Al inicio de la escalada homicida en Costa Rica, el Gobierno llamó a la calma e intentó bajarle el tono a la conversación. El presidente Rodrigo Chaves llegó a insinuar que las personas de bien no tenían tanto de qué preocuparse y atribuyó el aumento de las muertes a la actividad de integrantes de pandillas que “se mataban entre ellos”.
El mandatario también acusó a “algunos que ustedes conocen, incluyendo medios de prensa”, de querer dibujar una crisis donde solo decía ver un problema crónico.
La realidad ha demotrado ser mucho más compleja.
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El número de personas que fallecieron en 2023 como víctimas colaterales creció a un ritmo superior que el resto de los homicidios registrados en el país. Por víctimas colaterales nos referimos a personas que fueron asesinadas por error de sus victimarios, en medio de balaceras o ajusticiamientos, sin ser el objetivo real de la actividad criminal.
También aumentaron las amenazas en contra de autoridades como policías y jueces. Si se revisan los diarios de las últimas semanas, se han hecho cada vez más comunes las noticias sobre disparos en contra de sus delegaciones, sus vehículos y sus casas de habitación; y hasta se han registrado casos de asesinatos y emboscadas de oficiales.
El dato se impuso al relato.
Víctimas colaterales
Ejemplos de víctimas colaterales sobran.
El 28 de enero de 2023, Sigrid María Chaves González falleció por el impacto de una bala perdida. La mujer de 42 años estaba en un salón comunal, en Hatillo, cuando un proyectil la alcanzó. Ella no era el objetivo del ajusticiamiento. Había salido para trasladar a unos vecinos suyos, menores de edad, a una fiesta de cumpleaños.
El domingo 26 de febrero de 2023, una bala perdida también provocó la muerte de Samuel Arroyo Valverde: un niño de ocho años e hijo de una policía. Él recibió un impacto de bala en su casa, en Zapote, mientras dormía. El proyectil se disparó a más de un kilómetro, pero el arma utilizada fue de largo alcance (una AK-47), según las autoridades.
El 25 de abril de 2023, Clisman Bravo Martínez recibió otra bala perdida producto de un ajusticiamiento. Era un joven de 25 años que vivía en Siquirres. No tenía antecedentes penales y había salido a comprar alimento para sus mascotas.
El 16 de mayo de 2023, Juan Ortiz Rivera fue impactado por una bala en su cabeza. Era conserje de una escuela en Limón, estaba sujetando el bulto de una menor cuyo padre fue asesinado.
El 15 de octubre de 2023, David Silva Rivera recibió un disparo en su espalda. Tenía 28 años y trabajaba como conductor de una mototaxi. Tampoco había cometido ningún delito. Solo había sido testigo de un doble homicidio en Nosara y los asesinos no querían dejar rastro.
Estos son cinco de las 52 víctimas colaterales que fallecieron en 2023: un número que se septuplicó en los últimos dos años, según los registros oficiales.
El aumento de este tipo de homicidios accidentales es exponencial e incluso supera el comportamiento de las cifras de homicidios generales, los cuales aumentaron un 54% en el mismo período.
Según el profesor norteamericano de investigación en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Evan Ellis, las víctimas colaterales deben interpretarse como una señal de alerta más que como una consecuencia inevitable del crimen organizado.
“En muchos países de la región existió la tendencia de decir ‘esto es entre las bandas, pero mientras nos quedemos en nuestros barrios seguros o no nos metamos en esto, podemos ignorar la violencia’. Pero este daño colateral obliga a tomar en serio las implicaciones de seguridad pública”, comentó en entrevista con EF.
Sin embargo, el reto es gigante y la tendencia homicida de 2023 se mantuvo en los primeros meses del 2024. Hasta el 8 de abril, el país registraba 246 homicidios, de los cuales 11 correspondían a víctimas colaterales. Si este ritmo continúa, las cifras de este año podrían ser similares a las del período pasado.
A las muertes hay que sumar los casos de personas que no mueren, pero resultan heridas.
Por ejemplo, el caso del 4 de abril, cuando ajusticiaron a un hombre en plena tarde dentro de una cafetería de Curridabat. Además del deceso de esta persona, otro hombre de 35 años recibió un disparo en su pierna. El local de Spoon recibía clientes como cualquier otro día, las autoridades contabilizaron un mínimo de 10 disparos y todo ocurrió en una zona concurrida, a menos de un kilómetro de la Casa Presidencial.
Nueva etapa
Además del aumento de las víctimas colaterales, la escalada del crimen organizado en Costa Rica de los últimos meses también se ha reflejado en una mayor cantidad de amenazas y acciones violentas en contra de policías y jueces.
En semanas recientes se han denunciado casos que van desde amenazas de arma en contra de autoridades hasta disparos en contra de sus casas, sus vehículos y hasta sus delegaciones públicas.
También han muerto autoridades en cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, el homicidio del policía Bryan Josué Rivera Oviedo, de 28 años; quien fue emboscado el 24 de enero por un grupo criminal que, según las autoridades, controla el barrio Las Parcelas en Herradura, Puntarenas.
