Nogui Acosta pasó de ver una Hacienda pública casi quebrada a una que, ahora, logra superávits primarios (balances positivos entre ingresos y gastos, sin contar el pago de la deuda). Sin embargo, considera que todavía falta mucho para celebrar. Los números van mejorando, pero la situación no da para hacer derroches, como muchos querrían.
Acosta fue viceministro de Ingresos en la administración anterior, cuando impulsó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para evitar un desbordamiento de la deuda. Ahora, cinco años después, observa los resultados de esa reforma —para bien y para mal— desde la silla del ministro de Hacienda.
Desde su punto de vista, las finanzas del país están mucho mejor que antes, pero eso no implica que haya “bonanza”. Por el contrario, el país apenas empieza a reducir esa deuda pública que dejó subir por encima del 60% de su producción y ahora “toca pagar, apretando los dientes”.
“Claro que estamos bien; pero no hay esa bonanza que dicen”, manifestó en una conversación de más de 40 minutos con EF. En la charla, habló sobre esa paradójica situación que observan miles de costarricenses, cuando ven que el país presume de sus mejores resultados fiscales en años, pero al mismo tiempo carece de recursos para sus necesidades más básicas.
Según Acosta, el país vivió muchísimo años “por encima de sus posibilidades” y ahora está pagando por eso. “El contrato social es viable única y exclusivamente si se puede financiar”, advirtió; y ahora mismo no es el caso, considera. El ministro considera que se trabaja para garantizar un mejor futuro: “no un mejor presente”, aclaró, pero sí “un mejor futuro”.
¿Por qué vemos el nivel de restricción del gasto actual?
— Ocurrieron dos situaciones complicadas. La primera fue la pandemia, la regla fiscal entró en 2020 y nosotros nos endeudamos terriblemente por el covid-19. Por eso entramos directamente en la parte más gravosa de la regla fiscal, y eso nos dio topes de crecimiento de 1,96% en 2022, 2,56% en 2023 y ahora 3,53% en 2024, lo cual constriñe mucho el gasto.
El otro tema es el encarecimiento de las tasas de interés. Eso hizo que una parte muy importante del presupuesto se destine a pagar intereses. El Gobierno no tiene mecanismos para hacerle frente a esto que no estén en el presupuesto, al igual que a la volatilidad en el tipo de cambio. Si las tasas suben mucho y no alcanza lo que presupuesté, entonces caeré en default, excepto si voy a la Asamblea Legislativa y me aprueban un presupuesto extraordinario en pocos días.
Esto tiene implicaciones. Yo no tengo un gasto que pueda crecer tanto, porque mucho del crecimiento se lo lleva el pago de intereses.
¿Cómo evalúa la priorización que ha hecho el Gobierno?
— ¿Qué hemos hecho a partir de este gobierno? Cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobierno anterior, cuando firmó el acuerdo con el FMI tomó una serie de compromisos que supuestamente los iba a sufragar con un aumento de los impuestos, pero eso nunca ocurrió, porque no había forma de que ocurriese. Entonces, nosotros tuvimos que contener el gasto y, obviamente, eso tiene un problema.
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Desde su perspectiva como ministro de Hacienda, y contando además con experiencia como viceministro cuando se promovió la reforma fiscal ¿cómo evalúa el balance entre la restricción del gasto público y las necesidades presupuestarias del Estado?
— Te voy a contestar con una pregunta: ¿qué es gasto social?
Me refiero, por ejemplo, a gastos en educación o seguridad. Esos campos en los que vemos situaciones de crisis actualmente.
— Hay que separar el tema de la educación del tema de el gasto. La aspiración del 8% a la educación no es razonable porque se hizo con un “número alzado”, nadie sabía cuánto era eso. La pregunta es qué vamos a hacer teniendo una norma pétrea en la Constitución Política que no se es capaz de cumplir y que tampoco va a tener ningún sentido a la vuelta de 20 o 25 años, cuando al menos el 20% de la población van a ser mayores de 65 años. El problema que tenemos hoy no es si los chiquitos van o no van a la escuela, no es si tienen o no tienen becas, es si saben leer y escribir. Esa parte no es un tema de presupuesto, porque no lo tuvimos antes y no lo tenemos hoy (el 8% del PIB) y el presupuesto ha venido creciendo durante todo este tiempo.
