significa que el BCIE se encargará de construir, operar y alquilar el proyecto al Estado costarricense por 25 años hasta transferirlo al país.
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“La CGR se encuentra analizando una denuncia relacionada con el financiamiento del proyecto Ciudad Gobierno. Siendo que el desarrollo de dicho proyecto es de gran relevancia para el país, se consideró relevante emitir una advertencia relacionada con el trámite de dicho proyecto”, comentó la CGR ante consulta de EF.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, confesó que el parecer de la Contraloría los tomó por sorpresa. La respuesta del Gobierno fue solicitar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una audiencia ante la CGR; ambas solicitudes esperan respuesta.
Este recurso es de doble propósito. Significa que se pide una revisión de la decisión por parte del departamento específico y, de mantenerse el criterio, sigue una apelación para que lo vuelva a revisar la máxima autoridad que, en este caso, es la contralora, Marta Acosta.
Fernández se mostró suspicaz sobre el planteamiento de la CGR, al que llamó un “documento particular” y reclamó que no se ha seguido el proceso ordinario, sin una auditoría y la revisión del expediente.
“Es curioso porque se llama ‘advertencia’, normalmente la Contraloría genera disposiciones. Pero si usted la lee, parecen disposiciones. Nos advierte de no continuar con la ruta que estábamos pensando, aunque nos encontramos en una etapa preparatoria. Yo lo interpreto como un acto administrativo de suspensión”, declaró la jerarca.
Entre los argumentos que el Gobierno quiere defender es que se han desarrollado otros proyectos en el país con modelos similares, que la misma CGR ha promovido el uso de nuevas nuevas modalidades de contratación y que se trata de un proyecto que generará retornos económicos del dinero público.
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En febrero, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, mencionó que esta modalidad solo tiene un antecedente en Costa Rica y en la historia de la entidad: el proyecto geotérmico Pailas I, que ahora pertenece al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Este esquema con el BCIE es uno de los puntos de desencuentro. La CGR objeta que el contrato trasciende la figura de arrendamiento regulada en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (9.986)y que no resulta posible que se le ceda al Estado el uso y goce de un bien que ya es de su propiedad.
Parte de los terrenos que se piensan usar para Ciudad Gobierno está en manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pues es su sede principal actualmente.
La ministra reconoció que el esquema con el BCIE es solo una de las opciones que barajaron y la que encontraron más apta dadas las características del proyecto y la situación fiscal del país. Fernández dejó ver que están abiertos a echar atrás con el BCIE y buscar otro modelo.
“Nada está escrito en piedra (...) Nosotros no vamos a aflojar, sea con el modelo que estábamos vislumbrando como el más adecuado o sea con otro”, expresó Fernández.
La CGR también acusó falta de documentación para garantizar el cumplimiento del marco jurídico que rige la contratación pública, entre esos una descripción y estimación del costo o el cronograma de tareas.
Fernández respondió que la coordinación de Ciudad Gobierno pasó del Ministerio de Vivienda al Mideplán, por lo que parte de los documentos se están digitalizando y otros están en construcción.
Terreno de la discordia
El parecer de la Contraloría no es el único frente abierto para Ciudad Gobierno. Una de las manzanas necesarias para su construcción sigue en discordia.
En resumen, el Liceo de Costa Rica era dueño de un terreno que alquilaba al MOPT y que es necesario para el complejo gubernamental. Con ese alquiler, el Liceo sufragaba algunos gastos.
Tras días de conflicto, el 5 de junio la Junta Administrativa del Liceo firmó el traspaso del terreno al Ministerio de Educación Pública (MEP), luego de que esta entidad se comprometiera a asumir por 25 años esos gastos que se pagaban con el ingreso del alquiler.
Pero eso no quedó ahí, representantes estudiantiles acudieron a la Sala Constitucional, que admitió en agosto un recurso de amparo contra esta decisión.
“Lo que no es de recibo es que no le den al Liceo su condición de propietario y pretendan despojar una propiedad vía reglamento, la cual fue otorgada al Liceo por ley”, manifestó en ese momento Francis Tejada, representante de los estudiantes, al diario La Nación.
Consulta por EF, Fernández dijo que confiaba en que ese tema avanzara sin problemas. No obstante, un día después (19 de setiembre) se dio a conocer que el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó establecer una medida cautelar sobre dicho terreno, conocida como “anotación de demanda al margen del asiento registral” de la finca. La anotación impide que el traspaso se efectúe.
Los demandantes exigen que se declare la nulidad sobre el convenio que dio pie al traspaso. Mientras tanto, el recurso de amparo sigue en revisión.
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“Escrito en piedra”
A pesar de los traspiés, para la jerarca de Mideplán lo que sí está escrito en piedra es el avance de Ciudad Gobierno, pues lo considera una prioridad.
“Son demasiados los retornos económicos y sociales para el país como para que tiremos la toalla ante el primer tropezón”, aseveró Fernández.
La meta planteada era empezar la preparación de los terrenos antes de terminar este año, pero los recientes tropezones podrían generar atrasos. La continuidad del cronograma dependerá de la modalidad de contratación que finalmente se escoja, pero la ministra confía en aclarar los nublados con la CGR para avanzar lo más pronto posible.
En febrero, el Gobierno desveló la propuesta ganadora del concurso de ideas arquitectónicas y urbanísticas que servirá de base para Ciudad Gobierno.
La propuesta ganadora se bautizó como Parque Cívico Metropolitano y proviene de Micucci Arquitectos Asociados, una firma de arquitectura y diseño urbano basada en Caracas, Venezuela.
En este momento el proyecto está en estudios previos y a la espera de su inscripción dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública. Una vez inscrito, el proyecto recibe un código. Paralelamente, hay sesiones semanales de la Comisión de Ciudad Gobierno y están pidiendo criterio técnico de Contabilidad Nacional sobre el tipo de arrendamiento requerido.
El de Rodrigo Chaves es el tercer gobierno que intenta sacar adelante Ciudad Gobierno. La idea tomó fuerza en 2014 pero detuvo su ritmo en años posteriores hasta que la anterior administración de Carlos Alvarado retomó la idea. Sin embargo, el impulso quedó en el papel.