El artículo 11 de la Constitución indica que “la Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.” Este principio aplica claramente al manejo de los fondos públicos.
En tiempos de crisis fiscal y en un país donde la verdad se manipula por falta de información objetiva (dando lugar al nacimiento de líderes mesiánicos que hacen rugir a las masas), debemos exigir la creación de órganos con poder de hacer cumplir este precepto constitucional. Esto más allá de las limitadas facultades de la Contraloría.
Tomo como ejemplo, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril de ese año, el cual entró en vigor en España este 2018, que regula de forma el régimen del control interno del sector público local. Esa norma establece que los gobiernos locales y sus órganos, estarán sujetos al control de un órgano interventor (autónomo funcionalmente y desconcentrado) el cual actuará mediante una función interventora y mediante el control financiero.
La función interventora tiene por objeto controlar los actos que impliquen la realización de gastos y pagos, mientras que el control financiero se enfoca en el control permanente y auditoría pública.
Hablamos, en pocas palabras, de auditar a los órganos que gastan los impuestos, así como el Estado audita a los contribuyentes para que paguen los mismos.
Y es aquí donde se debe ser coherente: no nos oponemos a la aprobación de la necesaria legislación tributaria que traiga más dinero al erario público. Pero vistas las noticias de los últimos días sobre la forma en que se aplican los fondos públicos, se hace urgente la creación de órganos independientes que auditen, informen y, en última instancia, hagan cumplir el precepto constitucional que permite exigir la responsabilidad personal de los funcionarios que manejan dineros públicos.