Se trata de “una nueva etapa” en la situación de inseguridad del país. Así lo describió el ministro de Seguridad, Mario Zamora, tras ese incidente que, según dijo, es un nuevo paso del crimen organizado, por tratarse de un enfrentamiento directo con las autoridades estatales.
Este tipo de eventos obliga a las instituciones públicas a tomar cada vez más precauciones.
La presidencia de la Corte Suprema de Justicia indicó que la institución actualmente capacita a su personal y coordina con otras entidades para “elevar los niveles de seguridad” de sus funcionarios. Esto lo comunicó en marzo, luego de que dos gatilleros atacaron a balazos el carro de una jueza recientemente implicada en casos penales de peso en Aserrí.
Según Ellis, aún no existen indicios claros de que los grupos criminales quieran desestabilizar el Estado costarricense de forma organizada, tal como ocurrió en Ecuador. Pero el deterioro tampoco pueden ser ignorado y la situación puede cambiar rápidamente.
“Todavía es manejable, aunque esto, como pueden dar cuenta los ecuatorianos, puede salirse de control muy rápidamente, especialmente cuando hay grupos externos poderosos dando sus recursos y sus armas a grupos locales”, afirmó. “Entiendo que Costa Rica no tiene tantos problemas con la cantidad de armas de largo alcance como otros países, pero esto podría cambiar. Igual que en Ecuador, Costa Rica es un país cuya policía está acostumbrada a tener escalas menores de armas, amenazas y violencia. Si eso está en el proceso de cambiar, entonces podría no estar preparada”.
EF envió consultas al presidente Rodrigo Chaves, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial, sobre el tema. Se le preguntó sobre su discurso inicial en cuanto a la escalada de violencia en Costa Rica y sobre su evaluación actual de las amenazas en contra de autoridades como jueces y policías. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de esta edición (23 de abril).
¿Soluciones?
El ministro Zamora comparó la situación de inseguridad en el país con un diagnóstico de cáncer, a punto de hacer metástasis.
“Eso es lo que nos dice el mapa de la criminalidad (...) Nuevas comunidades, nuevas ciudades y nuevos lugares” se ven afectados por el narcotráfico y los homicidios, afirmó el 22 de noviembre, mientras presentaba la nueva Política Nacional de Seguridad, que plantea como objetivo bajar la tasa de homicidios a 9,5 por cada 100.000 habitantes en 2030.
Ese mismo día, el mandatario repartió culpas y acusó al Poder Judicial y al Legislativo de no hacer lo que les correspondía en su lucha contra el crimen organizado. También calificó al Poder Judicial de ser “enfático en defender los derechos de los criminales” y criticó las leyes “garantistas” del país.
Según el Ejecutivo, el entramado legal del país y sus interpretaciones judiciales son muy laxas, lo cual implica que delincuentes sean capturados por la policía, pero no siempre terminen encarcelados de forma preventiva.
“A quien mata a mansalva una y otra y otra vez, ¡qué le estamos protegiendo!”, exclamó ese mismo 22 de noviembre. “Ese sesgo garantista tiene que irse y nosotros no podemos (quitarlo) desde el Gobierno”, añadió.
A pesar de la tensa relación de Chaves con el Poder Judicial y algunos sectores de oposición en el Congreso, los diputados trabajaron en un endurecimiento de las normas. El criterio de Chaves, a fin de cuentas, es el mismo que sostienen varios sectores políticos y sociales.
La Asamblea Legislativa tramita una enmienda legal para ampliar los supuestos que deberían de tomarse en cuenta a la hora de imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Se tomarían consideraciones especiales en casos de narcotráfico, legitimación de capitales, homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra menores de edad y delitos con uso de armas de fuego, cuando la libertad del sospechoso pueda suponer un riesgo para una víctima, para testigos, para denunciantes o hasta para la “comunidad”.
La iniciativa, sin embargo, tiene obstáculos por delante.
Algunos sectores judiciales han expuesto dudas de constitucionalidad. Argumentan que el texto podría abrir paso a la realización de detenciones arbitrarias. Además, el proyecto requerirá el voto positivo de al menos 38 legisladores para aprobarse en el Congreso, porque se trata de un plan que afectaría la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Además del avance de ese proyecto de ley, en la Asamblea se han impulsado y aprobado planes que limitan la aplicación de la libertad condicional para personas condenadas a prisión por ciertos delitos o reincidentes en actividades problemáticas. Asimismo, tanto el Gobierno como los diputados han incrementado las aprobaciones presupuestarias para las autoridades policiales en los últimos meses.
Ese ha sido un pedido que principalmente ha manifestado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que dice enfrentar serios problemas para obtener la tecnología necesaria y retener a su personal. Sin embargo, todavía persisten restricciones sobre el gasto público que estrechan la capacidad de inversión.
Bajo el criterio de Ellis, Costa Rica sigue mostrando una cara más halagüeña en materia de seguridad que el resto de países de la región, pero debe hacer todo lo posible por frenar su deterioro, en lugar de negarlo. Un desgaste más pronunciado podría implicar problemas que van desde inestabilidad política y social a lo interno, hasta un menor ingreso de inversión extranjera. Minimizar la situación sale caro.