En la Sala Tercera se incrementaron los atrasos en emitir fallos y se resuelven menos sentencias por el fondo.
Lo anterior pese a que en la última década tal órgano ha aumentado el número de personal de asistencia jurídica (letrados), cuenta con magistrados mejor pagados y debe estudiar a profundidad menos casos que en años anteriores.
La Sala Tercera es la última instancia en los procesos penales.
A raíz de la creación de una segunda instancia penal y la reforma del recurso de casación, este órgano, por decisión de su presidente, Carlos Chinchilla, rechazó, en el 2013, casi el 70% (1.037) de los casos que le ingresan, por lo que no debe estudiarlos a profundidad.
Tal filtro de admisibilidad, que es inapelable, implicó una menor carga de trabajo para los magistrados de esa sala, pues el rechazo de un caso por inadmisible tiende a ser más sencillo que resolverlo por el caso, según jueces y litigantes consultados por EF.
Sin embargo su eficiencia cayó. En 1990 dictó 396 sentencias de fondo con una duración promedio de cuatro meses; mientras en el 2013 emitió apenas 267 resoluciones en un plazo de 18 meses.
La duración promedio era de 12 meses en el 2009 y 15 en el 2012, según las estadísticas oficiales del Poder Judicial.
En los recursos de revisión, la duración se mantiene prácticamente invariable en 24 meses entre 2009 y 2013, con una esporádica caída a 20 meses en el 2011.
Más recursos
Estos resultados se presentan pese a una mayor inversión en salarios y en personal de apoyo en la Sala Tercera.
En el 2008, los magistrados de esa sala concurrieron en un voto a favor de aumentarse su salario un 68%, junto al de magistrados de otras salas y otros funcionarios. Esto generó un fuerte impacto en el presupuesto del Poder Judicial y en su sistema de pensiones, el cual vive una crisis.
Además, la Sala Tercera cuenta con más personal de trabajo para la resolución de casos.
El número de letrados (asesores legales de los magistrados), en su inicio, fue de cinco (uno por magistrado); luego pasaron a ser 10 en total (dos por magistrado), y a finales de 2010 eran 15 en total (tres para cada uno), salvo la presidencia de la Sala que tenía letrados, lo que suma 17 asesores en total; ahora se reconocen 22.
“Parece inexcusable que, con más personal, y sobre todo, con un poderoso filtro de admisibilidad, inimpugnable, no se haya disminuido la mora judicial en sede casacional (la Sala Tercera)”, sostiene Mauricio Brenes, abogado litigante especializado en derecho penal.
Larga historia
Estos problemas no son nuevos. El Programa Estado de la Nación (PEN) llamó la atención sobre la ineficiencia de la Sala Tercera, en dos informes consecutivos, los del 2006 y el 2007.
Ahí se señalaba que la Sala incrementaba la duración de los asuntos y tenía una mora judicial creciente.
“El principal hallazgo en este ámbito es el deterioro del rendimiento de esa dependencia judicial. Esta conclusión se sustenta en el comportamiento de la cantidad de expedientes en trámite, la duración promedio en resolver los recursos de casación fallados por el fondo y el promedio de casos en trámite por magistrado”, sostuvo el informe en el 2006.
Pese a una reforma del 2006, la Ley de apertura de casación penal, que le asignó al Tribunal de Casación Penal la competencia de los recursos de casación por los delitos de índole sexual y los relacionados con las infracciones a la Ley de Psicotrópicos, y liberaba trabajo a los magistrados, el informe del 2007 reportaba que no había mejoría alguna ante el aumento de los expedientes en trámite y la duración promedio de los recursos de casación.
El primer Informe Estado de la Justicia, nuevo producto del PEN, publicado el mes pasado, insiste en los malos resultados en los recursos de casación resueltos por la Sala Tercera “que son menos y tardan mucho más que en el pasado”, sostiene el estudio.
La investigación enfatiza en este contraste: “en 1990 esa instancia dictó 396 sentencias de fondo, cada una en un tiempo promedio de cuatro meses; en 2013 emitió 267 resoluciones en un plazo de 18 meses”.
Contra la tendencia observada en el tiempo, en 2011 se registró el “pico máximo” de producción, con 1.013 asuntos resueltos y una duración que también mejoró, al reducirse a 11 meses en promedio”.
Tal informe ha demostrado que el Poder Judicial gasta más, produce menos y genera desconfianza entre los ciudadanos.
¿Una explicación?
En una primera explicación sobre el rendimiento de la Sala Tercera ofrecida a EF, su presidente, Carlos Chinchilla, envió una serie de datos para sostener que tal órgano “resuelve más cantidad de expedientes que los que ingresan anualmente; por ende puede notarse la baja en el circulante al cierre de cada año”.
Junto a la baja en el circulante, Chinchilla sostiene que, contrario a lo que concluye el Estado de la Justicia, la duración en resolver casos ha caído, por lo que la Sala que él encabeza ofrece un mejor servicio al usuario.
En sus cifras, la duración promedio de resolución más bien tiende a la baja y, por ejemplo, en los recursos de casación el indicador cae de 15 meses a 9 meses y una semana.
Chinchilla descartó que la complejidad de los casos que lleva afectara negativamente el rendimiento de la Sala Tercera.
Cabe advertir que el magistrado omitió explicar que el circulante bajó, en buena medida, por las diversas reformas legales que quitaron carga de trabajo a la Sala Tercera, y no hizo referencia a los aumentos salariales ni al creciente personal que apoya a los magistrados.
Además, los datos de duración de casos que ofrece el magistrado no son comparables con los del Estado de la Justicia, pues abarcan todos los casos resueltos, incluyendo aquellos que no admite para estudio la Sala (no se estudian por el fondo), que se resuelven con relativa brevedad y bajan los promedios.
Las estadísticas de duración del Estado de la Justicia, por su parte, miden exclusivamente el tiempo que toma a la Sala Tercera resolver los casos en los que sí debe estudiar el fondo del asunto, no los no admitidos.
EF repreguntó sobre esos aspectos al magistrado Chinchilla, quien posteriormente aceptó que es “cierto que la reforma procesal donde se introduce la segunda instancia y se reforma la casación ha provocado una disminución del circulante de la Sala”.
Con respecto a la contradicción entre las cifras de duración que Chinchilla expone y las del Estado de la Justicia, que muestran un incremento en la duración, aclaró que sus datos no son comparables con los de la investigación.
“Es evidente que el procedimiento seguido para determinar los tiempos de duración tanto en casación y revisión, contemplan todas las etapas propias de la tramitación de estos procesos y no únicamente los asuntos resueltos por el fondo (como los expone el Estado de la Justicia)”, respondió Chinchilla (el paréntesis no es parte de las declaraciones originales del magistrado, lo agregó EF para dar contexto).