Quienquiera que llegue a la Casa Presidencial, en Zapote, tendrá que tomar decisiones sobre proyectos en curso y arrancar otros desde cero (o casi desde cero) en materia de transporte.
Entre los proyectos que quedan en marcha están los procesos de sectorización y de pago electrónico. Entre los que apenas tienen avances incipientes está la reforma de los modelos tarifarios, la transformación energética de flotillas y una oferta más adecuada de servicios en zonas rurales, en donde las rutas son poco rentables.
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El nuevo gobierno también deberá definir una ruta en relación con los proyectos de trenes eléctricos, tanto el de pasajeros para la Gran Área Metropolitana (GAM) como otros de cargas que se estudian para las costas.
Todas las decisiones que se tomen, además, tendrán un impacto directo en las posibilidades que tenga Costa Rica de descarbonizar o no su economía: una promesa presente en el debate público de hace muchos años y que sigue en el limbo, ante las altas emisiones de los modelos de movilización actuales.
EF conversó con la geóloga e ingeniera, Jessie Vega, sobre el escenario de cara al cuatrienio 2022-2026. Ella cuenta con una especialización en gestión de proyectos, y actualmente es representante de las personas usuarias en la Junta Directiva del Centro Transporte Público (CTP). También es coordinadora de Acción Climática para el Centro de Sostenibilidad Urbana.
Para Vega, el principal reto será consolidad una planificación del ecosistema de movilidad de una vez por todas. “Seguimos teniendo el desafío de pasar de un modelo de movilidad o de transporte basado en el vehículo particular a un modelo de transporte público en sus distintas modalidades (...) que combine cada una de las dimensiones de movilidad y de la movilidad sostenible, que es lo que está en boga actualmente, para una mejor calidad de vida de las personas que utilizan transporte público y una mayor coherencia con la política climática y de reducir emisiones”, aseguró.