Dilucidar la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) e incluir a las universidades y a las municipalidades en la escala de salario global, serán los retos que enfrentarán los congresistas cuando retomen la discusión del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente N° 21.336).

La reforma sufre un compás de espera producto de la falta de quórum del jueves 25 de marzo y del receso legislativo de Semana Santa. Los congresistas retomarán funciones hasta el 5 de abril para continuar con la discusión de las mociones de reiteración vía artículo 138.

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Uno de los temas claves será definir la rectoría de Mideplan. Sobre este tema existen diferentes posiciones.

Este es un problema estructural del proyecto a criterio del diputado socialcristiano Heriberto Abarca.

“Hay problemas estructurales del proyecto, hay problemas más grandes que esos (que incorporar a las universidades y a las municipalidades) que no se van a poder resolver con mociones pero la idea es que sea lo más efectivo posible. (...) Mideplan tendrá más facultades, habrá un debilitamiento del Servicio Civil y eso no será conveniente”, indicó Abarca.

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El congresista hace referencia a la moción número 80 que presentó la diputada liberacionistas Yorleny León.

Esta enmienda determina que el Sistema General de Empleo Público estará compuesto por el Mideplan, las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones públicas, la Dirección General del Servicio Civil y las normas sobre la materia.

A lo interno de la bancada verdiblanca, la más grande del Congreso, hay buen ambiente para promover la moción de León.

Otro de los retos será eliminar las enmiendas que puedan generar confusiones o zonas grises, comentó el liberacionista Carlos Ricardo Benavides y una de esta enmiendas hace referencia al papel de Mideplan.

Días atrás se aprobó un cambio para que las instituciones que se consideran autónomas tuvieran una coparticipación en la creación de la escala salarial del salario global. Esa enmienda le da una gran potestad a esas entidades y sin la participación de ellas, tanto Mideplan como Servicio Civil, no podrían tomar una decisión en la determinación de la escala salarial.

El Gobierno defendió la idea de que si las partes no llegaban a un acuerdo podrían acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, explicó Benavides

“No se hace una ley de empleo público con una rectoría para que las cosas no se definan. Si vamos hacer una rectoría es para que escuche, vea las particularidades de cada una de las instituciones, determine cuáles son esas particularidades y en justicia cómo merece un salario determinado, pero una vez que eso se analiza, el rector fija la pauta y se acabó”, expresó el legislador liberacionista.

La intención es que cuando se retome la discusión del expediente 21.336 esta enmienda no prospere.

“Hay que hacer un mayor esfuerzo para poder terminar en una semana, eso implica que suba el rendimiento en poder ver las mociones. Todos los diputados tienen derecho de defender sus mociones pero que también hay tortuguismo, hay mociones muy similares, reiterativas, hay mociones que saben que no tienen consenso, y aún así se realiza una defensa de las mociones”, dijo Erwen Masís, diputado socialcristiano.

Otro de los retos que tendrán los legisladores es sortear las prácticas dilatorias.

Hasta el 25 de marzo, último día donde se discutió la reforma al empleo público, se analizaron 144 de un total de 352, según Masís. Lo que significó un avance del 40%.

¿Qué falta para el primer debate?

El próximo lunes 5 de abril, día en que se retomarán las funciones legislativas la sesión se extenderá para compensar el tiempo perdido por la falta de quórum del jueves 25 de marzo, comentó Enrique Sánchez, jefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Posteriormente se presentará una enmienda que se ha negociado con otras fracciones para retomar la discusión de nueve de la mañana a seis de la tarde. De momento no se sabe cuántos días se llevará la discusión y para eso se deberá medir la anuencia de otras bancadas para retirar mociones que se han reiterado o de temas que ya se han solventado en el proyecto.

Esta negociación es necesaria para saber si se requieren una o dos semanas, indicó Sánchez.

Una vez que se terminen de discutir las mociones de reiteración se deberá de enviar el texto con los cambios a consulta con las instituciones. Este proceso toma 8 días y luego la iniciativa regresa a la corriente legislativa.

“Si no es necesario ningún cambio adicional entraría a primer debate, esperamos que ocurra en abril y dejarlo aprobado para que en mayo se vaya a consulta constitucional que dura un mes, para luego regresar a la Asamblea (a segundo debate)”, agregó el jefe de la bancada oficialista.

No obstante, Eduardo Cruickshank, jefe del Congreso, dijo al diario La Nación que ve difícil aprobar empleo público antes del 30 de abril. El legislador aseguró que el plan de empleo público se pone “cuesta arriba” debido a la gran cantidad de mociones de revisión.