Un proyecto de ley que pretende regular y reordenar seis de los 139 pluses salariales que se pagan en el sector público enfrenta la férrea oposición de los sindicatos.
El texto que nació en el despacho de Sanda Piszk, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), todavía no empieza su camino legislativo y ya tiene una vehemente amenaza de huelga.
El expediente se trabaja actualmente como un borrador, la idea es que pueda ingresar a la Subcomisión de Asuntos Sociales como texto sustitutivo del proyecto 19.506.
En el ajedrez legislativo, también se baraja la opción de que se presente como un nuevo proyecto de ley.
La idea no suena mal en momentos de estrechez fiscal, cuando además, el gasto en salarios e incentivos crece cada año.
El ABC del proyecto
El expediente se llama “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía”.
Es importante entender que este proyecto tiene cuatro ejes de acción en los cuales pretende efectuar cambios.
El primero pretende modificar los criterios para el pago de dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades y zonaje.
Para lograrlo, introduce una serie de modificaciones en la forma en que se pagan estos pluses, plantea la reforma a siete artículos de cuatro leyes, y deroga la Ley de compensación por el pago de prohibición de 1975.
El segundo eje del proyecto, se centra en modificar la forma en que se paga la cesantía en el sector público costarricense.
La propuesta establece que se fije un plazo de ocho años para el pago de ese incentivo.
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En el caso de trabajadores que tienen más de ocho años, se les respetará su antigüedad en el puesto hasta un máximo de 20 años para la cesantía.
En tercer plano, el plan busca definir con claridad un sistema para evaluar a los trabajadores públicos y, con base en ese mecanismo, pagarles las anualidades.
Hoy el 99% de los trabajadores públicos reciben anualidades, con pocos mecanismo de control.
La iniciativa plantea que ese plus se otorgue a aquellos empleados que obtuvieron solamente las calificaciones “excelente” y “muy bueno”.
En este punto también se elimina el pago bisemanal, para establecer un calendario de pago mensual con adelanto quincenal en el sector público.
El último eje del proyecto cambiaría las reglas que rigen en la actualidad en materia de negociación de convenciones colectivas en instituciones públicas.
Por ejemplo, se impone un plazo de vigencia para las convenciones colectivas de uno a cinco años como máximo, explicó Piszk.
Los sindicatos y los jerarcas de las entidades tendrán un plazo de 12 meses para renegociar la convención una vez que vence; si no se logra un acuerdo en ese periodo, el contrato expira.
El grito al cielo
El proyecto todavía no termina de ver la luz y los sindicatos ya le declararon la guerra con palabras como “combatir” y “huelga”.
Gilberto Cascante, vocero del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), dijo que se oponen por completo al proyecto porque afecta incentivos como las anualidades y el zonaje.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aseguró que van a “combatir” la propuesta porque a todas luces quieren achacar el problema fiscal a los empleados públicos, cuando ellos no son los responsables del déficit en el erario público.
Proyecciones del Banco Central estiman que el faltante de dinero del Gobierno alcanzará este año un monto equivalente al 6% de la producción.
Ambos bloques sindicales aseguraron que si el proyecto recibe vía rápida en el Congreso, irán a una huelga indefinida.
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Lo cierto es que en 2016 por cada colón que el Gobierno paga en salarios, debe financiar ¢1,1 para cancelar los incentivos.
El gasto por remuneraciones representa el 27% del presupuesto nacional del 2017.
Esa partida creció un 6% con respecto al 2016, la composición revela que un 2,9% es para saldar el salario base y el 3,1% restante para pago de pluses.
¿Cómo cambian los criterios para el pago de incentivos?
La iniciativa pretende reordenar las reglas para el pago de los seis pluses salariales que más se repiten en el sector público; además, modifica cesantía, convenciones colectivas y evaluación por desempeño.
1
Regula seis pluses
Plus
Actualmente
En el proyecto de ley
Dedicación Exclusiva
Se otorga indiscriminadamente a todos los puestos profesionales.
Se requiere estar incorporado al colegio profesional respectivo y presentar certificación que acredite que con el grado académico que ostenta puede hacer ejercicio pleno de su profesión.
Prohibición
Es otorgada por ley. Aplica desde un 25% para puestos no profesionales hasta un 65% a licenciados o posgrados.
Se elimina de esta ley el pago de prohibición a altos cargos como directores administrativos de descentralizadas, autónomas, semiautónomas y empresas públicas, entre otros.
Carrera profesional
Experiencia laboral de carácter profesional en las instituciones públicas nacionales. Experiencia laboral de carácter profesional en organismos internacionales.
Se elimina.
Disponibilidad
En algunos casos la disponibilidad es parte del cargo. El porcentaje de otorgamiento va desde un 5% hasta un 70%.
No se considerará como derecho adquirido. La remuneración será de hasta un 35% sobre el salario base.
Anualidades
En el caso de Gobierno Central se establece un piso de 1,94% y un máximo de 2,56%. En el resto del sector público el pago de anualidades va de un 3% hasta un 70%.
Se unifican los porcentajes de otorgamiento de forma escalonada de 1,94 a 2,56 a todas las instituciones del artículo 2.
Zonaje, Regionalización y Desarraigo
Se pueden recibir de manera simultánea. Porcentajes varían entre un 10 y 50%.
Serán excluyentes por lo que un mismo funcionario no podrá recibir más de una de estas remuneraciones de forma simultánea. Se sujetará a la escala de la CGR.
2
Cambios en cesantía
- Se respetará la cantidad de años acumulados a los funcionarios con más de ocho años de laborar.
- Se indemnizarán un máximo de 20 años a quienes ya tienen más ocho años de laborar.
3
Evaluación por desempeño y modalidad de pago
- Se modifica el mínimo aceptable de “Bueno” a “Muy Bueno”.
- La calificación influirá en promoción de carrera administrativa, provisión y mantenimiento de puestos de trabajo y determinación de retribuciones adicionales.
- La modalidad de pago únicamente será mensual con adelanto quincenal.
4
Convenciones colectivas
- Los jerarcas y titulares subordinados que participen en la negociación de las convenciones colectivas no pueden beneficiarse de lo acordado.
- La vigencia de las convenciones colectivas será de uno a cinco años.
- Para renegociar se da un plazo de 12 meses. Vencido este plazo sin llegar a acuerdo, la convención colectiva cesará sus efectos.
Fuente Proyecto de ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público.