Organizaciones ambientalistas, iglesias y organizaciones comunales de El Salvador demandaron este miércoles a la Asamblea Legislativa salvadoreña rechazar el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) por considerar que solo legalizará "privilegios" para empresas transnacionales.
La petición la formula la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, que integran organizaciones ecologistas, comunidades afectadas por proyectos mineros, iglesias evangélicas y sacerdotes católicos.
"Al estudiar este acuerdo, se darán cuenta que únicamente favorecerá los intereses de las grandes empresas transnacionales europeas, legalizando sus privilegios en los países centroamericanos y subordinando el diálogo político y la cooperación en función del mercado", destaca una nota enviada a los diputados.
Los ambientalistas aseguran que, a pesar de presentarse como un nuevo modelo de relación entre países, el acuerdo solo es otro tratado de libre comercio "subordinado a las reglas y dogmas del mercado".
El acuerdo de asociación "cambiará las tradicionales relaciones entre ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político, ya que los flujos de cooperación externa para el desarrollo se canalizarán hacia mecanismos de mercado, apoyo empresarial y fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de viabilidad a dicho acuerdo comercial", advierte la Mesa Frente a la Minería.
Al igual que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, según las organizaciones, el Acuerdo de Asociación se negoció y se firmó en "condiciones de asimetría, vulnerabilidad, exclusión y fragilidad de las economías centroamericanas".
En estas circunstancias resulta contraproducente ratificar un nuevo acuerdo de libre comercio basado en los lineamientos neoliberales, resume la nota.
El acuerdo de asociación que incluye a Guatemala, El Salvador , Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se comenzó a negociar en 2007 y fue firmado en junio pasado en Tegucigalpa.
La UE es el segundo socio comercial de Centroamérica.
El convenio ha sido ratificado ya por el Parlamento Europeo y los Congresos de Nicaragua y Honduras.