Menos de nueve horas habían transcurrido desde que un grupo de sindicalistas de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) paralizó los puertos de Moín y Limón, el miércoles pasado, cuando el Gobierno decidió intervenir para reabrir el ingreso a los muelles.
Menos de 24 horas después de que Ronaldo Blear, líder del Sindicato de Japdeva (Sintrajap), ordenó bloqueos en protesta por el avance del proyecto de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), el Poder Ejecutivo ya había conseguido obreros temporales para reanudar las operaciones de carga y descarga.
Los puertos de Limón representan el punto de salida del 82% del volumen total de las ventas al exterior.
De esta forma y en horas, el Gobierno enfrentó su primer conflicto sindical endémico.
No se trató de cualquier gresca, sino de una disputa que cumplirá seis años en enero del 2015 y que involucra al proyecto de infraestructura más grande que el país ha emprendido en su historia a un costo de $1.000 millones
Antes, el Gobierno resolvió una larga huelga de educadores.
Sin embargo, ese paro inició en los días postreros de la administración pasada.
Las acciones gubernamentales para garantizar rápidamente el funcionamiento de los muelles ahorraron a los empresarios millones de colones en costos diarios derivados del retraso causado por Sintrajap.
Planeado o no, en Moín el Gobierno logró achicar la brecha que lo separa de las cámaras empresariales desde el 8 de mayo, cuando Luis Guillermo Solís asumió el poder.
Como consecuencia de esos hechos, al menos por un día la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) dejó de lado sus reproches al Gobierno, para trocarlos por una manifestación de “apoyo absoluto” a las decisiones del presidente para enfrentar la huelga de Sintrajap.
El ministro y los empresarios
Gracias a lo que ocurrió en Moín, la cúpula empresarial, temerosa del rumbo que fijó el Gobierno “del cambio”, se puso a disposición de Casa Presidencial.
Una cordialidad difícil de imaginar si el día se hubiera sacado por la víspera de los 100 días de Solís en el poder, momento que atizó los juicios negativos de Uccaep.
El giro ocurrido la semana pasada fue en doble vía.
A finales de setiembre, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, marcó un derrotero de gobierno desde las páginas de EF.
Jiménez afirmó, entonces, que por años el país había sesgado su ayuda en favor de los grandes empresarios, decisión que la administración Solís pretendía revertir en beneficio de los pequeños y medianos emprendedores, hasta ahora limitados para exportar.
Empero, con el afán de evitar perjuicios mayores a los grandes empresarios, Jiménez se apresuró a coordinar acciones junto con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco). Esta organización agrupa a gran cantidad de firmas que alcanzaron el mercado mundial gracias al sesgo en la política pública que el ministro señaló sin hacer gala de circunloquios.
La apertura de Jiménez y la actuación en Moín acarreó elogios para el Gobierno de parte de la presidenta de Cadexco, Laura Bonilla, crítica de lo hecho hasta ahora por Solís y su Gabinete.
“Apoyamos la decisión del Gobierno de no ceder ante la protesta sindicalista (...). Estamos en un mundo globalizado donde necesitamos un puerto que apoye la internacionalización que hemos procurado en nuestro país”, subrayó Bonilla en un comunicado en favor del Ejecutivo.
Beneficiosa casualidad
Pero esas señales no deben asumirse como un guiño de Zapote hacia el sector patronal, en criterio del ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexander Mora.
De acuerdo con el titular de Comex, las decisiones de la semana anterior en contra del paro no son más que el producto del “respeto absoluto” que el presidente Solís Rivera tiene hacia el estado de Derecho.
Mora dijo que el ejemplo del mandatario abarca varias dimensiones, entre ellas la seguridad jurídica al respetar la decisión de los Tribunales que avalaron el contrato de concesión de la TCM entre el Gobierno y APM Terminals; la observancia de su juramento constitucional en favor de las leyes, y la garantía de libertad de tránsito de todos los ciudadanos.
“Es una coincidencia que en este caso esas acciones estén alineadas con los intereses del sector empresarial. Pero, si hubieran estado en contra de los empresarios, el presidente hubiera actuado con igual firmeza”, señaló.
En un comunicado posterior, Solís reforzó lo dicho por Mora.
“Sin un compromiso claro, contundente y constatable con la seguridad jurídica, Costa Rica carecerá de la credibilidad necesaria para atraer inversiones”, señaló el gobernante.
El argumento ganó el aval del empresariado pero desestabilizó la buena relación que había cosechado Solís con los sindicatos, que lo responsabilizaron por la violencia en Moín.
¿Actuó el Gobierno con cálculo a favor del empresariado? El tiempo lo dirá.
Lo que sí está claro es que en una coyuntura social y política volátil, Solís deja ver pistas de que su intención es aglutinar el apoyo de todos los sectores.
TCM: gigante dormido
La TCM es el proyecto más costoso y ambicioso bajo concesión actualmente. Se licitó desde el 2009 pero aún no arranca su construcción.
TCM
$1.000 millones
La terminal operará las 24 horas, todos los días del año para atender barcos con capacidad de hasta 8.500 contendores. Daría empleo a entre 450 y 1.000 personas.
Puerto Caldera
$30 millones
El Estado concesionó el transbordo y almacenamiento de granos y graneles secos, la gestión de servicios portuarios y la del servicio de remolcadores.
Aeropuerto Liberia
$35 millones
La concesión del Daniel Oduber es hasta por 25 años. En el 2012 se inauguraron nuevas instalaciones de 23.000 metros cuadrados donde se atienden 1.500 pasajeros.
San José-Caldera
$230 millones
Concesionada a 25 años plazo, la carretera se extiende un total de 78.60 km entre San José y Puerto Caldera. Fue inaugurada el 27 de enero del 2010.
Fuente Consejo Nacional de Concesiones.