La discusión de este año para fijar el presupuesto de las universidades estatales parece muy lejos de llegar a un acuerdo. Las casas de enseñanza abogan por acceder a los mismos ¢558.198 millones que en este 2022, ajustados con un alza por inflación; mientras que el Gobierno más bien propone a los centros de educación superior estatales una reducción de ¢128.000 millones (un 23%), a pesar de la subida en los precios.
La representación gubernamental y la cúpula académica hasta ahora solo se han reunido dos veces y el siguiente encuentro está pactado para el próximo martes 16 de agosto. Ese día, además de la reunión que se efectuará en Casa Presidencial, representaciones universitarias han llamado a manifestarse contra la propuesta del Poder Ejecutivo en las afueras de Casa Presidencial, en Zapote.
Las posiciones parecen excesivamente disímiles hasta ahora y entonces surge la interrogante: ¿qué pasa si el Gobierno y las universidades no llegan a un acuerdo para la asignación presupuestaria del Fondo Especial Educación Superior (FEES)?
La respuesta está en el artículo 85 de la Constitución Política.
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¿Qué dice la Constitución?
El artículo 85 constitucional establece que las diferencias relacionadas con el presupuesto universitario las deberá despejar el Congreso.
“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”, ordena ese numeral de la máxima norma costarricense.
Esto es así porque el presupuesto siempre tiene que ser presentado por el Poder Ejecutivo, pero su aprobación final depende del Congreso.
Los diputados pueden realizar cambios al plan de gastos para las universidades, excepto cuando haya habido acuerdo previo entre el Ejecutivo y las mismas, como ocurre usualmente.
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De hecho, en una reciente resolución sobre una acción de inconstitucionalidad, de este mes de agosto, la Sala Constitucional determinó que los diputados de 2018 quebrantaron la Constitución por realizar una rebaja de ¢10.000 millones a los centros de enseñanza, a pesar de que existía un acuerdo previo de estas con la Administración.
El artículo 85 constitucional es, además, el que señala la obligatoriedad de mantener el presupuesto de las universidades públicas y no disminuirlo. Dice que el Estado dará a las casas estas sus rentas y que no las podrá “abolir o disminuir, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. “El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”, agrega.
Ese, justamente, es un argumento que usan las universidades en la discusión actual para argumentar en contra del recorte que pretende el Gobierno.
¿Cuándo deben terminar las negociaciones?
Las negociaciones entre las universidades públicas deben terminar a más tardar este mes de agosto. Esto es así porque el Gobierno debe presentar su proyecto de presupuesto nacional a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1 .° de septiembre de cada año, también por mandato constitucional.
¿Y si la Asamblea decide mantener un recorte que plantee el Gobierno?
Las universidades siempre pueden acudir a la Sala Constitucional en caso de que consideren lastimados sus derechos constitucionales. Sin embargo, en ese caso quedarían a expensas de los tiempos tan extensos de resolución en el Poder Judicial. Por ejemplo, la antes mencionada sentencia en contra del recorte hecho por los diputados en 2018 llegó hasta casi cuatro años después: muy tarde para tener efectos prácticos en el presupuesto de 2019 (que había sido afectado).
¿Qué alega el Gobierno para pedir el recorte a pesar de todo?
La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, afirmó en conferencia de prensa que el recorte de ¢128.000 millones al presupuesto de las universidades públicas le parece razonable porque, en el actual contexto de estrechez fiscal, es más prioritario usar esos recursos en la atención de alumnos de primaria y secundaria.
“Las escuelas y colegios viven una emergencia nacional, se ha llamado un ‘apagón educativo, y el estado de las escuelas y colegios es deplorable”, afirmó este 12 de agosto.
Sobre los mandatos constitucionales de no realizar recortes sin fuentes alternativas, dijo que “la educación preescolar y básica debe ser gratuita y obligatoria, a diferencia de la educación universitaria, donde se puede cobrar matrícula, materiales y se puede vender servicios”.
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Además de Müller, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; la ministra de Planificación, Laura Fernández; y el ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Alvarado, representan al gobierno en la negociación del presupuesto universitario.
Sin embargo, los rectores de las universidades públicas consideran que “de ningún punto de vista” el planteamiento del Ejecutivo es aceptable.
“La propuesta no se apega para nada a las expectativas ni a ningún tipo de cálculo que hemos hecho nunca, así que no podemos aceptar lo propuesto”, afirmó Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y jerarca de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el 11 de agosto pasado.
Las posiciones están en puntos excesivamente lejanos y el conflicto sigue latente.