NUEVO ESTUDIO

Poder Judicial gasta más, produce menos y genera desconfianza

Primer Informe del Estado de la Justicia se dio a conocer hoy por el Programa Estado de la Nación


  • Facebook (Compartir)
  • Tweetea!
  •  

En medio de una mezcla de reformas, en las últimas dos décadas Costa Rica ha contado con un Poder Judicial cuyo presupuesto crece de forma agresiva, pero la inyección de dinero no se refleja claramente en una mayor productividad y mejores rendimientos.

La institución cuenta con pocos indicadores para medir sus resultados, y los que tiene muestran un panorama negativo.

Además, la confianza que tienen los costarricenses en poder de la República ente se va erosionando.

Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llegó el Primer Informe del Estado de la Justicia (PEJ), publicado hoy por el Programa Estado de la Nación (PEN).

El nuevo informe da seguimiento al Poder Judicial con mayor profundidad que lo ha venido haciendo el Informe Estado de la Nación. Su financiamiento proviene de recursos del Poder Judicial y del PEN, y contempla el análisis de indicadores de entre 1900 y 2013.

Justicia más cara y menos eficiente

Entre tres olas de reforma permanente en la últimas dos décadas, el presupuesto del Poder Judicial, en términos reales, ha crecido un 436%. El presupuesto real per cápita aumentó, en el mismo plazo, un 244%. Sin embargo, junto al ritmo de aumento de ese presupuesto no ha venido aparejada una mayor eficiencia.

Cada caso cerrado en la Corte consume cada vez más dinero, lo que indica que el número de sentencias que terminan con un proceso judicial crece a menor ritmo que el dinero que invierte el país en el sistema judicial.

Por ejemplo, mientras en 1994 el costo de cada caso terminado era de ¢259.250 (colones del 2006), para el 2013 el monto era de ¢376.846. El aumento es de 45%.

La gráfica muestra un salto muy fuerte en los costos a partir del 2000.

infografia

Al sistema judicial no parecen faltarle recursos. De 1990 al 2013 el personal del Poder Judicial por 100.000 habitantes creció un 98%, y el gasto real en justicia por habitante aumentó un 243%.

Sin embargo, los pocos indicadores disponibles para medir su rendimiento caen, según el informe.

De 1990 al 2013 la entrada anual neta de casos por juez de primera y única instancia bajó un 26%; mientras los casos terminados netos por juez de primera y única instancia disminuyeron un 9%.

Las sentencias por juez de primera instancia, en ese mismo plazo, también disminuyeron, y en gran proporción: un 85%.

La gráfica muestra que, a partir del 2000, precisamente cuando los costos por caso aceleran su crecimiento drásticamente (ver el gráfico mostrado arriba), la tasa de casos judiciales netos terminados por juez de primera y única instancia tiende a encogerse fuertemente, mientras cae, coincidentemente, la entrada neta anual de casos por juez de primera y única instancia.

infografia

Confianza desgastada

En este contexto, la confianza que tienen los costarricenses en el sistema judicial costarricense decae.

Mientras en el 2004 alrededor del 60% de los costarricenses confiaba algo o mucho en él, muy cerca del nivel de confianza generada por la Iglesia católica, tal indicador se encoge a mayor ritmo que el de esa institución religiosa para el 2014, hasta el 45%, según reporta el estudio.

"Estamos ante una paradoja. El Poder Judicial es una institución en una dinámica reformista clara desde hace dos décadas, que ha venido acompañada de una gran cantidad de recursos, que no cuenta con indicadores de evaluación apropiados para saber sus posibles efectos", sostuvo Evelyn Villareal, coordinadora de investigación del PEN y editora técnica del PEJ ante El Financiero, al explicar los principales resultados del informe.

"En los indicadores que sí tiene el Poder Judicial, lo que se muestran es una tendencia a que disminuya la productividad de este. Junto a ello, la opinión que tienen los costarricenses del Judicial no mejora en estos años de reforma", agregó Villareal.

infografia

*Nota al lector: El periodista Alejandro Fernández S. participó en la investigación sobre la cual se basa el capítulo 9 del Informe Estado de la Justicia. Ninguno de los contenidos abarcados en este artículo en específico es parte del trabajo publicado por el autor en el estudio.

Sostenbilidad y financiamiento