El sistema de educación pública está en crisis y apenas cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años acceden a la universidad. La tasa de desempleo juvenil alcanzó un 27,4% en el segundo trimestre de 2023: unas tres veces más alta de la ya de por sí elevada tasa de desempleo general. Y cuatro de cada 10 víctimas de homicidios en el país son jóvenes de entre 18 y 29 años que mueren como víctimas colaterales del crimen organizado o por sus actividades en este.
Costa Rica es un mal país para ser joven y los números lo confirman.
A esas complejas realidades se suman otros cuantos problemas estructurales que afectan a todos, pero que se ensañan con quienes estudian o apenas empiezan su vida laboral.
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Entre ellos, el acceso a vivienda propia es limitado, los medios de transporte público son deficientes y la educación financiera es casi inexistente, en un contexto que ofrece pocas opciones de éxito profesional y escasos recursos para concretarlas.
El escenario es desolador cuando se hace una radiografía del contexto costarricense para su población de entre 15 y 34 años, la cual representa un tercio del total de habitantes del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Crisis educativa
Sería imposible hacer un análisis sobre la situación de la juventud en Costa Rica sin hablar de educación.
En ese campo, se sabe que el país sufre una crisis con pocas o nulas señales de mejora, tal como determinaron los últimos dos informes del Estado de la Educación, publicados por el Programa Estado de la Nación (PEN) y sus investigadores en septiembre de 2021 y julio pasado.
Este think tank —auspiciado por las rectorías de las universidades públicas— se basó en mediciones del Banco Mundial para afirmar que los estudiantes costarricenses de primaria y secundaria experimentan un rezago de hasta dos años de aprendizaje en la actualidad: una brecha que es la más alta entre todos los países de América Latina y que, en el caso de muchos alumnos, será difícil o imposible de cerrar.
A ese rezago acumulado en los últimos cinco años se suma que Costa Rica ya sufría carencias educativas desde antes. Ellas se evidenciaban en los resultados de pruebas internacionales estandarizadas que se aplicaban antes de la pandemia de covid-19, como las pruebas PISA.
El rezago ocasionado por la pandemia de covid-19 y por las huelgas de educadores,contra proyectos como la reforma fiscal de 2018 o el plan para regular las manifestaciones sociales en 2019, solo profundizaron el deterioro; pero no lo iniciaron.
Hay cifras que ya demuestran los efectos de los rezagos educativos.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó pruebas nacionales estandarizadas de carácter diagnóstico a inicios de este 2023, para determinar la profundidad de la crisis. Solo un 18,75% de los estudiantes de último año de colegio logró un desempeño “avanzado”; mientras que hasta un 50,21% se quedó en el punto más “básico” y otro 31,04% alcanzó un nivel “intermedio”. Al respecto, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, afirmó estar “contenta” porque se esperaban resultados incluso peores.
Los investigadores del PEN suponen que la actual crisis en escuelas y colegios públicos es un lastre que golpeará al grueso de la población por mucho tiempo.
Los investigadores de esa entidad alertaron de que en el país hoy hay niños de hasta 10 años que no saben leer ni escribir todavía; y hasta tres de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años se gradúan del colegio pero no continúan con su formación en la universidad. En otras palabras, un gran porcentaje de la población acarreará sus rezagos para el resto de su vida laboral y aún no existen planes remediales estructurales firmes a nivel nacional.
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Según recordó la coordinadora del informe del Estado de la Educación, Isabel Román, esos rezagos que perduran más allá del ciclo educativo son un fenómeno que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) suele llamar “efecto cicatriz”.
“Las generaciones que ya salieron, que están en la universidad o en el mercado laboral, ya tienen esos rezagos (...) no es una cicatriz, es una herida abierta”, afirmó la investigadora, en una entrevista que brindó a Telenoticias, de Televisora de Costa Rica, el 31 de agosto.
Y a los rezagos en la malla curricular, se suma la debilidad del Estado para garantizar condiciones básicas a los estudiantes en su entorno educativo.
En total, el Estado ha dejado que se acumulen más de mil órdenes sanitarias sobre las instalaciones de escuelas y colegios y, en los últimos años, el propio MEP reconoce que se ha dejado de cubrir espacio presupuestario para becas, transporte escolar y otros rubros, los cuales han dejado de priorizarse ante la estrechez fiscal de la Hacienda pública, que ha comprimido la inversión en educación.
Desempleo y pobreza latentes
Las malas señales educativas se trasladarán a un mercado laboral que ya muestra señales de insuficiencia.
Según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo entre personas de 15 a 24 años es de un 27,4%. Ese nivel representa unas tres veces la tasa de desempleo nacional, que cerró agosto pasado en un 8,8%, y es el registro más alto de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al desempleo juvenil se suma el fenómenos de la población joven que no estudia, ni trabaja.
En el país, el INEC estima que hay más de 142.000 personas en esa condición, de entre las cuales 54.000 dicen buscar activamente un trabajo sin encontrarlo y 25.000 dicen tener obligaciones familiares que prevalecen.