Si nosotros tenemos un norte en este momento, en este gobierno, es entender que estamos ahorrando para mañana. ¿Qué quiero decir con que ahorramos para mañana? Hay que reducir la relación deuda/PIB definitivamente, por los efectos benéficos que tiene.
El primero es que permitiría que la regla fiscal suba un escalón y que no sea tan gravosa.
Además, ya teníamos una ancla con el acuerdo con el FMI, pero ahora también tengo una nueva ancla, que es la emisión de eurobonos, en donde los mismos diputados establecieron que tenemos que tener un superávit primario.
Lo que nosotros creemos es que este objetivo es fundamental para darle la oportunidad al gasto social a partir del 2027. Ahí habrá que cambiar leyes. No es razonable que haya cosas que no te permitan dedicar recursos a lo que es prioritario. Si me preguntas a mí, hoy estaría más preocupado por la vejez que por la infancia
¿Qué piensa cuando lee en documentos como el Estado de la Nación que el país ha descuidado su contrato social por una lógica fiscalista?
— Que es muy fácil vivir con la plata segura. Dígame una cosa, ¿quién es el Estado de la Nación? Son las universidades. Las universidades son las únicas entidades a las que hay que mantenerles el gasto en términos reales. El contrato social es viable única y exclusivamente si se puede financiar. ¿Qué hacemos nosotros como un Estado fallido?
¿Usted cree que en este momento se está financiando correctamente el contrato social?
— Estamos creando las condiciones para hacerlo. Nosotros lo pudimos haber perdido en la pandemia y no fue así porque logramos hacer lo que ningún otro país hizo, que fue pasar una reforma antes, que nos permite hoy estar mejorando nuestra capacidad.
Hemos pasado muchísimos años viviendo por encima de nuestras posibilidades, y hoy toca pagar apretando dientes. Claro, si usted llega y me pregunta si deberíamos tener más recursos para las diferentes opciones, bueno, habría que tener más para todos, pero hay que establecer prioridades. Esas prioridades van a tener que seguir por lo menos un par de años más y, probablemente, un par de años más después de que yo me vaya de aquí.
Lo importante es decirle a tus hijos y a mis hijos que este país sí puede financiar eso, pero que no se puede financiar (ahora).
El otro tema que te iba a decir es lo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Nosotros financiamos el seguro social con tres cuotas: patronal, del trabajador y del Estado. Pero la Caja, nueve personas, deciden si se tienen que subir o no las cuotas. Cuando la Caja sube las cuotas, el Gobierno, enfrentado a una situación de estrechez fiscal, no puede pagar; y eso es lo que ha venido pasando. Al Estado le dijeron que tenía que pagar 100 y mañana le dijeron tener a pagar 150, y no puede. El Estado empezó pagando 0,57% de la planilla y hoy vamos por 1,41% y vamos a terminar en 1,91%, y eso no lo puede pagar el Estado porque no tiene capacidad.
El Estado lo único que recauda son los impuestos y nadie quiere pagar más impuestos. Incluso lo que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa son iniciativas para que nadie pague impuestos. Entonces ¿quién es el que está poniendo en riesgo el Estado Social: nosotros, tratando de hacer las cosas, o los rectores diciendo que tienen que darle el 1,5% del PIB a las universidades? No sé cuántos estudiantes universitarios hay realmente, creo que la última cifra hablaba de alrededor de 100.000 personas; pero 5 millones de personas financian a esas 100.000 personas y las subsidiamos. La pregunta es si es lo deseable, ¿no debería ser mejor buscar esquemas diferentes, de modo que las universidades se autofinancien y yo lo que subsidie sea la beca? Pero, bueno, ese es un tema que habrá que discutir en el futuro.
Yo creo que este es el tema importante. Nosotros, yo creí en la reforma, hice mi esfuerzo para pasar la reforma fiscal y creo que se hizo bien, creo que nosotros logramos hacer un equilibrio en ese proceso, y hoy estamos tratando de lograr que tengamos un mejor futuro. No un buen presente, un mejor futuro.
