El reciente remezón en el Gabinete, antecedido por una serie de yerros en materia de comunicación, sumado a que el Gobierno todavía no presenta con detalle las propuestas puntuales que llevará a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generan una turbia antesala para buscar un rescate fiscal con ese organismo multilateral.
Costa Rica suma varias semanas de enviar malas señales a los mercados e inversionistas internacionales.
El último capítulo se vivió el miércoles 16 de diciembre con el fracaso en la Asamblea Legislativa del préstamo por $250 millones que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que no recibió el aval de los diputados.
Ese traspié provocó una caída en el precio de los bonos de deuda externa (eurobonos) de hasta 3,23 puntos porcentuales al viernes 18 de diciembre.
“Los mercados líquidos y profundos por lo general se adelantan a las calificadoras de riesgo y a otros participantes relevantes, por lo que la señal de los mercados internacionales se puede interpretar como un tropiezo en la necesaria ruta hacia una consolidación fiscal ordenada”, consideró el economista Melvin Garita, gerente general de BN Valores.
Movimientos políticos
El episodio del fallido empréstito le costó la salida a Marcelo Prieto de su cargo como ministro de la Presidencia.
En su carta de renuncia, Prieto advierte al presidente de la República, Carlos Alvarado, que le urge “redefinir su estrategia legislativa” ante el adverso clima político que se respira en Cuesta de Moras, donde los vientos electorales ya soplan.
“Como se ha hecho evidente en los últimos días, por la cuestionada actuación de algunas de las fracciones legislativas y algunos diputados de oposición con respecto al necesario crédito del BID, entramos en una nueva etapa y en nuevo clima político. Y en este momento, usted y su Gobierno requieren redefinir integralmente su estrategia legislativa”, apuntó Prieto.
La dimisión del jerarca −el tercero en esa cartera durante la actual administración− dio paso a la llegada de Geannina Dinarte, procedente del Ministerio de Trabajo y con vasta experiencia como asesora legislativa.
Sin embargo, el camino para la cuarta ministra de la Presidencia de Alvarado no se anticipa sencillo. Algunas voces en las fracciones de oposición le recriminan el mal manejo en la gestión de los bonos Proteger que fue señalado por un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Luis Fernando Chacón, jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que están preocupados porque nuevamente el Ejecutivo cambia al ministro de la Presidencia, una pieza clave en la relación y el manejo con el Congreso.
Eso sí, Chacón reconoce que Dinarte es una persona cercana y que goza de la confianza plena del presidente, por lo que espera una mejor coordinación y planificación en las acciones del Ejecutivo con el Legislativo.
Xiomara Rodríguez, jefa de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), señaló la “improvisación” del Gobierno en momentos cuando se deben enviar mejores señales a los organismos internacionales, inversionistas y mercados.
Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), espera que la llega de Dinarte imprima un rol más protagónico al cargo de ministra de la Presidencia para que se acerque a las diferentes agrupaciones políticas y pueda hablar con mayor criterio como la voz oficial del Ejecutivo.
Este último remezón en el Gabinete también trajo la renuncia de Yamilet Astorga al cargo de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en medio de cuestionamientos por cobros erróneos de recibos a más de 38.000 usuarios.
Las salidas, a las que se suma la renuncia de Patricia Mora como ministra de la condición de la mujer el pasado 7 de diciembre, obligaron a Alvarado a mover tres fichas de su equipo para llenar las plazas vacantes.
El domingo 20 de diciembre algunos medios de comunicación informaron sobre la salida de Prieto y Astorga, minutos después el Ministerio de Comunicación negó dichas dimisiones. Un día después el propio mandatario las confirmó en un acto oficial.
Estos cambios y errores en comunicación, envían malas señales a los mercados e inversionistas, pero sobre todo contribuyen con la creación de un ambiente de desconfianza. Así lo analiza Rolando Laclé, expresidente del Congreso y exministro de la Presidencia.
Un camino difícil
Con un clima de inestabilidad política aderezado por la falta de pericia del Gobierno y los diputados para ponerse de acuerdo y aprobar el crédito con el BID, uno de los seis que estaban pendientes para financiar parte de las necesidades del 2020 en mejores condiciones de tasa y plazo, ponen al país en una posición desfavorable antes de sentarse a negociar con el FMI.
Alberto Trejos, economista y exministro de Comercio Exterior, recuerda que los planteamientos del diálogo nacional son insuficientes para alcanzar un ajuste fiscal que permita al país avanzar hacia una ruta de consolidación.
“Nosotros deberíamos aspirar a estar en superávit primario de cierta importancia en 2023”, indicó Trejos.
A criterio de Laclé, el principal problema del Gobierno es no comunicar bien sus mensajes a la población y a los sectores, porque faltan menos de tres semanas para arrancar las negociaciones con el FMI y nadie conoce el detalle de las medidas que se propondrán.
Este hermetismo, quizá motivado por el rechazo generalizado a la primera propuesta con el FMI, se traduce en anticuerpos una vez que el Ejecutivo quiere sentarse a conversar y explicarle los temas a las bancadas legislativas.
“Ahí se requiere una ministra de la Presidencia cercana y de completa confianza del presidente, de manera que cuando los diputados conversen con ella, sientan que es la voz del mandatario”, destacó Laclé.
El camino que viene es complejo. El Gobierno deberá negociar con el FMI que pedirá una serie de medidas para corregir el desbalance financiero de forma estructural.
Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, es enfático en asegurar que no se trata de promesas de impuestos temporales que se ponen y se quitan a los dos años, se deben enfocar en medidas claras para aumentar los ingresos y reducir el gasto en por lo menos 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
“El Fondo no nos va a aceptar promesas, nos va a recibir acciones concretas con metas claras y compromisos serios”, advierte el economista.
En medio de un año marcado por la crisis de la pandemia, el Ministerio de Hacienda sostiene que el déficit fiscal cerrará en 9,3% del producto nacional, la cifra más alta desde 1966.
Para lograrlo, a criterio de Chaves, tendrán que sostener algunas transferencias corrientes a municipalidades, asociaciones de desarrollo e infraestructura.
Hacienda no puede repetir lo que ocurrió al final del 2019, cuando el déficit financiero cerró en 7% del PIB, una cifra mucho mayor al 6,3% proyectado. Una pésima señal que puso en entredicho el compromiso de la administración con la consolidación fiscal.