El Gobierno se plantea un inversión de $6.224 millones en 28 años para garantizar el saneamiento de aguas residuales en el país. Dos tercios de esos recursos se dirigirían exclusivamente a la expansión de los servicios que actualmente se brindan.
Así se detalla en la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales (PNSAR) y el Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento, presentados esta semana por el Ejecutivo y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El plan pretende garantizar la cobertura en áreas de alta densidad poblacional, áreas urbanas y rurales para el 2045.
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El objetivo del Gobierno representaría una inversión promedio de $214 millones anuales, equivalente a casi el triple de lo que actualmente se gasta en esta materia.
Si el AyA consigue completar su meta, el tratamiento de las aguas residuales en áreas urbanas como la Gran Área Metropolitana pasaría de impactar de un 36,2% de la población urbana al 100% de los habitantes de estas zonas. En otros términos, eso representaría el tratamiento de los 518.018 metros cúbicos que se generan por día en las áreas urbanas.
También se impactaría el tratamiento de zonas fuera del casco central metropolitano, como las áreas costeras de Quepos, Jacó y Sardinal o zonas de alta densidad poblacional como Limón Centro, San Isidro de Pérez Zeledón y Liberia; claves por su cantidad de habitantes o por el perfil turístico que representan.
Según el AyA, el establecimiento de una política a largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales del país deja trazado un camino para los próximos gobiernos que procura garantizar que las aguas residuales no afecten al medio ambiente al utilizar sistemas de tratamiento.
Algunos de los proyectos, como el Programa para el Mejoramiento Ambiental en el Área Metropolitana de San José han incluido la expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Los Tajos" que espera servir a 11 cantones en el próximo quinquenio.
Política pretende formar un Fondo Nacional de Saneamiento
Los planes del Ejecutivo para las próximas tres décadas implicarían triplicar la inversión anual que actualmente se realiza en saneamiento, en medio de un escenario fiscal crítico. Según Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, el país no puede paralizar los planes de inversión pública debido a los problemas fiscales.
"Eso es parte de la política. El problema del déficit es real, pero Costa Rica también requiere de inversión pública en ese sentido. El objetivo de la política es dar a conocer la importancia del saneamiento de aguas residuales y revelar el estancamiento que hemos tenido. El cómo vamos a resolver el problema fiscal queda, en buena medida, en manos de la Asamblea" señaló.
Sin embargo, la nueva Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales también incorpora cambios en la financiación del sector de saneamiento del país.
El nuevo plan pretende la creación de un Fondo Nacional de Saneamiento, respaldado en -al menos- un 15% por un presupuesto semilla aportado por el Gobierno Central. Otra parte del fondo será financiado con las propias tarifas de los usuarios. Por ejemplo, el AyA asegura que presentará una nueva propuesta de cobros para los usuarios en el mes de abril.
"Aunque iniciamos la planta de tratamiento (Los Tajos) en el 2015, eso aún no se está cobrando. La nueva propuesta que enviaremos a Aresep empezará a cobrar el tratamiento de esas aguas" aseguró Astorga. La Presidenta asegura que también se encuentra pendiente una propuesta que pretende garantizar subsidios que cubran el 100% del costo del servicio de alcantarillado y agua potable para las familias en extrema pobreza y el 50% para las familias en pobreza básica, según lo determine el IMAS.
Además, el texto prevé el establecimiento de alianzas público-privadas para la ejecución de obras de infraestructura y se plantea la creación de un modelo tarifario de recuperación de costos que aplique para todas las entidades que den el servicio (AyA, ESPH o municipalidades). El esquema integraría el valor del del tratamiento y de mantenimiento del alcantarillado sanitario.
Para este 2017, y según las inversiones vigentes, se calcula que los costos de expansión del alcantarillado sanitario urbano equivalen a casi $975 por habitante en Costa Rica. La inversión solo es superada por los $1.257 estimados en Panamá, donde buena parte de los recursos corresponden al Plan de Saneamiento de la Bahía. Otros países como Colombia ($843), Ecuador ($613), Perú ($558) o Bolivia ($234) muestran costos por habitantes relativamente menores.