A las 2:16 p. m. de este miércoles el plenario del Congreso aprobó en segundo y último debate el préstamo por $395 millones para ampliar la carretera San José-Limón, la Ruta 32.
El proyecto se aprobó con el apoyo de 46 diputados, mientras que 6 legisladores se opusieron al aval del crédito para ampliar a 4 carriles un tramo de 107 kilómetros de la principal vía de las exportaciones costarricenses hacia los puertos de Limón.
El nivel de apoyo incluso creció con respecto al primer debate, el lunes pasado.
Polémica
La iniciativa ha estado envuelta en la polémica desde el principio de la negociación que realizó el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014); la anterior bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) cuestionó que el préstamo estuviera amarrado a la contratación de la empresa China Harbour Engeenering Company (CHEC) que se encargará de iniciar las obras de ampliación dentro de ocho meses.
Esas críticas las repitió un sector del PAC encabezado por el diputado Ottón Solís. Empero, no fueron los únicos temores.
En los últimos días, el Grupo Consenso, compuesto por entidades ténicas como la Cámara de la Construcción y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), cuestionó el anteproyecto presentado para la ampliación, específicamente por carecer de planes claros para reubicar los servicos públicos a lo largo de la Ruta 32, por no contener el presupuesto necesario para las expropiaciones, así como por no cumplir con requerimientos técnicos para empatarlo con los estándares internacionales.
Ministro debilitado
Al respecto, el presidente Luis Guillermo Solís y su ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Segnini, reconocieron los posibles errores.
Segnini incluso informó de que tiene listo un documento amplio en el que le expone todas las quejas a CHEC y le pide corregirlas en el diseño de la obra, por lo que afirmó que la ejecución de la obra depende de que la empresa china dé su aval a los cambios.
Tales afirmaciones provocaron una dura reprimenda departe de los diputados limonenses de varias fracciones, quienes pidieron el despido de Segnini y un compromiso firme del Gobierno de Solís de que el proyecto verdaderamente se empezará a ejecutar dentro de ocho meses.
"El jerarca ratificó que como ejecutora de la obra, la empresa CHEC debe atender los planteamientos y mejoras que remitirá el contratante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como suele ocurrir en cualquier dinámica de contratación que realiza el Gobierno", se lee en un comunicado de prensa enviado por el MOPT luego de que estalló la polémica.
Ahora el préstamo será analizado por la Contraloría General de la República (CGR) previo a que el presidente de la República lo firme para darle carácter de ley.
La obra tiene un costo total de $466 millones de los cuales Costa Rica financiará un 15% con recursos que, según el MOPT, están garantizados por el Ministerio de Hacienda.