Usted menciona varias ideas de reformas y cambios. Doña Rocío Aguilar, la exministra de Hacienda con quien impulsó la reforma fiscal, dice que precisamente por eso se debería de dar una concertación nacional que incluya estos debates inacabados. ¿Usted qué piensa al respecto?, ¿tiene que ocurrir pronto, en este gobierno, o hay más tiempo?
— Nosotros tenemos un problema. Pensamos que el mañana no existe, y por eso somos capaces de llegar y decir que hay que reducir el pago del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos o que podemos empezar a exonerar algunas actividades.
Mi preocupación grave es que estamos discutiendo un contrato social que no se puede financiar. Si empezáramos a pensar que somos un Estado pequeño, con una capacidad de financiamiento muy baja, deberíamos empezar a pensar cuál es el contrato social que podemos financiar y al cual podemos aspirar, cuando tengamos más espacio.
Pero no, las demandas hoy son: ‘páguele a la Caja’, las demandas hoy son ‘8% (del PIB) para la educación’... y no se puede... No tenemos la capacidad de hacer eso.
Conmigo se enojaron los diputados cuando yo dije: “quieren el 8% para la educación, entonces cerremos estas 19 instituciones”; pero así es. Si yo tengo 100, no puedo repartir 150 o 163. Por cada colon que recaudo gasto un ¢1,63 y el año pasado era ¢1,65; pero entonces esa diferencia es el tema de los intereses.
Es muy comprensible que un país no debería gastar más de lo que tiene, suena lógico. Queda una disyuntiva: disminuimos servicios o se buscan más recursos. ¿Cuál es la vía que considera correcta?
— Hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera es que, efectivamente, tenemos que hacer un sistema tributario más justo, más equitativo y más progresivo. No lo tenemos. Hay muchas actividades que hoy están exentas de pagar y además vamos cerrándole la puerta a otras. Nosotros hemos sido muy hábiles en atraer actividades a través de exoneraciones y no es funcional, porque no les damos un plazo y después empiezan a contribuir.
El segundo tema es que tenemos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que financiar y tener más flexibilidad.
La conversación tiene que ir en varios ámbitos. No podemos sostener lo que supuestamente el contrato establecía antes de darnos cuenta de que el endeudamiento tenía un precio y de entender que esta sociedad tiene un límite.
La población máxima que va a tener este país son seis millones de personas, ¿cómo hago para darle una buena calidad de vida a esas seis millones de personas que vivirán en este país por ahí del 2050? Por eso no podemos repartir lo que tenemos hoy. Tenemos que tener una visión de largo plazo y lo que tenemos es una demanda de cosas que nosotros prometimos hace 20 o 25 años, que era a lo que nosotros aspirábamos, y nos dimos cuenta de que no lo podíamos financiar.
¿Entonces habrá que construir una oferta social más limitada?
— No necesariamente más limitada sino más estratégica. ¿Qué parte de esa oferta la puede financiar el Estado y qué parte vamos a tener que buscar algún otro mecanismo?
Número uno, necesitamos ver cómo hacemos para que esta sociedad pague más. ¿Por qué?, porque necesitamos tener más recursos. Eso es definitivo.
Número dos, ¿qué tipo de Estado queremos? Hay que tener una reforma del Estado importante. Hoy tenemos un Estado que se prometió hace 20 o 25 años. La pregunta es si este Estado es el que tenemos hoy, o si debería de subsistir para 2050.
Y el otro punto es cuáles son las aspiraciones de la sociedad, porque ¿cuáles eran las aspiraciones de la sociedad hace 50 años? Salud y educación. Esa es la base de nuestra estabilidad social, pero hoy hay otras demandas. ¿Qué es lo que queremos hacer hacia el futuro? y, sobre todo, ¿cuánto cuesta eso? Porque hay que financiarlo.
Cuando usted me dice que necesitamos más recursos, cuesta o es difícil ignorar que en Costa Rica nadie quiere pagar más impuestos, como usted mismo lo mencionó antes. ¿Hay una salida para eso?
