En cuestión de dos semanas los diputados lograron lo que parecía imposible: conseguir el apoyo de al menos 38 diputados para aplicar un trámite expedito al Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en plena campaña electoral.
La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, entre mayores ingresos y ahorros, podría reducir el déficit fiscal en 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB) .
La aprobación de la vía rápida no necesariamente implica un final feliz para la intentona liderada por Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A partir del próximo lunes se conformará una comisión especial que trabajará durante tres semanas y posteriormente el proyecto pasará a discusión al Plenario. El texto está sujeto a mociones que lo modifiquen.
Aunque no existe una fecha establecida, la estimación de Redondo es que el proyecto podría votarse en primer debate entre el 21 y el 28 de abril. La aprobación definitiva, en segundo debate quedaría en manos de los nuevos legisladores.
El proyecto base
El Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tiene cuatro componentes: dos dirigidos a la búsqueda de ingresos frescos para reducir el déficit fiscal en el corto plazo y dos que buscan generar una disciplina fiscal y una mayor calidad en el gasto público.
Para la búsqueda de ingresos frescos se gravarían las rentas pasivas de capital con una tarifa del 15%. También se implementaría el Impuesto de Valor Agregado (IVA), con una tasa del 13%.
Además, el texto establece un cobro a las rentas y ganancias de capital, para eso se aplicaría una tarifa unificada del 15% como regla general y en casos específicos (como mutuales o cooperativas de ahorro y crédito) se fijaría una tarifa de 8% sobre los rendimientos. Esta medida eliminaría la dispersión tarifaria que existe actualmente.
Mientras que el IVA se cobraría en la venta de bienes y en la prestación de servicios, por ejemplo los de transporte, como Uber. Además se tasarían las actividades culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas y juegos de azar.
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Estarían exentos de pagar este impuesto algunos artículos como la canasta básica, los productos veterinarios, los insumos agropecuarios, las exportaciones de bienes, las ventas de bienes y beneficiarios del Régimen de Zona Franca y los arrendamientos de inmuebles que estén destinados exclusivamente a viviendas, entre otros.
Los servicios de salud, la educación privada, la compra de boletos aéreos, las comisiones pagadas por operadoras de pensiones y las actividades que estén relacionadas con la producción de bienes agropecuarios o agroindustriales, también pagarán el IVA, pero con una tasa diferenciada del 4%.
Con la aplicación de los dos tributos se podría recaudar 1,45% del Producto Interno Bruto (PIB) – 0,5 puntos corresponden a Renta y 0,95 al IVA–, según estimaciones de Hacienda.
El proyecto propone una regla fiscal que limitaría el crecimiento del gasto corriente, de acuerdo a la relación deuda del Gobierno Central con respecto al PIB. Esta abarcaría todo el sector público no financiero, con ciertas excepciones.
La regla está diseñada para que a medida de que la relación deuda-PIB aumente, la restricción del crecimiento del gasto corriente sea mayor. El expediente 20.179 pretende reformar los artículos 176 y 184 de la Constitución Política, para buscar equilibrio económico y presupuestario.
Esta regla fiscal tiene su propio proceso en la Asamblea Legislativa y se aprobaría de manera independiente al proyecto de ley. Sin embargo, ambos son complementarios.
En el frente de la contención de gasto, el texto propone cuatro modificaciones a: dedicación exclusiva, prohibición, pasar de anualidad a evaluación periódica de desempeño y fija topes a los salarios de lujo.
¿Habrá cambios?
Algunos consideran que esta iniciativa es insuficiente para paliar la crisis fiscal que se cierne sobre el país.
Uno de ellos es Ottón Solís, quien había adelantado que presentará diferentes mociones, con las que intentaría reducir el déficit en 1,5% (cerca de ¢370.000 millones) y que sumadas a las propuestas del Gobierno (1,9%) lograría reducir el déficit primario.
Entre los cambios que pretendía impulsar Solís están elevar el IVA al 16%, poner alícuotas a los salarios elevados, impuestos a las cooperativas más grandes, limitar las anualidades a 1,94% por año, cobrar 15% de impuesto a las cesantías que pasen los ocho años, eliminar el pago de la prohibición y dedicación exclusiva, mantener las exenciones al Régimen de Zonas Francas menos la del 15% de las exportaciones de ganancias.
