El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó durante el acto conmemorativo de sus primeros 100 días de mandato que “pronto presentará al Congreso” un proyecto de ley para vender plantear la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
Según dijo, esa operación y otra relacionada con el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) le darían al Estado ¢1,2 billones para reducir una parte de su deuda pública, que alcanzó los ¢28,9 billones al cierre del primer semestre de este año.
Chaves planteó también vender un 49% de la propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS) para acceder a unos ¢593.000 millones adicionales.
Pero, ¿por qué se necesita el respaldo de al menos 38 diputados en la Asamblea Legislativa para una eventual venta del BCR? La respuesta radica en un concepto jurídico que se conoce como el “paralelismo de las formas”.
‘Se hace como se deshace’
El “paralelismo de las formas” es un principio jurídico según el cual todos los actos de Derecho Público solo pueden ser “desandados” a través de un procedimiento análogo al que derivó en su realización.
En ese sentido, la Constitución Política establece en su artículo 189 que la creación de instituciones autónomas, como es el caso del BCR, solo se puede realizar con una votación favorable no menor de dos tercios de la Asamblea Legislativa.
Por ese motivo, eliminar a la institución autónoma para su venta requeriría del mismo trámite.
En términos jurídicos, describió el abogado constitucionalista Esteban Alfaro, de la firma Caoba Legal, “las cosas se deshacen como se hacen”.
El Banco de Costa Rica se creó desde 1877. Primero nació con el nombre del Banco de la Unión y, a partir de 1890, pasó al nombre que mantiene en la hasta hoy.
Actualmente se fundamenta en su Ley Orgánica de 1995, la cual le define como “una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte del Sistema Bancario Nacional”.
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Opiniones divididas
Tras el anuncio del presidente Chaves, solo las bancadas del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y de Partido Liberal Progresista (PLP) reaccionaron favorablemente a la idea de la venta. Esas dos agrupaciones políticas, en conjunto, suman 16 legisladores de los 57 que componen el Congreso: menos de una tercera parte.
Según la jefa del PPSD, Pilar Cisneros, el camino de la venta de activos es el correcto en momentos de estrechez fiscal; mientras que el jefe del PLP, Eliécer Feinzaig, destacó la oportunidad de atraer entidades de primer nivel mundial que no estén en el país y que puedan dinamizar el sector bancario, darle más competencia e innovar en procesos y productos.
No obstante, los tradicionales Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) se mostraron más cautos, al igual que el Partido Nueva República (PNR).
“Habría que esperar para ver los detalles del proyecto y los términos en que se daría”, afirmó, con cierto dejo de escepticismo, la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas. “En el pasado se ha hablado de esta posibilidad; sin embargo, no ha tenido mucha viabilidad. No es tan fácil como decir ‘véndase y mañana lo compran’”, añadió.
El PLN acumula 19 legisladores, el PUSC otros nueve y Nueva República otros siete. En total, el bloque de tres fracciones contabiliza a 35 legisladores.
El Frente Amplio (FA), por otra parte, se dijo completamente opuesto a cualquier venta de activos del Estado como el BCR. Según consideró su jefe, Jonathan Acuña, “vender instituciones que generan o pueden generar utilidades para el Estado” sería un error y no quieren permitirlo.
Intento de venta en 1997
El gobierno de José María Figueres Olsen ya propuso oficialmente la venta del BCR, a través de un proyecto de ley, en 1997.
En aquel entonces se planteó una venta de los activos y pasivos de la entidad, pues se determinó que era imposible vender directamente a una entidad autónoma como tal, según recogen los archivos históricos del periódico La Nación, con base en declaraciones del entonces ministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez (QEPD).
El proceso de venta en realidad planteaba dar paso a una licitación pública. Primero se adjudicarían los activos y los pasivos del Banco a un comprador oficial y, luego, se crearía una sociedad anónima para traspasarlos. A esa entidad se le trasladaría el contenido de la institución autónoma financiera del Estado y esta desaparecería consecuentemente.
El proyecto de ley, sin embargo, naufragó en la corriente legislativa. El plan no logró avanzar en el resto del período de Figueres (1994-1998) y fue sepultado por la Comisión de Asuntos Hacendarios del cuatrienio posterior, en julio de 1999.
Luego, el propio BCR trabajó en un proyecto para analizar su traspaso en el año 2000, pero finalmente se desistió de la idea por falta de anuencia política. “Está claro. El Gobierno dijo que no está en la agenda. El PUSC dijo que eso trae mucha implicación política y el PLN dijo que ni siquiera quiere oírlo. Entonces, no hay nada que hacer”, declaró entonces a La Nación el entonces gerente del BCR, Mario Barrenechea (QEPD).
Al igual que ahora, hace 25 años, también se planteaba la idea para mejorar las condiciones de la deuda pública y para capitalizar otros bancos del Estado. Asimismo, se hablaba sobre la venta de parte de la propiedad del INS que ahora también se menciona de nuevo entre los planes del Ejecutivo.
Los términos del nuevo proyecto de ley anunciado por el presidente Rodrigo Chaves, sin embargo, todavía no se presentan. ¿Se repetirá la historia?