El Consejo de Gobierno suspendió a seis miembros de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como consecuencia de dos investigaciones.
La primera trata sobre el pago irregular de la cesantía a varios empleados de la institución, que fueron traspasados del ICE a Racsa. Por esta causa fueron suspendidos cuatro directores.
La segunda viene desde más atrás e investiga la supresión del puesto de Gerente General de la institución por parte de los miembros de la junta, sin tener la potestad para hacerlo. En este caso seis directores fueron suspendidos.
La supresión del cargo de Gerente General data del 20 de octubre del 2014. En ese momento los directivos del ICE decidieron que la figura no era necesaria como parte de los “Lineamientos Generales de la Estrategia Grupo ICE 2014 - 2018”
El texto de la resolución de la junta directiva detalla: “Modificar la estructura y nomenclatura de la Gerencia General la cual pasará a ser la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas”
Entonces, aunque algunas funciones quedaron detalladas como responsabilidad de la nueva gerencia, gran parte de las responsabilidades del Gerente General pasaron a mano de División Estratégica y Desarrollo de Negocios y la División Jurídica Corporativa, ambas adscritas a la Presidencia Ejecutiva.
Es decir el puesto de Gerente General desapareció y sus funciones pasaron a estar debajo de la Presidencia Ejecutiva del ICE. El último Gerente General de la institución fue Martín Vindas quien había asumido el puesto desde el 2012.
De los directores que tomaron la decisión en el 2014 sólo dos continuaban en 2019 en sus cargos: Farid Beirute Brenes y Ruth Martínez Cascante.
Cuatro miembros más componen la cúpula del ICE actualmente, Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Rodrigo Bogarín Navarro, José Mario Jara Castro. Además de ellos está la presidenta Ejecutiva Irene Cañas.
La eliminación del puesto trae cola legal. Desde el 2002 la Procuraduría General de la República (PGR) emitió criterio señalando que las estructuras creadas por ley, sólo pueden modificarse con reformas en Congreso. El mismo ICE fue el advertido de esto cuando la PGR respondió a la solicitud de criterio hecha por la entonces directora jurídica del Instituto, Julieta Bejarano.
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En el 2018 la Procuraduría volvió a emitir el mismo criterio esta vez en el caso del Gerente General. La institución detalló que “el Consejo Directivo de una institución autónoma no puede suprimir la existencia de un órgano creado por ley, en este caso la Gerencia General, menos aún asumir las funciones que el legislador le otorgó, salvo si cuentan con autorización legal para ello”.
En 2018 el ICE volvió a nombrar un nuevo Gerente General pero interino. En diciembre pasado se concretó el nombramiento de Jaime Palermo en el puesto. Palermo quien continuó nombrado como gerente de Telecomunicaciones, asumió en enero del 2019. Este acto también está siendo investigado por “presunta designación ilegal”, de acuerdo Presidencia.
En el caso de los funcionarios trasladados a Racsa a los que se les pagó la cesantía, el ICE volvió a pecar a pesar de haber sido advertido en el pasado.
El caso data de la pasada administración en la que Carlos Obregón era el presidente Ejecutivo. En agosto del 2015 se ordenó el traslado 36 funcionarios, cuando el Poder Ejecutivo decidió que la rectoría de Gobierno Digital —que estaba a cargo del ICE— pasara a manos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Dos meses después el departamento de personal del ICE le solicitó a Julieta Bejarano —quien seguía como directora jurídica— aclarar ante la Procuraduría si esos funcionarios debían devolver la cesantía. La aclaratoria no se dio.
Entonces ya habían dos criterios previos donde la PGR advertía al ICE de esto. Después, la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que el ICE pagó de forma ilegal la cesantía de los 36 funcionarios trasladados a Racsa.
El pago se hizo con dinero del Fondo de Garantías y Ahorro. Los recursos de este dados por el ICE son fondos públicos, según la CGR. La institución no detalló cuánto era el dinero entregado pero dijo que acataría el dictamen de la CGR.
La llegada de Irene Cañas a la presidencia Ejecutiva del Instituto en mayo del 2018, desencadenó en una serie de sucesos que pusieron bajo la lupa al ICE. Primero la Presidenta dio a conocer la decisión de cancelación del megaproyecto El Diquís —una obra a la que la institución se aferraba desde el 2006— que significó el traslado a gastos de $146 millones, por la suspensión del megaproyecto.
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Además, la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público, por la compra hecha por el mismo ICE de Cable Visión en 2013.
Esta decisión tomada por la cabeza de la institución se dio tras un informe de la CGR donde se expone que el ICE compró Cable Visión cuando la situación financiera de la cablera ya era crítica.