Una golpiza a dos empleadas de la cadena de tiendas SYR, en San José, quedó documentada en un vídeo publicado por medios de comunicación, este 14 de noviembre.
En el material audiovisual, ampliamente difundido, dos empleadas identificadas con blusas de la compañía agredían a otras dos compañeras de trabajo a las que el dueño de la empresa les achacaba robos e incongruencias con el flujo de caja del establecimiento.
Desde la publicación del vídeo de la paliza el caso ha dado múltiples giros. La empresa retiró los signos distintivos de varios de sus establecimientos tras recibir una avalancha de críticas, el caso es investigado judicialmente, las autoridades policiales han realizado intervenciones y averiguaciones por el caso, y las más altas autoridades del país han prometido emprender acciones y fiscalizar más a la empresa.
¿Qué ha pasado hasta ahora con el caso de las tiendas SYR y la violencia contra sus empleadas? Esto es lo que sabemos hasta el momento.
¿De qué se trataba el vídeo?
El vídeo de la agresión se difundió recién este 14 de noviembre (primero lo publicó Teletica.com y más tarde lo replicaron muchos otros medios).
En él, se podía identificar a dos trabajadoras de SYR, las cuales golpeaban con palos, aparentemente de metal, a otras dos compañeras de trabajo ante la mirada de terceros y los gritos de un hombre que las dirigía.
Según se supo más tarde, el hecho implicó una intervención en el momento en que se produjo. Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que además explicó mantiene una causa abierta por lo sucedido. La situación habría ocurrido el 14 de agosto pasado, en San José, e implicó la detención de una mujer de 25 años, a la cual se investiga por el presunto delito de privación de libertad agravada.
Supuestamente, la golpiza se habría dado luego de sospechas de robo –no comprobadas– por parte del dueño de la tienda sobre las empleadas. A una de ellas, incluso, le habrían cortado el cabello contra su voluntad.
¿Cómo reaccionó la empresa?
Las tiendas retiraron, este 17 de noviembre, los rótulos distintivos de varias de sus instalaciones en diversas partes del país.
Entrevistados por Multimedios Canal 8, representantes de la compañía reiteraron sus sospechas de robo como justificación a los hechos denunciados y también alegaron la inacción policial ante sus denuncias.
En la conversación con el periodista Gustavo Retana, que se publicó bajo identidad protegida, los encargados de la tienda reconocieron la golpiza, sin objeciones.
“Antes de pegarles siempre les dimos oportunidad de que nos dijeran la verdad para que no les pasara nada, pero nunca quisieron y por eso pasó eso”, dijo uno de ellos.
¿Qué han hecho las autoridades?
Tras la publicación del vídeo, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones y detectó irregularidades adicionales con el funcionamiento de las tiendas.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Walter Villalobos, señaló este 17 de noviembre que la empresa habría incumplido con el pago de salarios mínimos, de horas extra, períodos de descanso y contratación de menores de edad. También dijo que la empresa realizaba reclutamiento de personas extranjeras, aunque todavía se desconoce si de personas en condición migratoria regular o no.
El jerarca afirmó que la Inspección de Trabajo visitó 12 tiendas de la compañía ubicadas en San José, Guápiles, Cartago y Puntarenas, hasta el 17 de noviembre pasado (este jueves), y que “en todas” se encontró “irregularidades en el marco laboral”. “Todos los centros de trabajo estarán siendo prevenidos entre hoy y mañana”, añadió.
Un día después de las declaraciones de Villalobos, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que en las tiendas de la empresa entrevistó a 49 personas extranjeras que trabajaban en ellas (31 mujeres y 18 hombres). De ese total, 38 se encontraban en condiciones migratorias regulares, pero 11 no, por lo que fueron citados por la Policía correspondiente. Entre las personas había personas nicaragüenses, chinas, venezolanas, hondureñas y salvadoreñas.
Las denuncias contra la empresa han sido varias, según la Policía Municipal de San José. Sin embargo, no han tenido mayores implicaciones sobre el funcionamiento de los locales. Según publicó La Nación, se registran antecedentes por agresión, amenazas y contaminación sónica.
Aparte de las pesquisas judiciales en curso, la Municipalidad de San José también afirmó haber abierto un procedimiento administrativo contra la cadena de tiendas. Este podría implicar el cierre de algunos de los locales, si se comprueban faltas graves.
La propia Cámara de Comercio condenó los actos documentados y pidió su oportuna investigación. A través de un comunicado, la representación gremial afirmó que “además de ser un claro atentado contra los derechos humanos”, los actos “también atentan contra los valores y principios que promueve la Cámara de Comercio para el sector comercial”.
¿Y ahora qué sigue?
Los procedimientos de investigación contra la empresa siguen su curso en las distintas instancias judiciales y administrativas a cargo.
El OIJ confirmó, este 21 de noviembre, que detuvo al representante legal de la tienda en que habría ocurrido la golpiza.
Al hombre se le buscaba desde la semana anterior, según dijo entonces el jefe de Operaciones de la Policía Municipal de San José, Deytel Beita, a La Nación.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó este 16 de noviembre en conferencia de prensa que se trabajará para “sancionar a quienes hayan cometido faltas graves”, aunque siguiendo “los debidos procesos”.
Calificó las acciones que se reflejaron en los vídeos como “desagradables, ofensivas a la moral e inaceptables en Costa Rica y cualquier país del mundo”y añadió la importancia de profundizar las investigaciones porque, “quien viola una ley o un conjunto de leyes, y viola la dignidad humana, pudo haber violado muchas otras cosas”.
La tarde de este 18 de noviembre se llevó a cabo un operativo para “verificar los requisitos y la legalidad de funcionamiento de los locales” de SYR, en el cual participaron representantes de Migración, Policía Municipal de San José, la sección de Patentes del ayuntamiento, las autoridades de Control Fiscal y el Instituto Nacional de Seguros, entre otros. Se intervinieron 16 de las tiendas, según explicó el Ministerio de Seguridad Pública a Teletica.com.