“Entendiendo el sentimiento que existe pero además la necesidad de tomar acciones viables, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Esto con el fin de dialogar y balancear las propuestas que necesita el país para resolver la situación”, con esta frase, el presidente Carlos Alvarado anunció el retiro de la propuesta presentada al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la apertura de un proceso de discusión de soluciones para la crisis fiscal del país.
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Mediante una cadena nacional de televisión este 4 de octubre, Alvarado aseguró que aún hay tiempo para encontrar otras salidas. “Pero ese tiempo no es ilimitado. Lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee”, advirtió el mandatario, y recordó que la venta de activos claves, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Banco Nacional (BNCR) no está en la propuesta.
También hizo un llamado a levantar los bloqueos y actos de violencia y vandalismo que se han presentado en las manifestaciones convocadas durante esta semana.
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“Acojo con humildad el llamado de los sectores democráticos de la sociedad. Atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, el sector agropecuario, los solidaristas, la academia y los sectores religiosos, hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que enfrenta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente”, aseguró Alvarado.
El 17 de setiembre el Poder Ejecutivo dio a conocer la propuesta que presentaría ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones, que se sumaría a los fondos de emergencia por $504 millones ya aprobados para responder a la pandemia.
El plan era hacer un ajuste fiscal en varias vías, entre las cuales estaba el incremento temporal a las tasas del impuesto sobre la renta que se cobra a los salarios y a las utilidades de las empresas, y un incremento a la tasa del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.
También se proponía un tributo nuevo a las transferencias bancarias y cheques. Este fue uno de los puntos que provocó mayor oposición en diferentes sectores.
Para el 2021 el Poder Ejecutivo pretendía recaudar 0,50% del Producto Interno Bruto (PIB) en medidas permanentes de ingreso, mientras que mediante tributos temporales se estimaba una recaudación del 4,36% respecto a la producción nacional.
Mientras el proyecto estaba en discusión y los sectores opositores señalaban su debilidad en propuestas para la reducción del gasto público, el director de comunicaciones del FMI, Gerry Rice, confirmó –el 24 de setiembre– que Costa Rica ya se encontraba en “etapas iniciales” de la negociación.
La coyuntura fue aprovechada por grupos que llamaban a protestas violentas en las calles, que se materializaron en bloqueo de vías, quema de vehículos oficiales y agresiones contra miembros de la Fuerza Pública, además de provocar pérdidas al sector productivo y dificultar el acceso a los servicios básicos, como la atención médica. A estas manifestaciones se unieron también los sindicatos.