El Poder Ejecutivo ya envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley mediante el cual se propone operativizar una serie reformas para atenuar el impacto en el precio de los combustibles de la invasión de Rusia en Ucrania.
La principal medida en el más corto plazo del proyecto es que detendría la más reciente solicitud de aumento hecha por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el 11 de marzo pasado. Recope pretendía alzas de hasta ¢87 por litro de la gasolina súper, ¢85 por litro de gasolina regular y ¢121 por litro de diésel.
Las medidas de más largo plazo tendrían una vigencia de hasta tres meses, aunque en algunos casos podrían cortarse antes o extenderse hasta por tres meses adicionales, según evolucione el conflicto bélico en Europa del Este.
LEA MÁS: ¿Cuál será el impacto real de las medidas que impulsa el Gobierno por el precio de los combustibles?
Las medidas que tocarán directamente el precio de los combustibles, sin embargo, se concederían por un plazo fijo y único de tres meses.
La más sustancial de ellas es la reducción en un 80% el margen de Rédito para el Desarrollo que incluye Recope en la fijación de los precios de los combustibles, lo cual permitiría una baja de aproximadamente ¢15 por litro en el precio de venta de las gasolinas y el diésel.
Se solicita, además, reducir en un 25% los márgenes de ganancia por transporte y comercialización de combustible. Esta reducción permitiría mermar unos ¢14 y ¢3,5 por litro de combustible adicionales, respectivamente.
Las reducciones, sin embargo, no implican una rebaja automática de los precios de los combustibles, pues los precios internacionales del crudo siguen por encima de los $100 y podrían implicar mayores presiones al alza de los precios locales.
El precio internacional de los combustibles representa un 52% de la estructura de precios de la gasolina súper, un 53% de la gasolina regular y un 62% del diésel. Esto explica el gran peso que conlleva para la fijación de precios de los productos importados por el país para su venta en las estaciones de servicio locales.
Los precios actuales de los principales combustibles en el país van desde los ¢724 por litro de diésel. Los litros de gasolina regular y súper tiene precios de ¢804 y ¢822, respectivamente.
Si bien siguen por debajo de los máximos históricos de 2008 (¢1.106 y ¢1.118, en cada caso y a valor presente) y de las cifras de la primera mitad de los 2010, la reciente volatilidad en los precios del petróleo por el conflicto ruso-ucraniano hace que se esperen subidas todavía.
El proyecto de ley también pide a la Aresep, como entidad encargada de aprobar o rechazar los aumentos en el precio de los combustibles que solicita Recope, que considere los montos efectivamente pagados por la Refinadora al momento de la importar las gasolinas y el diésel.
La solicitud se hace para dejar de utilizar, temporalmente, las expectativas de precio futura que usualmente se emplean y así evitar cálculos errados en momentos de alta incertidumbre.
La medida se solicita por un plazo de tres meses, aunque puede valorarse su terminación temprana o su prolongación por tres meses adicionales, “mediante resolución razonada”, según la iniciativa.
Créditos fiscales y agro
El proyecto de ley también incluye la promesa de brindar créditos fiscales a los sectores de transporte de carga, transporte remunerado de personas y actividades agropecuarias inscritas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como pequeñas y medianas productoras.
A partir de la entrada en vigencia de la ley, estas podrán solicitar deducciones en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta por la diferencia entre los precios de cada litro de combustible consumido con el precio base al momento de la aprobación de la ley.
Los créditos serán de hasta ¢78,15 para la gasolina regular, ¢81,75 para la gasolina súper y ¢92,4 para el diésel, o el monto menor correspondiente si las diferencias entre los costos son menores.
La norma establece que las compras de combustible deberán estar respaldadas por facturas electrónicas y un debido registro de las mismas, para poder emplearse.
Los créditos fiscales aportarán saldos a favor del contribuyente, pero no se podrán transferir a terceros. Su vigencia también se podrá ampliar por tres meses más o cortarse antes mediante una justificación válida.
El proyecto de ley, además de estas medidas, plantea una solicitud para autorizar por una única vez al MAG para que presupueste ¢1.095 millones adicionales en este 2022, por fuera de la regla fiscal, para extender su programa de producción de bioinsumos y paliar el impacto que la crisis ruso-ucraniana tiene en el sector de los fertilizantes.
El plan del gobierno indica en su exposición de motivos que la idea es impulsar un proyecto de producción de semillas para alimentación animal y abastecimiento de productores, así como otro para el desarrollo de biofábricas que permita la gestión de productos alternativos basados en compuestos orgánicos.
LEA MÁS: Gobierno ya presentó proyecto para congelar impuesto a los combustibles por crisis en Ucrania
Elian Villegas, ministro de Hacienda, señaló que estas medidas se complementarían con otras que ya se han enviado al Congreso.
Por ejemplo, mencionó la iniciativa que busca suspender por 12 meses los incrementos trimestrales por inflación del Impuesto Único a los Combustibles (segundo máximo componente de los costos de los combustibles en el país), la eliminación de un aporte que hace Recope al fondo de ahorro y garantía de sus trabajadores, y algunos créditos internacionales que siguen en corriente legislativa y permitirían estabilizar el tipo de cambio.