El borrador de reforma a la imposición sobre la renta, que Hacienda hizo circular el lunes pasado, conserva cedularidad y territorialidad.
Mientras para los economistas renta es cualquier ingreso, cedularidad es dividirlas según su origen y aplicarles tarifas diferenciadas. Así, las rentas de una relación laboral no se mezclan con las empresariales, las del capital, etc. y cada grupo tiene sus propias normas, creando impuestos independientes entre sí.
La propuesta crea una cédula de rentas de capital que gravará ingresos por arrendamiento, por cesión de fondos a terceros (intereses), por uso o goce de propiedad intelectual (derechos de llave, regalías) y por dividendos. Esta cédula incluye –además– normas nuevas para ganancias y pérdidas de capital, que actualmente no están sujetas a tributo.
Lo opuesto a cedularidad es renta universal, en la que los ingresos “caen en una olla” a la que se aplica una tarifa global. Se da un pequeño paso en esa dirección al sumar en el impuesto a las utilidades las rentas de bienes o derechos afectos a la actividad lucrativa, incluso los que puedan producir rentas de capital o ganancias de capital. Si no están afectos, aplica la cédula nueva mencionada.
Territorialidad consiste en gravar solo las rentas de fuente costarricense. El art. 59 define la fuente costarricense de cada impuesto cedular, sin cambio sustancial respecto de la definición actual: las producidas por capitales invertidos, bienes situados o servicios prestados en el territorio nacional.
Por otro lado, la territorialidad se afirma para la cédula de utilidades (art. 1), rentas de capital (47 B), ganancias de capital (47 C, 3), remesas al exterior (52). Como en la actualidad, el criterio de sujeción para las rentas del trabajo personal dependiente es el domicilio del perceptor, y se esperaría mantenga la praxis de Tributación de considerar gravadas únicamente las territoriales.