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Por su parte Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, asegura que su bancada solicitaría reformas de gasto, incluir otros pluses que no contempla esta reforma -como la cesantía o carrera profesional- que sí están contemplados en la propuesta de la diputada verdiblanca Sandra Piszk.
Karla Prendas, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), comentó que su bancada aún no discute cuáles mociones le presentará al proyecto.
El camino es resbalozo
El expediente legislativo 20.580 tendrá un procedimiento especial, conocido como vía rápida que se establece en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Todo el proceso se distribuye en cinco etapas: comisión especial; mociones de fondo en el Plenario; mociones de reiteración; discusión por el fondo del proyecto y votación en primer debate; y consulta constitucionalidad y segundo debate.
La iniciativa estará en una comisión especial durante tres semanas y luego pasará al Plenario, para que sea votado en primer y segundo debate.
Esta comisión especial estará conformada por tres diputados del PLN, dos del PAC, uno del Frente Amplio, uno del PUSC, uno del Movimiento Libertario y uno de las fracciones que tengan uno o dos diputados. Los diputados que la integrarán, se definirían a inicios la semana del 5 de marzo.
El trabajo en la comisión, es la primera fase, en la que se reciben las primeras mociones de fondo que proponen modificar el contenido del texto. Estas se recibirán durante las dos primeras sesiones. De igual forma la comisión podrá conocer mociones de orden (o sea de organización) y revisión de votaciones, con límite en cantidad y tiempo de uso de la palabra.
Aquí los diputados podrán hacer uso de la palabra para exponer su criterio y defender sus mociones de fondo. Para ello los proponentes y quienes están en contra contarán con cinco minutos. Una vez vistas las mociones, el proyecto se analiza por el fondo y cada diputado de la comisión podrá hablar como máximo por diez minutos.
Al vencerse el plazo de la comisión, se desechan las mociones pendientes y al día siguiente se somete a votación. Dos días después, se presentan los dictámenes ante el Plenario.
El texto se discutirá en plenario los lunes, martes y miércoles de 9:00 am a 12:30 pm. Durante las dos primeras sesiones del trámite se recibirán mociones de fondo restringidas en cantidad -es decir, solo una por diputado por artículo- y contenido -como ajustes totales al texto, a capítulos completos o artículos específicos-. No proceden las mociones que no estén relacionadas con el contenido del proyecto.
El directorio legislativo revisa las mociones y decide si las admite o no, luego las agrupa por diputado o contenido, y después las envía a la Comisión para su análisis y votación, así se inicia la segunda etapa del proceso. Los miembros de la Comisión tienen dos días hábiles para estas votaciones y para rendir el informe al Plenario Legislativo.
Una vez rendido el informe, el Plenario entra a discutir el proyecto y se abre una tercera etapa de discusión de mociones, se reiteran ante el Plenario las mociones de fondo que se rechazaron en la etapa anterior.
La moción de reiteración es una figura que se utiliza cuando las mociones han sido rechazadas y el diputado quiere presentarlas de nuevo, pero esta vez ante los 57 diputados.
Cuando finaliza el proceso de las mociones de reiteración, inicia la cuarta y última etapa, que es la discusión por el fondo del proyecto y cada diputado podrá hacer uso de la palabra durante 10 minutos, en primer y segundo debate.
La tercera (mociones de fondo) y cuarta etapas (discusión por el fondo), se deben desarrollar en seis sesiones máximo a partir del momento en que se recibe el informe de Comisión.
En caso de que venzan las sesiones, y si quedan mociones pendientes -de cualquier tipo-, la Presidencia destinará las siguientes sesiones para votarlas pero sin discusión.
Cuando finaliza este proceso, la Presidencia le otorga la palabra para la discusión por el fondo a los diputados que lo soliciten -hasta por diez minutos- en primer y segundo debate. Luego, si ningún diputado solicita el uso de la palabra, someterá a votación el proyecto.
Los diputados Ottón Solís (PAC), Mario Redondo (ADC) y Karla Prendas (PLN) consideran que después del primer debate, algunos diputados podrían hacer una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, por lo que el segundo debate estaría en manos de los nuevos legisladores que asumirán funciones el 1.° de mayo.