La mayoría de estos jóvenes (unos 109.000 de ellos) alcanzaron un nivel educativo de secundaria completa o incompleta, pero que no continuaron estudiando por barreras económicas o sociales.
Estos datos abonan una tierra que ya de por sí es fértil para los problemas sociales. La pobreza alcanza actualmente a más de una quinta parte de la población costarricense (un 21,8% en 2023), pero el registro es más alto entre menores de 18 años.
La tasa sube a un 40% entre los estudiantes de cuatro a 18 años, según recogía el último informe del Estado de la Educación: en consonancia con los datos que ya situaban al país como la nación con un mayor índice de pobreza infantil entre los 38 miembros de la OCDE.
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Inseguridad creciente
En este contexto de falta de oportunidades, además, se desenvuelve una crisis de inseguridad sin precedentes, que ya hace de 2023 el año más violento y con una mayor cantidad de homicidios en la historia de Costa Rica.
En este campo, la población más joven también es la más afectada de manera directa.
Si se revisan los datos oficiales, las personas jóvenes son las que más derraman sangre por homicidios. Algunos mueren como víctimas colaterales de actividades delictivas; pero otros también lo hacen por su participación directa en estructuras de crimen organizado, que les atraen a través de señuelos como dinero, aparatos electrónicos o vestimenta.
Un reciente estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana encontró que, con base en datos suministrados por el Poder Judicial, entre 2015 y 2020 hasta un 42,1% de las víctimas de homicidio tenían edades de 18 a 29 años. Es decir, cuatro de cada 10 personas que murieron en homicidios eran jóvenes de ese rango de edad; a pesar de que ese grupo de la población representa menos de una cuarta parte de la población general en el país.
El investigador de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Danny González, explicó que muchos jóvenes también ingresan a organizaciones criminales tras ser reclutados en sus propios centros educativos, aprovechando condiciones de vulnerabilidad social.
La versión de González la replicó semanas después del director del OIJ, Randall Zúñiga, en entrevista con La Nación: “Los menores de edad en Costa Rica que están participando de estos grupos criminales no tienen la socialización completa, tuvieron la covid-19 de por medio, que generó una gran exclusión a nivel escolar. No pudieron terminar la forma de relacionarse con otras personas. Lo que le quiero decir es que son fácilmente manipulables por un por tercero, por un mayor de edad”, explicó.
Costa Rica superó desde finales de septiembre pasado los 654 homicidios. Esto implica un récord nacional, a falta de un trimestre completo para concluir el año.
El OIJ proyecta que este 2023 el país cerrará con más de 900 registros. De concretarse esa estimación, el aumento del acumulado sería de un 65% en solo cuatro años y la tasa de homicidio sería de hasta 18 por cada 100.000 habitantes: un récord histórico para el país y una cifra cercana a la de naciones reconocidas por altos niveles de criminalidad como Brasil o Guatemala.
Vivienda y otras pesadillas
Los jovenes enfrentan otras barreras que ya son sobradamente conocidas para toda la población costarricense, pero que tienen efectos especialmente importantes y duraderos para los más jóvenes en del país.
Uno de los más sonados es la dificultad para acceder a una vivienda propia. En este campo las opciones de crédito son costosas, principalmente cuando se busca una opción en solitario (no en pareja).
Si se toman como referencia las opciones del Banco Nacional (BN) o del Banco de Costa Rica (BCR), según sus calculadoras de referencia en línea, la cuota para obtener un crédito de vivienda por ¢50 millones parte de los ¢364.000 mensuales a 30 años plazo, aproximadamente.
Ese monto es alrededor de tres cuartas partes del ingreso promedio de los costarricenses (¢489.000), según las mediciones oficiales.
Además, es previsible que los costos de la tierra no hayan dejado de subir en los últimos años como parte del proceso de industrialización y urbanización que vive el país desde finales del siglo pasado. Según una investigación publicada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), apenas un 4% del territorio costarricense se podía considerar urbano hacia inicios de siglo; pero ese porcentaje no ha dejado de crecer desde entonces y es común que los procesos de urbanización revaloricen la tierra.
A las carencias en educación, empleo, seguridad y vivienda se suman otras menos evidentes.
Problemas como la ineficiencia del transporte público dificulta a personas jóvenes desplazarse para ampliar sus oportunidades laborales y educativas; mientras que otras cuestiones de formación, como la casi nula educación financiera, dificultan la toma de decisiones estratégicas con el uso de recursos que son limitados.
Esta deficiencia es una fuente de estrés diaria para miles de personas en Costa Rica, donde más de la mitad (54%) de los hogares no logran ahorrar un solo centavo a fin de mes.
La situación es compleja para todos en Costa Rica, pero parece casi un laberinto para quienes tienen menos años y buscan mejorar sus condiciones de vida mientras se van haciendo mayores.
Los números hablan de una juventud para la que no existe una ruta clara todavía, pero sí muchos callejones sin salida.