La OCDE publicó el mes pasado un informe denominado “Moral Fiscal: ¿qué motiva a las personas y los negocios a pagar impuestos?”, en el cual se presenta el resultado del estudio realizado en diversos países en vías de desarrollo, sobre la motivación que conlleva el pago de impuestos por parte de los contribuyentes.
El tema resulta de vital importancia en la mayoría de países, dada la necesidad de incrementar la recaudación fiscal y disminuir las prácticas evasivas y elusivas de los contribuyentes.
El estudio distingue entre las consecuencias y recomendaciones en relación con las empresas y las personas físicas. De esta forma, establece que para las empresas lo más importante es la certeza jurídica. La incertidumbre jurídica afecta directamente las estructuras de negocios, incrementa los costos de inversión y genera salidas del país de muchas empresas. Por ello, ante la inseguridad jurídica, el pago voluntario de parte de las empresas será escaso.
En cuanto a las personas físicas, establece una relación entre el desempeño efectivo del Gobierno con una moral fiscal elevada. Es decir, si el individuo califica de manera favorable la actuación del Estado, se tiene mayor posibilidad de un pago voluntario. Por su parte, la edad, el nivel de educación, el género y la religión afectan la moral tributaria: las personas de mayor edad, con educación formal y de género femenino, suelen pagar más que los jóvenes, las personas sin educación formal o los hombres.
No obstante, basta repasar la realidad nacional para poder concluir –al menos de manera informal– que no existe un gran incentivo o motivación en el cumplimiento fiscal voluntario.
Las empresas viven una constante incertidumbre fiscal en relación con la mala u omisa normativa, los constantes cambios, ausencia de criterios o arbitrariedades por parte de Hacienda, junto a un proceso de implementación de la reforma que no ha sido el mejor.
Por su parte, la mínima –por no decir inexistente- educación fiscal que reciben los niños y jóvenes en nuestras escuelas, colegios y universidades, es una de las mayores contradicciones en nuestra realidad nacional: exigimos cumplimiento, pero no educamos para ello.
Y por último, observamos un aparato estatal y gubernamental ineficiente, caro, con privilegios y aislado de la realidad fiscal del país. Por ello, la mejor reforma fiscal será aquella que genere certeza, eficiencia en el gasto y educación fiscal, y con ella si aumentará sustancialmente la moral tributaria en el país y la recaudación.