Costa Rica enfrentará una nueva revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para determinar si accede o no a un desembolso de su programa de financiamiento con la entidad multilateral.
La revisión contemplará los registros financieros del país hasta diciembre pasado y de ella dependerá que el país reciba unos $300 millones adicionales por parte del organismo.
Las metas establecidas por el FMI constan en los documentos publicados por la propia entidad sobre el Servicio Ampliado de Financiamiento (SAF) en marcha con el país.
¿Se cumplieron adecuadamente los objetivos?, EF hizo una revisión.
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La revisión
Las metas fiscales establecidas por el FMI para diciembre de 2022 fueron las siguientes:
- Balance primario: al menos ¢287.000 millones
- Deuda pública: hasta ¢29,56 billones
Ambas cuestiones se cumplieron.
El Gobierno registró un superávit primario (relación de ingresos menos gastos sin contar intereses de la deuda) de ¢927.392 millones en 2022; es decir, más de tres veces lo solicitado por el Fondo.
Además, el acumulado de la deuda pública del Gobierno Central cerró en ¢28,2 billones: más de ¢1,3 billones por debajo de la meta establecida por el organismo internacional.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, afirmó que el cumplimiento habla de un país que se endeudó menos de lo que inicialmente se proyectaba, por una gestión más eficiente de sus cuentas de gastos e ingresos. En eso, declaró, fue clave la aplicación de la regla fiscal.
“Eso tiene transcendencia no solo porque nos endeudamos menos, sino porque son menos los intereses que tendremos que pagar ahora”, dijo el 7 de febrero pasado, en conferencia de prensa.
El acuerdo con el Fondo también incluía metas indicativas de inflación; sin embargo, estas son referenciales y no de cumplimiento siempre obligatorio.
El índice de precios al consumidor (IPC) registró un incremento interanual del 7,88% en 2022, por encima de la barrera máxima de 3% más 3 puntos porcentuales que se citaba en los documentos oficiales del acuerdo con el FMI.
A pesar de ello, las metas de inflación del acuerdo pueden ser revisadas cuando existen fenómenos externos que dificultan su cumplimiento, como ocurre en la actualidad, por la crisis mundial de los precios.
¿Y las reformas estructurales?
El programa de financiamiento con el FMI también incluye como metas la aprobación de diversas reformas estructurales. Sin embargo, solo hay una que debía de aplicarse para esta revisión.
El gobierno debía presentar ante la Asamblea Legislativa un plan de reforma a la ley orgánica del Banco Central, con el objetivo de “fortalecer la autonomía operativa y el marco de gobernanza” de la autoridad monetaria.
Al respecto, no existen reformas relacionadas en la corriente legislativa.
Otras metas como la implementación de la Ley Marco de Empleo Público (10.159), calificada como trascendental para el Fondo Monetario, están pactadas para fechas posteriores.
La reforma laboral del sector público tiene como fecha límite de implementación marzo de 2023 y otras están programadas aún mas lejos en el tiempo.
El Gobierno, por ejemplo, también se comprometió a reformar la gestión de la deuda pública, a más tardar en junio de 2023, de modo que los planes de endeudamiento se centralicen en la oficina especializada del Ministerio de Hacienda para ese fin.
Cuarto desembolso
Costa Rica ya recibió tres desembolsos del FMI por unos $810 millones del FMI, en el marco del SAF vigente, y aún falta que ingrese una cifra similar en tres tractos adicionales.
Los desembolsos del Fondo oscilan entre los $250 millones y los $300 millones cada uno, según varíe el tipo de cambio de los derechos especiales de giro (DEG).
Los DEG son una especie de moneda de uso interno que maneja el Fondo para sus transacciones, con base en el precio de las cinco monedas más valiosas del mundo. Por eso, el monto final de cada tracto puede variar.
De obtenerse una aprobación técnica, el país recibiría los recursos a mediados de marzo próximo.
Además del SAF, Costa Rica recientemente recibió la aprobación del Fondo para otro programa de financiamiento por $725 millones, el cual se sumaría al SAF.
Se trata de un programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), atado a metas de política ambiental.
Dicho crédito se desembolsaría en un lapso de dos años, entre 2023 y 2024, según sus propias revisiones periódicas de cumplimiento.