— Hay dos cosas que hacer. La primera es que tenemos un sistema muy poroso, anticuado, que implica muchísimo costo para poder gravar a la gente. Deberíamos tener un sistema más sencillo, deberíamos tener una renta global. Deberíamos tener una renta mundial y eso es un tema que yo creo que es bueno discutirlo, porque todo el mundo tiene. Los países tienen (renta mundial) y la gente aquí habla de que no somos exportadores de capital, y que más bien traemos, pero la pregunta es: ¿cuántos costarricenses tienen actividades empresariales en el exterior, viven aquí y no pagan impuestos? Al final del día usan las carreteras que pagamos los que estamos aquí, usan los servicios que nosotros pagamos, entonces yo creo que hay que hacer lo más justo.
También tenemos que entrarle al tema de las exoneraciones. Tenemos que tener realmente claro cuál es el modelo que queremos para traer inversión extranjera, para ver cómo podemos hacer esto. En el mundo ya se está discutiendo la necesidad de un impuesto mínimo global, en donde las grandes empresas que se deslocalizan tengan que pagar y, bueno, aquí tenemos algunas de esas grandes empresas. Eso hay que resolverlo, hay que resolverlo pronto y por ahí mejoraríamos el ingreso.
Lo segundo es que efectivamente tenemos que ver qué cosas tiene que proveer el Estado y qué cosas no. Hablamos de que tenemos una ley de concesión de obras públicas que data de finales de los 1980. No hemos logrado atraer inversión este privada a los grandes proyectos de infraestructura. Tenemos, por ejemplo, las operadoras de pensiones, que tienen el 50% del PIB hoy, y no logramos que se conviertan en un catalizador de proyectos de infraestructura pública. Hay que hacer reformas.
Yo no sé si deberíamos tener un Estado que construya puentes, que haga aeropuertos, yo creo que no. Otro tipo de cosas que uno se pone a pensar es qué nivel de servicios tengo que dar en salud, ¿tienen que ser públicos todos los hospitales o podríamos tener algún mecanismo diferente para asegurarle a la gente acceso a la salud? Todas esas son las conversaciones que hay que tener en relación con ese contrato social, porque a todos nos gusta la universalidad, pero cuál universalidad.
Usted me dice que hay que invertir mejor y comprendo que su papel es ser el administrador, por decirlo de alguna manera, y ponerle freno al gasto. Pero ¿usted considera que se está invirtiendo correctamente?
— Yo creo que es que hemos planteado (las discusiones) desde la demanda y no desde la capacidad de la gente. El problema que hay es que es poco lo que podemos repartir, pero sí hicimos un esfuerzo para hacerlo. Y este 2025, si todo sale bien, yo espero que tengamos más recursos, por el tema de la regla fiscal.
Para algunas personas puede ser paradójico escuchar que el Gobierno tiene una mejor condición financiera, pero que al mismo tiempo no cuenta con dinero para gastos en algunas áreas esenciales o para atender con mayor holgura las crisis en educación y seguridad. ¿Cómo le explicaría a un ciudadano común esta situación?
— Estamos bien, claro que estamos bien; pero no hay esa bonanza que dicen. Es porque ya logramos empezar a abonarle a la deuda, como dijo el presidente, y hay que ir por ese camino. No volviéndonos a endeudar y no dilapidando lo que vamos haciendo. Eso sería pagar el mínimo la tarjeta y gastar ese mínimo de una vez, no, no se vale.
Tenemos que ahorrar para la siguiente crisis. El 2020 fue devastador. No teníamos nada con que resolverlo. Hoy este gobierno está negociando un Cat-DDO (un préstamo flexible para prevención de riesgos por emergencias) para que, ante una emergencia climática o un sismo, tengamos dinero con que hacerle frente.
Queremos tener una reserva de liquidez para no tener que estar un día, un viernes, pidiendo prestado para pagar el lunes, como fue en el 2018. No queremos que eso ocurra. Hoy tenemos una reserva de liquidez. Yo estoy creando las condiciones y eso es lo que quisiera dejarle al futuro ministro de Hacienda: un país ordenado, con dinero, sin la necesidad de tener que salir en carrera a ver cómo hacer para pagar $1.000 millones en eurobonos.