Por: Laura Ávila.   28 febrero, 2018

Este miércoles 28 de febrero los diputados aprobaron el procedimiento de vía rápida al trámite del Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con 39 votos.

La votación se dio luego de que los legisladores del Frente Amplio (FA) y el Movimiento Libertario (ML), le recriminaran a Gonzalo Ramírez, presidente del Congreso, por una "incomodidad con los deseos de la mayoría, algo que es un principio básico de la democracia", según comentó a EF, Ottón Solís, diputado oficialista.

Los votos a favor de la vía rápida fueron del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alianza Demócrata Cristiana, Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y el Partido Renovación Costarricense.

18/01/2018, San José, Asamblea Legislativa, sesión del plenario para votar acerca del caso del Cementazo. En la fotografía Sandra Piszk PLN y Oton Solís PAC. Fotografía José Cordero
18/01/2018, San José, Asamblea Legislativa, sesión del plenario para votar acerca del caso del Cementazo. En la fotografía Sandra Piszk PLN y Oton Solís PAC. Fotografía José Cordero

Ottón Solís, se mostró complacido con la votación del 208 bis. "Estoy muy alegre, esto es por el bien del país. Quisiera felicitar a la fracción del PUSC y del PLN, a don Mario Redondo y a Óscar López", agregó.

Tras la votación, lo que sigue es la instauración de la comisión para dictaminar el expediente 20.580 y posteriormente discutir el proyecto de ley.

Según explicó Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristia (ADC), el texto estará en comisión durante tres semanas, ahí se presentarán las mociones y posteriormente se deberá remitir el texto al Plenario.

La estimación del legislador evangélico es que el proyecto llegaría el 2 ó 3 de abril y ahí se discutirá por tres semanas más.

En cuanto al primer debate, Redondo estima que se daría entre el 21 y el 28 de abril.

El 208 bis y los vicios de constitucionalidad

El 208 bis y los intentos de reforma tributaria, tienen historia. La última vez que se le intentó dar trámite a un proyecto de este tipo -que presentó la administración Chinchilla Miranda- la Sala Constitucional determinó que había errores de procedimiento.

Consultado al respecto, Gonzalo Ramírez afirmó que el Poder Ejecutivo revisó la jurisprudencia de la Sala IV para no cometer los mismos errores.

Sin embargo, la diputada independiente Carmen Quesada aseguró que la votación tuvo un proceso "atropellado".

"Primero fue un procedimiento atropellado, después de leer moción espero leer el recibido y no fue presentado formalmente. Se termina la sesión a las 5:00 pm y a las 5:01 pm ponen que fue recibido a las 4:00 pm, lo hicieron manualmente y eso se hace mediante un sistema electrónico. Tomé un video de eso para darle seguimiento", alegó Quesada.

Al respecto Ottón Solís confía en que el proyecto esté blindado, aunque no descarta que algunos diputados podrían realizar una consulta del proyecto ante la Asamblea Legislativa.

¿Qué propone el proyecto?

El expediente que se tramita en la Asamblea Legislativa está conformado por cuatro componentes, dos orientados a aumentar los ingresos, y dos enfocados en generar disciplina fiscal y eficiencia en el gasto público.

Uno de los principales cambios que propone el proyecto de ley es la transformación del impuesto de ventas por el IVA, manteniendo la tasa en el 13%.

Otro de los cambios con el tributo al valor agregado es que ya no se gravarían solo los bienes, sino también los servicios.

De aprobarse la iniciativa, tendrían que tributar los servicios de transporte terrestre (como Uber) y los relacionados con actividades culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas y juegos de azar.

Se aplicará una tasa diferenciada del 4% para servicios de salud y educación privada, compra de boletos aéreos, comisiones pagadas por operadoras de pensiones y actividades relacionadas con la producción de bienes agropecuarios o agroindustriales.

El proyecto establece una tarifa del 15% para las rentas de capital (ganancias provenientes de un bien) y las ganancias de capital (se generan con inversiones como compra de bonos o acciones). Actualmente este tributo es del 8%.

También se propone cobrar el 8% de renta a la totalidad de los excedentes o utilidades pagados por las asociaciones solidaristas y cooperativas a sus clientes.

Sobre los salarios públicos el proyecto propone tres acciones concretas:

1- Poner topes a los salarios más altos de la administración pública.

2- Implementar un sistema de remuneración de salarios únicos para jerarcas.

3- Convertir la anualidad en un mecanismo de evaluación que se otorgue por excelencia individual

El texto tambén propone una regla fiscal para que conforme aumente la deuda pública como porcentaje del PIB, el crecimiento del gasto corriente (salarios, servicios y materiales) sea menor.

La idea es reducir las presiones del Gobierno Central para que tenga que emitir menos deuda por sus necesidades de financiamiento.

Este artículo fue modificado posterior a su publicación.