Costa Rica negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones, que se suma a los fondos de emergencia por $504 millones ya aprobados para responder a la pandemia, indicó este jueves, Gerry Rice, director de comunicaciones del organismo multilateral.

“El personal técnico del FMI y las autoridades de Costa Rica se encuentran en las etapas iniciales de las discusiones sobre este Servicio Ampliado del Fondo (SAF)”, señaló Rice.

“Sería del orden de $1.750 millones para ayudar a las autoridades a ampliar los planes económicos para restaurar un crecimiento inclusivo sostenible al tiempo que se protege a los más vulnerables”, añadió.

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El pequeño país de América Central depende fuertemente del turismo que está paralizado por la pandemia, que ha dejado más de 66.000 casos en el país con cerca de 760 muertes, según los datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

En este contexto, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta una contracción de la economía del 5% para este año, y el gobierno advirtió que el déficit puede subir a más del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) en este contexto.

El gobierno de Carlos Alvarado informó este miércoles que el acuerdo con el FMI es “necesario para evitar una crisis”.

"Si no hacemos nada, las consecuencias para el país serán muy drásticas. Ya en los 80 vivimos una crisis por problemas de deuda, producto de no tomar esas decisiones difíciles a tiempo", indicó en un comunicado el ejecutivo.

Plan en detalle

El Ejecutivo presentó un plan la semana pasada para reducir de forma temporal las cargas sociales para las empresas con el fin de incentivar el empleo, la devolución del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la canasta básica al 20% más pobre de la población y medidas para disminuir el peso del gasto público.

El programa de ajuste fiscal que llevará el Gobierno a la mesa del FMI incluye impuestos temporales como aumentos en el tributo sobre la renta que se cobra a los salarios y a las utilidades de las empresas.

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También se incrementará la tasa del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, se aplicaría −en caso de ser aprobado− un tributo a las transferencias bancarias y cheques del 0,3% en los primeros dos años y 0,2% en los siguientes dos años.

En cuanto a tributos permanentes, se enlista el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales tranfronterizos, fortalecer los sistemas digitales de Hacienda y el IVA a la canasta básica; todas estas retenciones fueron aprobadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).

En recorte al gasto se propone la aplicación de la regla fiscal (sin las municipalidades), el proyecto de Ley de Empleo Público, el cierre y fusión de instituciones descentralizadas, suspender las anualidades por tres años, una movilidad laboral voluntaria para 7.000 burócratas y una iniciativa de ley para reducir la deuda política en un 50%.

Se plantea eliminar exoneraciones al salario escolar, a la Caja de Ande, a la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional y a los excendentes de las grandes cooperativas.

La venta de activos solo incluye a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y un grupo de terrenos del Estado.