Singapur fue catalogada por la consultora internacional PwC como una de las ciudades más atractivas del mundo para vivir.
Sobresalió en el puesto número uno del ranking en transporte e infraestructura. Su red limpia y eficiente de trenes, ferris, buses y carriles exclusivos de bicicletas que atraviesan la capital le valió la distinción.
Costa Rica sueña con ese modelo de ciudad interconectada, donde los peatones, las bicicletas y el transporte colectivo sean el foco de movilización. Pero el trabajo que hay por delante es titánico.
El proyecto de ley bajo el expediente 20.171 pretende servir de base para ese cambio, aunque las ideas que se exponen no se alejan de la ya conocida discusión nacional –que se nutre de buenas intenciones , ideas y conciencia, pero no de ejecución–.
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El cierre del Consejo de Transporte Público (CTP), la necesidad de estudios de impacto vial para obras y elevar la movilidad al rango de derecho humano son parte de los cambios más puntuales que plantea el texto.
Las repercusiones negativas en la salud, el ambiente y la economía de un modelo donde el vehículo particular es el pilar, fue la principal motivación del texto.
El proyecto de Ley marco de movilidad segura y sostenible de personas plantea cinco puntos medulares.
En primer lugar, destaca la creación de una División de Movilidad Segura y Sostenible, que tendría entre sus funciones el otorgamiento de concesiones, ordenar nuevas rutas, horarios, frecuencias y flotas, desarrollar modelos tarifarios y hasta definir los criterios para la valoración de la calidad de los servicios de transporte público.
La División sería un órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte con la misión de fungir como receptor de propuestas de los gobierno locales y otros ministerios.
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“Se plantea por primera vez un esquema donde el peatón es primero. Hay cosas que ya están pero que no se ejecutan de forma coordinada. No solo se puede depender de la voluntad sino tiene que existir una visión detrás”, sostuvo Marcela Guerrero, promotora del proyecto
Muy ligado a ello, el proyecto exige que desde el Plan Nacional de Desarrollo, las administraciones detallen su política pública en el tema de movilidad.
En la práctica, se otorgan nuevas responsabilidades a los concesionarios de transporte público. Entre ellas está contar con equipo de geolocalización y espacios especiales para bicicletas.
La Cámara Nacional de Autobuses (Canabús) admite que se trataría de costos extra que debería asumir el sector privado pero que a la larga se traduciría en un mayor traslado de pasajeros y una actividad más dinámica.
“Cuando nos quitaron los trompos eso significó un costo. Hemos venido equipando las flotas con nuevas tecnologías porque no podemos pretender atraer a la gente si no estamos dando mejoras en la calidad”, comentó Luis Diego González, secretario de la junta directiva de Canabús.
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Por su parte, el texto hace énfasis en penas y multas tanto para entidades como para ciudadanos. Muchas de ellas, ya contenidas en la legislación actual.
Se sanciona con uno o dos salarios base al operador que incumpla de manera injustificada las paradas o no disponga de los medios para que el usuario pueda manifestarse sobre el servicio que brinda.
El proyecto también destina un apartado al tema de la sectorización de rutas de buses como prioridad. Este es un tópico que sigue sin ver la luz tras una década de discusión nacional.
Actualmente, bajo el programa “Costa Rica se mueve” , el Gobierno pretende implementar reformas en esa línea.
Mesas de trabajo y un decreto en consulta pública son las apuestas del Ejecutivo.
Justificaciones evidentes
Si algo es seguro es que la solución al congestionamiento vial que padece el país no es solo una. Por el contrario, requiere de múltiples actores y acciones.
La sociedad civil es uno de ellos; uno que padece de la contradicción de presionar por el cambio y no entender que virar en la dirección correcta también depende de ella.
Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta de Actualidades de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), un 90% de los encuestados asegura que las presas aumentarán dentro de un año. Pero solo un 26% utiliza el autobús para desplazarse a sus centros de trabajo.
Entonces, con cada vez más vehículos en las calles, una infraestructura que no mejora y un modelo de ciudad enfermo, el caos sigue tomando la ciudad a un alto precio.
“La movilidad debe valorarse como una fuente importante de empleo. A nivel mundial se estima que cada dólar generado por el transporte público creará más tarde un valor de $4”, se lee en la justificación del proyecto.